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CASTILLA Y LEÓN

Adiós al Toro de la Vega: el Tribunal Supremo no admite el último recurso del Ayuntamiento de Tordesillas

El Alto Tribunal dice en una providencia que no hay interés casacional y condena en costas al Consistorio

Adquiere firmeza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la legalidad del decreto de la Junta de Castilla y León que prohíbe el alanceamiento y muerte en público del astado

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El toro Pelado, exhausto y asustado durante el encierro en Tordesillas. Foto: Ruth Toledano

Ya no hay más recursos legales para que el Torneo del Toro de la Vega se celebre con el alanceamiento y muerte del astado en público. El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dio la razón a la Junta en su decisión de no autorizar el tradicional y polémico festejo taurino.

La providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, de 13 de diciembre de 2018, establece que no hay interés casacional en el recurso del Consistorio, puesto que ya en la sentencia recurrida queda “suficientemente esclarecida” la improcedencia de la cuestión de inconstitucionalidad y que además el acto recurrido no proviene del Consejo de Gobierno de Castilla y León, sino de una Delegación Territorial de la Junta. El Supremo impone las costas al Ayuntamiento.

Con esta resolución se hace firme la sentencia dictada en abril de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En ese fallo, el tribunal no estimó la apelación del Ayuntamiento de Tordesillas contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid, de 4 de octubre de 2017. A su vez, esta sentencia se pronunciaba en contra de un recurso contra el Decreto de la Junta de Castilla y León de 2016 que prohibía la celebración del polémico torneo con la muerte del toro.

El Ayuntamiento puso en marcha todos los recursos legales a su costa. Llegó a recurrir, sin éxito, al Tribunal Constitucional en 2016, argumentando que el decreto de la Junta de Castilla y León estaba vulnerando competencias locales. 

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