Nadie apoya el canon de las bibliotecas públicas

Fue aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura con agostidad y siete años de retraso, y ahora a nadie le gusta el Real Decreto que regula el canon que las bibliotecas tienen que pagar por libros físicos prestados. Ni a la entidad de gestión encargada de la distribución de los derechos de autor, CEDRO, ni a los bibliotecarios ni a las administraciones municipales y autonómicas, que tendrán que asumir este nuevo pago. El Real Decreto salió publicado en el BOE el 1 de agosto pero, entre vacaciones, reformas electorales y diadas, ha pasado casi desapercibido para la población.

La polémica despertada en el sector de las bibliotecas tampoco es nueva. En realidad, es un decreto que regula parte de la Ley del Libro de 2007 donde ya se dejaba constancia de que las administraciones –como titulares de estos centros– tendrían que pagar a las entidades de gestión de derechos 0,20 euros por cada ejemplar adquirido.

Hasta la fecha sí ha habido una recaudación, como afirman desde CEDRO: se han pagado 1.960.107 euros, principalmente por parte de la Administración central y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, es ahora cuando se ha regulado la norma y, además, se han cambiado los criterios de recaudación, ya que de los 0,20 euros se pasa a 0,16 euros por ejemplar adquirido más 0,05 euros por cada socio efectivo de la biblioteca.

En aquel 2007 ya fueron muchos los que criticaron este pago. Se creó la Plataforma No al Préstamo de Pago y a ella se sumaron numerosos escritores como José Luis Sampedro, Santiago Alba Rico, Nuria Amat, Inma Chacón, Almudena Grandes, Emilio Lledó, Marta Sanz, Maruja Torres o Paul Preston. Una larga lista con más de 120 autores que manifestaron en un comunicado que no querían “servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura, y exigimos que no se cobre canon alguno por el préstamo de nuestros libros”.

También hubo editores que se posicionaron en contra como Acuarela Libros, Akal, Trea o Traficantes de Sueños. Se quejaron los rectores de universidades a través de la CRUE, el CSIC, la Federación Española de Bibliotecarios ANABAD, e incluso hubo un manifiesto del Movimiento 15M en junio de 2011. Pero nada se movió al respecto.

Una polémica de vuelta

Hoy, con la aprobación del Real Decreto, se ha vuelto a revivir la controversia, en la que además en esta ocasión se ha quedado solo al Gobierno. Si bien no se pone en tela de juicio que los autores tengan que cobrar por su trabajo, como ha señalado el director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, José Antonio Merlo, “es inaceptable sobrecargar a las entidades que prestan servicios bibliotecarios públicos con tasas que menguarán sus presupuestos y que impedirán el cumplimiento correcto de sus actividades sociales, educativas y culturales”.

Merlo se apoya en que en los últimos años, el presupuesto de las administraciones para la adquisición de las bibliotecas públicas ha bajado considerablemente: según la Estadística de Bibliotecas del INE, en 2012 las bibliotecas públicas gastaron cerca de 41 millones de euros en nuevos fondos; cantidad alejada de los 52 millones invertidos en 2010 y de los 64 millones de 2008. “El Real Decreto aprobado ahora es injusto, inadecuado, ilícito, arbitrario, antisocial, erróneo, absurdo, desproporcionado, insidioso y pernicioso”, zanja Merlo.

Desde ANABAD, su vicepresidente, José María Nogales, también mostraba en un comunicado su desacuerdo con el canon, ya que estima que este presupuesto saldrá de partidas destinadas a la compra de libros y personal, que se verán mermadas.

Y pese a ser la entidad encargada de la gestión de esta recaudación, CEDRO tampoco ha dado su visto bueno, aunque por razones distintas. Según ha manifestado a eldiario.es, “con este Real Decreto, la cantidad que resulta de los cálculos no se ajustan a lo que establece la Directiva ni la jurisprudencia. Va a ser una cantidad simbólica, 400.000 euros a repartir entre 58 millones de préstamos, es decir, unos 50 o 60 euros”. Incluso tienen pensado recurrir el decreto. Unos piden menos o nada y para otros es necesaria una cifra más alta.

Dudas ante el nuevo canon

Los bibliotecarios insisten en que los libros adquiridos para préstamo ya se pagan a las editoriales y en este pago ya están incluidos los derechos de autor para sus titulares (editor y autor), por lo que el canon supone un repago del copyright. Para CEDRO, sin embargo, este no es un argumento concluyente: “El derecho de autor no se agota con la compra, por eso se estableció una remuneración por los préstamos”.

También la legislación española de propiedad intelectual permite que los autores decidan cómo se difunden sus obras y que puedan autorizar el préstamo público de su creación. El nuevo Real Decreto contradice a la propia LPI, ya que insiste en que no se podrá hacer uso de este derecho. “Nosotros tenemos que distribuir el dinero y luego que el autor haga lo que quiera con él”, recalcan desde CEDRO.

¿Y qué sucede si cualquier ciudadano decide donar sus libros a una biblioteca? En este caso, desde la entidad de gestión se garantiza que no se cobraría por estos libros prestados ya que no han sido adquiridos. Eso sí, a partir de enero de 2016 sí entrarían en la cuota. “Pero son cantidades nimias, ya que las donaciones son muy circunstanciales”, dicen en la sociedad de gestión.

Con respecto a las obras de dominio público, como puede ser El Quijote o La Celestina, éstas no entrarían en el canon, con excepciones: si son obras traducidas, adaptaciones u obras comentadas, sí, al haber un autor con copyright de por medio.

Manifestaciones en contra

Desde algunas tribunas políticas ya han comenzado las primeras movilizaciones contra el canon. IU de la Comunidad de Madrid ha empezado una recogida de firmas y presentará mociones en contra en todos los ayuntamientos de la región en contra de la medida. También el BNG en Galicia se ha posicionado en contra, más algunas sedes del PSOE en A Coruña, Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia. Sólo el PP se mantiene en sus trece al afirmar que va a fomentar la lectura, un argumento al que José Antonio Merlo no ve ningún sentido: “Las bibliotecas son servicios gratuitos, que no cobran por su actividad, por lo que tampoco deben pagar por la misma”.

Cronología del polémico Real Decreto

1992: La Unión Europea aprueba una Directiva por la cual conmina a todos los estados de la unión a regular los derechos de autor a través de los préstamos de libros. La Directiva sintetiza que ningún autor se podrá negar al préstamo de sus obras, en aras de la difusión cultural, y que todos los estados están obligados a la remuneración a sus autores.

1994: España adapta la Directiva Europea pero exime del pago por los préstamos de las bibliotecas.

2006: El Tribunal Superior de la UE condena a España por la transposición incorrecta de la Directiva de 1992. Es una sentencia declarativa – no una multa- que obliga a cambiar la regulación. También se actualiza esta Directiva con una nueva para adaptarla a los nuevos tiempos.

2007: España adapta la Directiva a través de la nueva Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, aprobada en junio por el ministerio de Cultura que dirige en ese momento la socialista Carmen Calvo. En ella se señala que los préstamos de las instituciones públicas y centros del sistema cultural no precisan de la autorización del titular de derechos y que se tendrá que abonar a los autores por estos préstamos. Se excluyen las bibliotecas de aquellos municipios de menos de 5000 habitantes y las de los centros educativos, sean públicos o privados. Se establece que el pago será de 0,20 euros por ejemplares comprados, no prestados. Es decir, si una biblioteca compra 200.000 ejemplares en un año tiene que pagar a la entidad de gestión, CEDRO, 40.000 euros. A partir de junio de 2007 se comienzan a abonar los pagos, pero según CEDRO, “anualmente sólo lo ha hecho la administración central y la Comunidad de Madrid”.

2008: Es el año fijado para desarrollar el Real Decreto que lleve a cabo la coordinación de los pagos, pero no se aprueba.

2014: El 1 de agosto, el Gobierno del PP aprueba finalmente el Real Decreto que desarrolla nuevos sistemas de remuneración para CEDRO. Desde agosto de este año a diciembre de 2015, el sistema consiste en que las administraciones tendrán que pagar 0,16 euros por cada ejemplar comprado al año más 0,05 euros por cada socio activo al año. Esto es: si una biblioteca compra 200.000 ejemplares pagará 32.000 euros más si, por ejemplo, tiene 1000 socios activos, 50 euros: 32.050 euros A partir de enero de 2016 el sistema cambiará: continúa el criterio de los usuarios activos más 0,004 por títulos para préstamo (no ejemplares). Es decir, si tiene 1000 usuarios, serán 50 euros, y si tiene 200.000 títulos, 800 euros: 850 euros.

Por otro lado, el criterio de remuneración para los autores se establece de la siguiente forma: la cantidad recaudada se divide entre préstamos totales (que cada administración tendrá que hacer saber a CEDRO) para saber cuánto cuesta cada préstamo y después esta cifra se multiplica por el número de títulos prestados de cada autor.