Poner fin a la prima a la posesión del poder de 2011

Mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “en funciones” continúe haciendo nombramientos, el PP no va a mover un dedo para la renovación del mismo. La petición de todos los grupos parlamentarios que apoyaron la moción de censura que sustituyó el Gobierno presidido por Mariano Rajoy por el presidido por Pedro Sánchez caerá en oídos sordos.

No hay otra vía para la renovación del CGPJ que la de no refrendar los decretos de nombramiento que apruebe dicho órgano mientras esté en funciones. Es la única manera de privar al PP del interés por mantener la composición del actual CGPJ.

Se trata, además, de la solución más democrática. De la única solución democrática. Estar en funciones significa carecer de legitimidad democrática, ya que la legitimidad del órgano constitucional que se la transmitió ha caducado. Sin legitimidad democrática no se es propiamente poder constitucional y, en consecuencia, con legitimidad caducada el CGPJ no debería poder ejercer las funciones que tiene el órgano atribuidas, ya que dicho ejercicio presupone estar en posesión de una legitimidad democrática presente y no pretérita.

No se puede tolerar que el PP abuse de la exigencia de una mayoría cualificada para mantener una composición del CGPJ que responde a una expresión de la voluntad popular del año 2011. Después de aquellas elecciones se han celebrado cuatro y ninguna de ellas ha sido tomada en consideración para la renovación de los órganos constitucionales que exigen la mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras: magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del CGPJ o Defensor del Pueblo.

La renovación de todos los órganos es importante, pero mientras no se consiga renovar el CGPJ no se avanzará en la renovación de ningún otro. El PP, en la situación de debilidad en que se encuentra y con el horizonte judicial que tiene por delante, va a rechazar la renovación del CGPJ siempre. Y el rechazo de esta renovación le conducirá a rechazar la renovación de todos los demás. Con cualquier excusa. Sencillamente porque no está dispuesto a renunciar a la “prima a la posesión del poder de la mayoría absoluta de 2011”. Con ella se garantiza el control del órgano de gobierno del poder judicial y a través del mismo el nombramiento de los puestos decisivos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Mientras no se despoje al PP de esa “prima de 2011”, no hay nada que hacer. Si se le despoja, dejará de poder servirse para sus fines de gobierno del poder judicial del CGPJ con su actual composición. Porque lo que el PP pretende es ser él quien gobierne el poder judicial, quien siga gobernando el poder judicial, como viene haciendo desde hace tiempo. A través de un CGPJ cuya composición controla.

El Gobierno y todos los grupos parlamentarios que hicieron posible la alternativa al gobierno de Mariano Rajoy, tienen que romper esa inercia favorable al PP. Y ello exige una estrategia en dos fases:

Una primera, de la que tiene que ser protagonista el Gobierno y que debe traducirse en el no refrendo de ningún Decreto de nombramiento por parte del CGPJ “en funciones”. No van a poder controlar el nombramiento de presidentes y magistrados.

Y otra segunda, que podría instrumentarse a través de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se presentara conjuntamente por todos los grupos parlamentarios que están pidiendo la renovación del CGPJ, mediante la que habría que dar una respuesta estable a la renovación de los órganos constitucionales que exigen una mayoría cualificada.

Hay que poner fin a la posibilidad de que el mandato de los miembros del CGPJ se prorrogue. Y ello exige una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De la misma forma que debería hacerse respecto de los Magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.

Las Leyes reguladoras de estos órganos no deberían posibilitar y con ello favorecer el incumplimiento de la Constitución. Llevamos demasiado tiempo aceptando prórrogas materialmente anticonstitucionales en el mandato de los magistrados del TC, de los vocales del CGPJ o del Defensor del Pueblo. La erosión que se está produciendo en el edificio constitucional empieza a resultar insoportable.

Para todos, menos para el PP, que es el único beneficiario de todas estas prácticas anticonstitucionales. En la renovación del CGPJ está la llave para salir del pantano constitucional en que hemos caído. Y ello exige privar al PP de la prima de posesión del poder de 2011.

En todas las elecciones celebradas desde diciembre de 2015 se ha comprobado que el PP ha dejado de ser el partido capaz de articular una mayoría parlamentaria de gobierno. En cuatro ocasiones los ciudadanos españoles han dejado a la derecha española, a “las derechas españolas” habría que decir, en minoría. Y nada indica que se esté produciendo un cambio en la opinión pública. De ahí la irritación con que José María Aznar viene expresándose desde hace unas semanas.

No tiene ningún sentido permitir que el PP siga manteniendo en órganos constitucionales clave la prima a la posesión del poder de 2011. En no permitir los nombramientos por el CGPJ “en funciones” está la clave para conseguirlo.