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PSPV y Compromís se marcan la financiación autonómica y la reapertura de RTVV como prioridades

También contemplan la exigencia de la deuda histórica y la puesta en marcha de medidas de igualdad y un plan de choque contra la pobreza

El próximo lunes, representantes de las tres formaciones políticas volverán a mantener un encuentro para abordar estas propuestas

Podemos avisa de que un gobierno en Comunidad Valenciana entre PSPV y C's no es cambio sino "recambio"

El socialista Ximo Puig junto a Mónica Oltra (Compromís)

El PSPV y Compromís se han marcado como "medidas prioritarias" para un gobierno de cambio poner en marcha un plan de choque contra la pobreza, reclamar al Ejecutivo central un cambio del modelo de financiación y la llamada "deuda histórica" que mantiene con la Comunitat, además de abrir una nueva Radio Televisión Valenciana (RTVV), poner en marcha medidas de igualdad entre hombres y mujeres y fomentar el valenciano, entre otras muchas medidas.

Así se desprende de los documentos sobre los ejes principales y las medidas que consideran "prioritarias" para la puesta en marcha del nuevo Consell, que PSPV, Compromís y Podemos se han reenviado este mismo viernes, como establecieron en la reunión del pasado miércoles. El próximo lunes, representantes de las tres formaciones políticas volverán a mantener un encuentro para abordar estas propuestas.

Los tres coinciden en diversas propuestas sociales, como medidas contra la pobreza de los colectivos más vulnerables, acciones contra los desahucios y garantías para asegurar el derecho a la vivienda, además de una apuesta por los servicios públicos, como la educación o la sanidad.

Regeneración democrática

También plantean medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Entre otras propuestas, figuran un plan contra la corrupción, reforzar las incompatibilidades de los cargos públicos o un código de buenas prácticas. Compromís y PSPV también proponer reformar la Ley Electoral, en el caso de la coalición para garantizar "más proporcionalidad" y en el de la formación socialista para eliminar la barrera del 5 por ciento para participar en el reparto de escaños.

El PSPV también establece tener que renunciar a cualquier obsequio o donación, salvo los de "valor estrictamente simbólico o protocolario". Del mismo modo, contempla la suspensión provisional de sus responsabilidades institucionales a los imputados por corrupción y la demanda o investigación judicial a los autores de falsas imputaciones.

Además, plantea la creación de un "escaño ciudadano" y reducir a 30.000 las firmas necesarias para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Asimismo, se compromete a reformar la Ley Electoral Valenciana.

Compromís, por su parte, propone una "ley de cierre de puertas giratorias" y reducir a un máximo de tres los asesores de cada conseller, de modo que el resto de puestos de trabajo sean ocupados por funcionarios mediante el procedimiento de libre designación.

Instituciones "transparentes, eficientes y austeras"

Asimismo, Podemos plantea medidas para la cobertura de las necesidades de los valencianos e impulsar un nuevo modelo productivo, basado en "la sociedad del conocimiento, la desprecarización o la sostenibilidad integral". Del mismo modo, apuesta por instituciones "transparentes, eficientes y austeras", y por "una ciudadanía activada políticamente e involucrada en la toma de decisiones políticas".

En materia de economía, de la propuesta del PSPV destaca, además de exigir la reforma del modelo de financiación y el reconocimiento de la deuda histórica, que no aumentará los impuestos a las rentas medias y bajas. Además, se compromete a denunciar las actuaciones que puedan ser constitutivas de delito y a realizar las acciones oportunas para "recuperar todos los recursos públicos que puedan haber sustraído ilegalmente".

Por su parte, Compromís propone convertir el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en una banca pública, modificar la normativa de horarios comerciales para garantizar la igualdad de condiciones entre grandes superficies y pequeños comercios una auditoría ciudadana de la gestión y de la deuda adquirida por la Generalitat y el conjunto del sector público.

Al respecto, la coalición plantea enviar a la Fiscalía la documentación que pueda ser considerada prueba indiciaria de delito e instarle al inicio de los procesos de reintegro por déficit contable al Tribunal de Cuentas.

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