El Senado no sirve ni como altavoz

El Senado de la Constitución de 1978 fue un invento de la Ley para la Reforma Política, última de las Leyes Fundamentales del Régimen del General Franco. Un invento posterior a la muerte del General al que se atribuía la función de ser una suerte de cerrojo que impidiera, en todo caso, que el proceso de elaboración de la Constitución que inexorablemente tendría que aprobarse, se pudiera salir de madre.

También el Congreso de los Diputados de la Constitución fue un invento de la Ley para la Reforma Política. Las Cortes de Franco hicieron un estudio detallado de lo que habían sido las elecciones generales en la Segunda República y llegaron a la conclusión de que, sin una “desviación calculada” del principio de igualdad no se podía garantizar el resultado deseable para controlar el inevitable proceso constituyente. De ahí vino el número relativamente reducido de diputados, 350, la circunscripción provincial, el mínimo de dos diputados por provincia más uno para Ceuta y otro para Melilla (52) y la distribución de los 248 restantes entre las provincias de acuerdo con su población con un sistema de “resto mayor”. Este sistema electoral se “perfeccionaría” en el Real Decreto-ley de marzo de 1977 con la fórmula D`Hondt, una fórmula de “media mayor” para la conversión de los votos válidamente emitidos en escaños. La combinación del sistema de “resto mayor” en la distribución de los escaños a las provincias y el de “media mayor” para la conversión de los votos en escaño era clave para prefigurar el bipartidismo.

El diseño que las Cortes franquistas diseñaron para el proceso constituyente era infranqueable. No había forma de que se saliera de madre. Pero, para que no cupiera duda de que sería así, se añadió el Senado provincial, con cuatro senadores por provincia y cincuenta senadores de designación real. 

La finalidad de la composición y del sistema electoral del Congreso de los Diputados era la imposición en la práctica de un sistema bipartidista, que no podía ser perfecto, por la existencia de los nacionalismos catalán y vasco, pero que tendría la consistencia suficiente como para cubrir el periodo de inicial puesta en marcha del edificio constitucional. Así fue desde las primeras elecciones constitucionales en 1979 hasta las de 2011. Continúa siéndolo parcialmente todavía hoy, como se pone de manifiesto cuando se trata de la renovación de los órganos constitucionales para los que se exige una mayoría cualificada: magistrados del Tribunal Constitucional, miembros dl Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo. La fórmula constitucional no garantiza la sustitución automática en el Gobierno de los dos grandes partidos, como ocurrió desde 1979 a 2011, aunque sí garantiza que solamente uno de los dos podrá ocupar la presidencia del Gobierno y, sobre todo, sigue excluyendo la participación de los demás partidos en la elección del TC y del CGPJ. 

El coste de esta fórmula constitucional es cada vez más alto desde las elecciones generales de 2015. Se han tenido que repetir las elecciones en dos ocasiones, 2016 y 2019, ante la imposibilidad de investir como presidente del Gobierno al candidato propuesto por el Rey, se han constituido mayorías de investidura que no eran mayorías de gobierno, como ocurrió con la de Mariano Rajoy en 2016, lo que se tradujo en el desuso de la potestad legislativa y presupuestaria de las Cortes Generales o se han constituido mayorías de investidura y de gobierno de coalición, que operaron de manera solvente en la legislatura de 2019 a 2023, una de las legislaturas más productiva desde la entrada en vigor de la Constitución, pero que no ha podido mantener esa solvencia en la legislatura que se abriría con las elecciones de 23 J de 2023, en la que ahora nos encontramos. Aunque no se puede perder de vista que, contra viento y marea, se ha conseguido aprobar una ley de amnistía, que ha sido, posiblemente, la operación culminada con éxito más difícil en la trayectoria de la democracia española. 

Qué pasará en el futuro es difícil de prever. Pero los resultados electorales desde 2015 sin excepción ponen de manifiesto que la sociedad española no es capaz con esta fórmula electoral de hacer una síntesis de sí misma para poder autogobernarse democráticamente con fiabilidad. Dada la aversión a la reforma constitucional, que es la única forma jurídicamente ordenada de renovación del principio de legitimidad, no es posible anticipar qué puede pasar.   

Cuando se inició el proceso constituyente tras el resultado electoral del 15 de junio de 1977, se daba por supuesto que las Cortes Generales de la Ley para la Reforma Política no serían las Cortes Generales de la Constitución Española. Pero lo acabarían siendo. Abriendo un abanico de 300 a 400 escaños para el Congreso de los Diputados. Y manteniendo el Senado como un Senado provincial, al que, en lugar de los cincuenta senadores de designación real, se añadiría senadores de las comunidades autónomas en un número similar a los de dicha designación real. Esto es todo lo que hicieron las Cortes Generales elegidas el 15 de junio de 1977. La Ley Para La Reforma Política tuvo más importancia en la definición de las Cortes Generales que las Cortes Constituyentes. Lo de atado y bien atado no se cumplió al cien por cien, pero sí en un porcentaje considerable. 

Me imagino que el lector se estará preguntando: pero ¿el artículo no iba sobre el Senado? ¿A qué viene esta disertación sobre el Congreso de los Diputados?

Pues a que en toda la trayectoria electoral desde 1979 hasta hoy el Senado no ha jugado papel alguno en el proceso de dirección política de la sociedad española, que ha sido una operación ejecutada prácticamente en exclusiva en el interior del Congreso de los Diputados.

El Senado es un aborto. Con su composición es imposible que pueda desarrollar ninguna función políticamente relevante. La única excepción es la del 155 de la Constitución y en dicha operación sustantivamente no hace nada. Se evacua un trámite en el Senado y nada más. 

Desde 1979 y 2023 el Senado sola ha tenido presencia en el funcionamiento del sistema político en dos ocasiones. La primera en 1996, en la que siendo presidente del Senado Alberto Ruiz Gallardón se negó a tramitar por el procedimiento de urgencia la ley del aborto que había sido aprobada por dicho procedimiento por parte del Congreso de los Diputados. Dicho acto de la Mesa del Senado sería declarado anticonstitucional en el año 2000. La segunda es la del artículo 155 de la Constitución a la que ya he hecho referencia.

El Senado no ha intervenido en la dirección política de la sociedad española entre 1979 y 2023 de manera perceptible. Es un órgano que en positivo no contribuye en nada a la dirección del país. Puede convertirse en un estorbo en determinadas circunstancias. Pero nada más.

Es lo que está ocurriendo en esta legislatura iniciada en 2023. El PP está haciendo uso de su mayoría absoluta, un indicador de que el proceso de constitución de la Cámara es absurdo, para estorbar la acción de gobierno, haciendo todo el ruido posible sobre cualquier asunto. 

El primer estorbo, de nuevo de manera constitucional, lo puso reformando su reglamento para no tramitar por el procedimiento de urgencia las proposiciones de ley, con la finalidad de retrasar la aprobación de la proposición de ley de la ley de amnistía. En lugar de veinte días, dos meses. Eso es lo único que ha conseguido.

Con la finalidad de apoyar la cruzada contra la legitimidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha intentado en varias ocasiones contribuir con la constitución de comisiones de investigación a la denuncia del Gobierno, especialmente en lo que a la corrupción se refiere. 

En la sesión de control del pasado miércoles Alberto Núñez Feijóo se apuntó como un gran tanto que el presidente del Gobierno va a tener que comparecer en el Senado en octubre para responder a las preguntas que se le formulen sobre la corrupción de su Gobierno.

La evidencia empírica de que disponemos nos indica que todos los intentos en esta dirección han acabado en un fracaso absoluto. Es lo que va a volver a ocurrir en octubre con la comparecencia de Pedro Sánchez. El Senado es un pésimo altavoz. Cuantas más expectativas se pongan en el resultado de la comparecencia mayor será la decepción.

Ánimo, Alberto.