El gran banquete

He de confesar que le estoy cogiendo tirria a la consellera Català, y eso que María José tenía todas las de ganar en la comparación con su antecesor, el inolvidable Font de Mora, cuya imagen, lejos de presidir despachos, pendía bocabajo en los tablones de los centros escolares. Y no se lo cuenten a nadie, pero mi fobia es totalmente personal. Les explico: ya son demasiadas las veces en que, una vez calentito en el horno mi artículo semanal, listo para servir, viene esta mujer con uno de sus platos hediondos y me hace cambiar el menú.

Les reconozco que también es obcecación y hasta candidez esto mío de intentar aplicar mi humilde antídoto contra las recetas envenenadas de la consellera, porque la comensal, doña Educación Pública (a la que en breve llamaremos “La Edu”, visto que tiene todas las papeletas de perder su tratamiento de señora y también su apellido) está bastante grave, pero me ilusiona pensar que aún se puede evitar que entre en fase terminal.

Si a alguien le cabían dudas de que la intención del PP de dejar en coma la educación pública no era una “conspiranoia” de rojos, la última operación de cirugía de vanguardia realizada a la enseñanza privada, las despeja todas. Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana vamos a escarbar una vez más en nuestros agujereados bolsillos para regalarle a dos empresas nuestro suelo público y pagarles las subvenciones correspondientes en forma de conciertos para los eufemísticamente llamados Centros de Iniciativa Social (CIS). Y durante toda una vida: 75 años.

A cambio, las adjudicatarias pagarán un irrisorio canon de entre 8.500 y 11.500 euros y, eso sí, pobres, costearán las obras de los centros. Pero no sufran, ya se lo cobrarán en elevadas mensualidades en infantil, matrículas, abusivas cuotas de asociaciones de padres inoperantes y verticales, extraescolares, comisiones de los suministradores de uniformes y puede que futuros módulos de formación profesional de pago.

Lógicamente el plan no se queda ahí, pues no se trata de cubrir una necesidad social perentoria en Elche y Calpe (lugares que tendrán el privilegio de acoger los primeros CIS de la Comunidad), sino que la idea es repartir entre los afines el sustancioso negocio educativo. Así que, tras estos dos pioneros, vendrán más próximamente, como ya ha anunciado la Generalitat. Además, antes de darle carta de naturaleza con la creación de la figura CIS, esta práctica ya se venía ejecutando en ayuntamientos gobernados por los populares, en los que sociedades como Siglo XXI (puntero nombre de la empresa del OPUS que regenta las escuelas Mas Camarena) han salido bastante beneficiadas por la cesión de suelo municipal.

Es lo mismo que se está haciendo con la sanidad y como se intenta hacer hace tiempo con la seguridad pública e incluso con la gestión de los barrios. Sí, ha leído bien, de los barrios. ¡Alucina, vecina! (nunca mejor dicho), pues el PP ha planteado en el Congreso de los Diputados crear el “distrito de mejora empresarial”, en el que se concede a la iniciativa privada la gestión de los barrios o distritos de las poblaciones en aspectos como limpieza y seguridad.

La política de concertar servicios esenciales con empresas tiene sentido (y siempre con reservas, garantías, eficiencia de recursos y controles) en un contexto de ausencia o grave déficit de infraestructuras públicas que no fuese posible acometer desde las administraciones. Este era en parte el caso de la educación en España hace unas décadas, al extenderse el acceso a la enseñanza en todos los niveles educativos y al calor de aumentos poblacionales, aunque, realmente, la presión del lobby eclesiástico y las concesiones a la parte derecha del espectro político siempre guiaron también la política de conciertos incluso bajo gobiernos socialistas, si bien estos compensaron con una ampliación y mejora importante de la red pública.

Hoy, sin embargo, cuando Català alude al descenso poblacional para justificar el cierre de líneas y centros mientras fomenta la creación de colegios privados, el obsceno objetivo subyacente que se destapa fácil e impúdicamente es el de derribar un modelo universal, igualitario y libre para implantar una educación con dos niveles de calidad cada vez más distantes. En un lado, está el modelo elitista, ideológicamente guiado en la mayoría de los casos y de pago, pues el mayor coste del servicio es evidente incluso bajo el paraguas de los conciertos, de forma que también aquí nos enfrentamos a un copago como en sanidad: las familias financian con sus impuestos las subvenciones públicas de las que luego no se benefician económicamente, pues se les cobran servicios como los antes mencionados que elevan bastante el coste mensual de una enseñanza, en teoría, gratuita.

Del otro lado, queda una educación pública que se pretende que sea asistencial y de mínimos para quien no pueda acceder a la de “excelencia”, bien por su economía , bien por otros factores, pues se controla el perfil de quien accede a los centros concertados mediante pruebas (como hace, por ejemplo Mas Camarena) u otros métodos favorecidos por la administración y la nueva ley, como la mayor discrecionalidad de la dirección de las escuelas para dar puntos en el proceso de admisión de alumnos o la selección a dedo de los docentes (que incluso se puede aplicar ahora con la nueva regulación legal a los centros públicos).

Ante este mal estado de cosas, cabe preguntarse a servicio de quién trabajan nuestros representantes públicos cuando desmantelan lo de todos para favorecer a unos pocos. ¿Dónde ha ido el dinero de los 32 centros del Plan Crea Escola cuyos proyectos fueron pagados por la Unión Europea y que no se han ejecutado? ¿Fueron a la Fórmula 1? ¿A visitas papales? ¿A aeropuertos fantasma? ¿A onerosas “calatravadas” defectuosas? ¿A comisiones de Gürtel? Al final lo acabaremos sabiendo, porque a la UE estas cosas no le hacen gracia y FAPA-València ya anda preguntando al Banco Europeo de Inversiones y quejándose al Síndic de Greuges. Por cierto, que este mismo Síndic es el que ha denunciado la falta de infraestructuras que (atención) la ley establece como obligatorias, en numerosos centros de la Comunidad.

A todo esto la consellera, y sus jefes de cocina política, lo llaman libertad de elección. Como siempre, estos chicos liberales entienden la libertad como mejor les conviene. Libertad para ellos no es educarse en el pensamiento crítico (fuera Educación para la Ciudadanía y fuera docentes molestos para el sistema), no es acceder a la enseñanza con calidad en infraestructuras y recursos humanos y materiales, ni con ayudas económicas que nivelen las desigualdades sociales de base. Libertad para ellos es poder servir un banquete en el que los invitados, con sotana y con chistera, despedazan y se reparten el suculento plato del negocio educativo, para que el pueblo llano vuelva al estado natural que siempre le correspondió: roer los huesos del desecho.