El Gobierno asturiano “no valora” que la consejera de Bienestar participe en la empresa de su marido

El Gobierno de Asturias no quiere “hacer valoraciones” sobre la situación de su consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que participa con un 19,8% en la empresa Davelco S.A, cuyo administrador es su marido. El portavoz del ejecutivo autonómico se remite a las explicaciones que dará, el próximo lunes, en la Junta General.

La presión de los grupos parlamentarios ha forzado a la consejera a acelerar la petición de comparecencia y adelantarla una semana. Esther Díaz dará explicaciones en la Comisión de Presidencia, competente en materia de transparencia, y no en la de Bienestar, tal como se había registrado en su primera petición.

En la nueva solicitud, que alega “en defensa de su honorabilidad personal” y para “responder a todas las cuestiones que los señores diputados consideren oportunas”, sobre la relación que mantiene con la empresa de su marido. Davelco S.A está vinculada a importantes obras públicas promovidas por el Principado, como el nuevo hospital, el soterramiento de las vías de Feve en Langreo, de la que ella fue alcaldesa, la construcción de la autovía Riaño-Sama o la ampliación del puerto de Gijón.

Hasta el lunes, el Gobierno regional “no tiene ninguna valoración que hacer”, asevera el portavoz del Ejecutivo, a la espera de las explicaciones públicas de la consejera. Ella misma hizo pública en rueda de prensa su participación en Davelco S.A. Esther Díaz defendió “la legalidad, limpieza y transparencia” de su relación accionarial y aseguró que nunca estuvo al frente de la gestión.

Izquierda Unida pidió su dimisión, “por ejemplaridad y coherencia”, tras conocer su participación y que la empresa trabajó en un proyecto de 6,5 millones de euros en un geriátrico, adjudicado por Bienestar Social, y por el que obtuvo un beneficio de 12.000 euros. Además de las obras ya citadas y que están recogidas en la declaración pública sobre su patrimonio.

La coalición de izquierdas empleó para solicitar su renuncia el proyecto de ley de incompatibilidades, aprobado por el Gobierno y en trámite parlamentario. Aunque todavía no está en vigor, la futura normativa impide a un cargo público una participación superior del 10% en empresas que contraten o subcontraten con el sector público. Para IU es “incompatible” la continuidad de Díaz al frente de la consejería con el espíritu de la ley, que está previsto se apruebe la próxima semana.

Por su parte, Foro resalta que el proceder de la consejera incumple la Ley de Contratos del Sector Público. “La empresa no puede contratar con el sector público autonómico”, dice su portavoz, ya que dicha ley establece el 10% de participación como límite.

“Las cuestiones que tiene que explicar son las relacionadas con la legalidad y el conflicto de intereses, más allá de escudarse en su ”honorabilidad personal“, que no es asunto de la Junta General”, añade.

Para el PP, “hay que aplicar las más estrictas exigencias de control” sobre la contratación pública, “porque es evidente que algo va mal”, dice la diputada Emma Ramos. Entre la batería de medidas que presentan los populares, está la difusión pública de la identidad de los subcontratistas, el importe y el porcentaje en volumen de cada contrato que ha sido subcontratado.

La empresa Davelco S.A. se constituyó en 1992. Se dedica a la venta y alquiler de maquinaria, herramienta y vehículos para la construcción y obras públicas. También realiza servicios a contratistas y subcontratas.