El Parlamento de Castilla y León inicia el año con tres comisiones de investigación por casos de presunta corrupción en la etapa de Herrera

El Parlamento de Castilla y León arranca el año con tres comisiones de investigación por presuntos casos de corrupción en la etapa en la que fue presidente Juan Vicente Herrera. La primera de ellas comenzará el próximo 8 de enero y engloba varios casos a la vez que afectan a la Consejería de Economía: se estudiará todo el procedimiento de adjudicación e implantación de los parques eólicos en Castilla y León, la adquisición de terrenos en Portillo (Valladolid) para la construcción de un polígono empresarial y la del edificio conocido como Perla Negra, y la adjudicación de la gestión de sedes de la Junta de Castilla y León en el exterior por parte de empresarios de la Comunidad. 

Perla Negra y Trama Eólica ya formaron parte de la misma comisión de investigación durante la pasada legislatura, si bien el PP, que ostentaba la mayoría en la Cámara, la mantuvo paralizada dos años porque el PSOE exigía la comparecencia del entonces presidente autonómico. La actitud del Partido Popular intentando obstaculizar el avance de la investigación fue tan obvia que los socialistas recurrieron al amparo ante Tribunal Constitucional, que instó a poner de nuevo en marcha la comisión. Pero cuando eso ocurrió, la legislatura casi había acabado, de manera que ahora tiene que empezar de nuevo.

La investigación de la Trama Eólica parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras una inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria en Castilla y León en algunas mercantiles por el pago del impuesto de sociedades destapaba la Trama Eólica. El sistema para autorizar parques implicaba a altos cargos de la Junta de Castilla y León, a las eléctricas y a una serie de empresarios locales.

Según los informes de la Agencia Tributaria y las declaraciones de testigos e imputados en la causa aún en instrucción, la Junta de Castilla y León autorizó parques eólicos a las eléctricas que se asociaban con empresarios locales. Parques  paralizados por la burocracia durante años conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. Según la investigación judicial, desde la Consejería de Economía se seleccionó y listó a empresarios de distintos sectores con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía, mediante la compra de las acciones, con el 100% de la sociedad mixta que había formado con el empresario elegido. El papel de los empresarios era figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo para poner en marcha los parques de molinos. Hasta el momento, el fiscal del caso calcula unos 80 millones de euros en mordidas (las cantidades que pagaron Endesa e Iberdrola a los empresarios por la compra de las acciones). En el parque de Portillo, que judicialmente forma del caso Perla Negra, se investiga la compra de suelo de la Junta a unos empresarios que previamente habían adquirido los terrenos.

Entre los imputados está el que fue viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, que es también uno de los principales imputados del caso Perla Negra. En esta causa, lo que se investiga es el sobrecoste millonario del edificio de Economía, el amaño de su concurso y los beneficiarios de la operación, un grupo de empresarios que a su vez están investigados en la Trama Eólica. Judicialmente, la instrucción ha concluido, pero quedan demasiadas preguntas sin contestar.

Las sedes en el exterior desveladas por eldiario.es

En la misma comisión se investigarán las sedes que la Junta de Castilla y León implantó en el exterior, en lugares como Santiago de Chile, Bélgica, Miami, Bruselas o Panamá. Sobre estas últimas, eldiario.es publicó una extensa investigación que reveló cómo estas sedes, algunas de ellas secretas, fueron puestas en manos de empresarios de la Comunidad a cambio de importantes partidas económicas. La Junta no solo ocultó la existencia de algunas sino que aún no ha explicado por qué decidió pagar importantes cantidades a empresarios para que las administrasen y actuasen como “consultores”. 

Panamá fue uno de los países elegidos para montar una oficina económica. Durante dos años, la Junta no quiso dar datos a eldiario.es, ni para desmentir ni para confirmar la existencia de esa sede. Pero la tuvo, tal y como acabó demostrando este medio: el gobierno de Castilla y León abrió su oficina en en la sede panameña de la constructora burgalesa Arranz Acinas. En este mismo país y en la misma etapa, el hermano del entonces presidente Juan Vicente Herrera, había montado una sociedad también panameña con el hijo del dueño de la constructora, Jesús Arranz Monje, ahora imputado en la operación Lezo. Arranz Acinas recibió 476.000 euros en cuatro años por gestionar esta oficina.

De 1.500 euros mensuales a 250.000 anuales

Eldiario.es también informó de la existencia de otra sede en Miami, pagada por la Junta a través de una subvención a la Cámara de Comercio de Valladolid que contrató a un amigo del expresidente José María Aznar, y al que pagó casi 800.000 euros en cuatro años.

Hubo otra sede más, en Chile y gestionada por una empresa de la que era consejero el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid y presidente de Grupo Norte, José Rolando Álvarez. Al igual que con las anteriores, su existencia no se hizo pública. La Junta pagaba por esa gestión 250.000 euros anuales. Antes de eso, tuvo a un becario en la sede de la Cámara de España en ese país, y el gasto que afrontaba era de 1.500 euros mensuales. El cambio se produjo cuando un alto cargo de la Junta, Alberto Esgueva, imputado en la Trama Eólica, pasó del Gobierno autonómico a la actividad privada pero también recaló en la Cámara de Comercio de Valladolid como presidente de la Comisión de Comercio Exterior. Las sedes secretas de Panamá, Miami y Chile, se crearon mientras Esgueva era responsable de Comercio Exterior en la Junta o poco después de dejar de serlo.

Una sociedad belga propiedad de los constructores del Perla Negra, limusinas y comidas de 4.000 euros

Otra sede polémica, esta sí, de dominio público, es la que se abrió en Bruselas, con una tímida inversión en sus dos primeros años y con lujos inusitados en una administración pública poco después. La Junta alquiló un palacete para sus oficinas. Era propiedad de la sociedad belga Co-Louis, adquirida por los constructora del Perla Negra. Este dato no se conoció en 2006, que es cuando se fraguó el alquiler, sino cuando se estaba investigando judicialmente el sobrecoste del edificio de Economía. El rastreo de las cuentas de los constructores mostraron las transacciones en Bélgica. El asunto formó parte del caso, pero el juez acabó sacándolo de la causa. Según él no hubo tiempo de seguir investigando, a pesar de que la sospechosa operación se conoció en 2017.

Este diario publicó además los gastos que se cargaron a la sede y que ascendían a más de 200.000 euros al año. Además de pagar más de 12.000 euros mensuales por el alquiler del palacete, cada visita de un alto cargo de la Junta, suponía el alquiler de una limusina con chófer, compras de botellas de vino, cenas, comidas y copas a cargo del erario público.

En la misma mañana del 8 enero se constituirá otra comisión de investigación sobre las ayudas recibidas por Castilla y León “en el marco de los planes estratégicos del carbón formalizados dentro de la línea de ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, en concreto sobre el destino de estos fondos”. Al día siguiente se constituirá la tercera comisión, esta destinada a investigar la financiación y los planes de medios de la Junta de Castilla y León, muy cuestionados por Ciudadanos, ahora socio de gobierno del PP.

En principio, todas las comisiones son secretas, sin embargo, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, indicaron a eldiario.es que los grupos pueden acordar que sean públicas y que esa es la intención del PSOE.