La Fiscalía considera que los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad en Meseta Ski no han prescrito

La Fiscalía de Valladolid considera que los indicios de delito de malversación, prevaricación y falsedad cometidos presuntamente durante la tramitación del proyecto Meseta Ski no han prescrito, dado que el daño producido estimado es mayor a 50.000 euros y las prescripciones son de 15 años, siendo las sanciones para estos delitos la posible inhabilitación por periodos entre 10 y 20 años. El proyecto se inició en 2006.

Los grupos del PSOE y Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid han recibido la notificación del Decreto de la Fiscalía vallisoletana donde ésta asume las denuncias que ambos formularon, junto con el Grupo Sí Se Puede, tras la elaboración de las conclusiones de la Comisión de Investigación que se habilitó para tal fin en la Diputación Provincial respecto a este proyecto de construcción de una pista de esquí seco. Un proyecto que iba a costar 4 millones de euros, pagó 12, había comprometido 20 y hoy por hoy, la pista no existe: la Justicia lo declaró ilegal por construirse en un monte quemado.

Ambos grupos, sitúan al que fuera presidente de la Diputación y delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y al entonces presidente de la Sociedad Provincial De Desarrollo De Valladolid (Sodeva), Alfonso Centeno, responsables de los presuntos delitos que la Fiscalía ha encargado investigar relacionados con la tramitación y ejecución del proyecto.

La remisión a un juzgado por la Fiscalía se produce después de un año desde que los grupos presentaran ante la Fiscalía la documentación recopilada en el seno de la Comisión de Investigación sobre la gestión del proyecto Meseta Ski, con el fin de que fuese la vía judicial la que aclarase la existencia o no de posibles delitos. Una denuncia que, tal y como publicó eldiario.es, se suma a la del exdiputado provincial y exvicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente, quien también se dirigió a la Fiscalía en agosto de 2018, con motivo de esa primera denuncia de la oposición, a través de un contundente escrito.

PSOE y Toma la Palabra, apuntan que la Fiscalía asume sus razonamientos, es decir: la ocultación del volumen de las obras pretendidas para eludir los controles que exigía la ley de contratos, lo que afectó también a la licencia que se solicitó y se obtuvo para una obra mucho menor y diferente de la que finalmente se hizo al ser declarado ilegal por construirse sobre un monte quemado.

La obra se intentó legalizar con la tramitación en las Cortes de la correspondiente ley para su consideración como Proyecto de Interés Regional, norma que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Este hecho, sumado al de la demolición de las obras, lo que conllevó la pérdida de la inversión realizada, podrían ser las causas de la presunta malversación de fondos públicos.

Socialistas y procuradores de VTLP mantienen que se realizaron obras, aunque no se sabe con certeza quién las mando ejecutar (según las investigaciones realizas por la Comisión hay indicios de que pudo ser el presidente de la Sociedad, Alfonso Centeno), y que la obra se licitó con unas bases de contratación aunque el contrato firmado fue diferente y beneficiaba muy favorablemente al contratista, lo que se realizó sin pasar por el Consejo de Administración de Sodeva, donde están representados los grupos de la oposición.