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La consejera asturiana de Bienestar Social dimite: “Me he podido equivocar, pero no soy una corrupta”
Asturias —
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Asturias, Esther Díaz, anuncia su dimisión en la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado. Tras una extensa explicación, sobre la variada legislación nacional y autonómica sobre contratos con la administración pública e incompatibilidades, para demostrar que su participación, un 19,8 por ciento, en la empresa de su marido es legal y no incurre en incompatibilidad, dijo: “No quiero ser un obstáculo y a la vista del escarnio público, anuncio que presentaré mi renuncia inmediata al cargo”.
Demacrada y con el gesto cansado, Díaz dice adiós a su carrera política con “frustración y dolor”, pero con “la satisfacción de salir con la cabeza alta y poder mirar a los ojos a mis vecinos. He podido equivocar, pero no soy una corrupta, ni robé, ni me lucre, ni utilicé mis cargos en beneficio de empresa alguna”.
En su intervención, dijo que “el ruido, la insidia pertinaz y el contexto político actual ahogan sus razones”, a pesar de que, aquellos que aprecian su labor, le han pedido que no dimita, porque “ni he vulnerado la ley ni he intentando esquivarla”, dijo.
Desde que saltó la noticia, el Ejecutivo autonómico guardó silencio, aunque en los discursos que pronunció el presidente Javier Fernández, a lo largo de la pasada semana, sobre que “en política, no basta ser legal sino que hay que dar ejemplo”, ya marcarban el camino que iba a seguir la consejera.
Esther Díaz es el segundo cargo público del Gobierno asturiano que, en una semana, deja su puesto, aunque el primero en relevancia. El pasado jueves lo dejaba el director general de Administración Local, por una investigación judicial que le relaciona con una estancia en un balneario de cinco estrellas a cuesta de Aquagest, y ahora la consejera, por su participar en la empresa de su marido.
Díaz espera que, con su marcha, se cierre este asunto y “dejar de ser un blanco fácil que contribuye al debilitamiento del Gobierno y al reproche de su presidente. También espero dejar de ser un ariete de desgaste a mi partido (PSOE), sobre todo a los miles de militantes y simpatizantes para que puedan seguir defendiendo en cada rincón de Asturias la labor del Gobierno”.
Los grupos parlamentarios creen que “no tenía otra salida”, porque, a pesar de la vasta explicación legal de la consejera, había incurrido en una falta grave de incompatibilidad, según UPyD.
Por su parte, IU aclaró que nadie la había acusado de corrupta ni de tráfico de influencias, pero “los ciudadanos hoy, nos exigen que no haya el más mínimo indicio de tráfico de influencias en un cargo público ni conflicto de intereses entre los negocios privados y el cargo público”.
En su intervención, Foro desveló su estrategiade elevar el caso hacia la responsabilidad de Javier Fernández, porque “no debería haber sido consejera ni se entiende que siguera en su cargo”, tras airearse su participación en la empresa Davelco S.A., propiedad de su marido, y la relación de las obras públicas en las que ha participado como subcontratista.
El PP ha aprovechado el momento para pedir mayores filtros, porque “algo ha fallado”, entre ellos los servicios jurídicos del Principado que no advirtieron de una posible incompatibilidad, cuando la consejera de Bienestar Social presentó su declaración de bienes y patrimonio, en el que está recogida los beneficios y su participación en la empresa, en la que trabajó antes de iniciar su carrera política primero como alcaldesa y después como consejera.
