Varapalo del juzgado a Catalá: anulado el desahucio de un restaurante de la Marina de Valencia

Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de València ante la pretensión de desalojar los restaurantes de La Marina de València ubicados junto al edificio Veles e Vents. El juzgado de instrucción número 15 ha anulado el proceso de desahucio contra el restaurante Vlue Arribar, uno de los cuatro locales cuya concesión venció en 2024. El juzgado ha desestimado la demanda de desahucio del Ayuntamiento al considerar que no aporta pruebas suficientes al proceso.

En mayo de 2025 el equipo que lidera María José Catalá, resolvió exinguir el contrato de los locales de restauración y anunció en su lugar la ampliación de una escuela de hostelería. Pocos días después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 acordó suspender la orden de cese de actividad, dictada por el concejal delegado de Grandes Proyectos, Contratación y Control Administrativo del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, estimando la petición cautelar de los restaurantes. Los demandantes alegaban que se pretendía la ejecución de un acuerdo municipal que consideraban nulo y que conllevaba un perjuicio para la entidad por la orden de cierre.

Tras la paralización en el Contencioso de la orden de cierre, el Consistorio acudió al juzgado con cuatro demandas de desahucio por extinción del contrato contra los restaurantes anexos al Veles e Vents (Destino Puerto, Vlue Arribar, Dos Lunas y El Camarote). La delegación de Marí Olano declaró extinguidos los cuatro contratos de alquiler y explotación de los locales, cuya vigencia venció el 4 de mayo. El Ejecutivo municipal llegó a enviar a la Policía Local a los restaurantes para comunicarles la decisión y para dar fe de que seguían funcionando.

La del Vlue Arribar es la primera resolución en llegar y la primera que contraviene los deseos del Ayuntamiento. El juzgado considera que el ayuntamiento no aporta pruebas suficientes en la demanda, y, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, reprocha que solo pide pruebas documentales. “Se echa de menos un arsenal probatorio más contundente para acreditar lo expresado en la demanda, tratándose de una cuestión que hubiera merecido un arsenal probatorio mayor, especialmente a la vista de las alegaciones, aunque rechazadas, que han sido planteadas en la contestación a la demanda”, dice el titular del juzgado en el escrito. El fallo absuelve a la mercantil al desestimar la demanda y también condena en costas al Ayuntamiento, con una cuantía aún por determinar.

El conflicto actual por los contratos obedece a una serie de decisiones de hace más de una década. Los restaurantes suscribieron en 2014 un contrato con el Consorcio Valencia 2007, creado para la gestión de la Marina con motivo de la Copa América. Un año antes se acuerda entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria la cesión de espacios al Consorcio para amortizar la deuda contraída para abonar los gastos de la Copa América. Los contratos tenían un plazo de 10 años; vencían en 2025, y los restaurantes solicitaron que se prorrogara hasta que se licitara un nuevo concurso, al que quieren optar.

La cuestión se complica con los propios mecanismos del Consorcio y la titularidad de los derechos. El Consorcio inició el proceso de su disolución en 2022, que aún está pendiente en un juzgado. En mayo de 2025, el Órgano Interadministrativo creado entre el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia, acordó a propuesta del Ayuntamiento de Valencia ceder todos los derechos de los locales al Puerto, que a su vez puede cederlos o arrendarlos a un tercero mediante concurrencia competitiva. Es decir, según esta consideración, el Ayuntamiento ya no es titular de los derechos de estos locales. La resolución del Concejal de Grandes Proyectos para extinguir los contratos es posterior a esta cesión, del 9 de mayo, por lo que, a ojos de los restaurantes, el Ayuntamiento no tiene legitimidad para tomar medias. En todo caso, podrían hacerlo la Autoridad Portuaria de Valencia o el Consorcio Valencia 2007.