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La Diputación de Valladolid pagó 6 millones por la obra de una pista de "esquí seco" paralizada por un juzgado

El proyecto fallido de la pista de esquí seco 'Meseta Ski' costó 12 millones de euros pese a que se adjudicó a Isolux por poco más de cuatro

Los trabajos se paralizaron por orden judicial pero aún así el presupuesto pasó de 4 millones a 10 y se dieron por ejecutadas

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El ex vicepresidente de la Diputación de Valladolid y actual procurador del PP, Alfonso Centeno.

El ex vicepresidente de la Diputación de Valladolid Alfonso Centeno. EFE

Mientras las obras de la fallida pista de esquí seco 'Meseta Ski' estaban paralizadas por orden judicial, la factura se multiplicó misteriosamente y la Diputación de Valladolid pagó 6 millones más por trabajos que difícilmente pudieron realizarse, según revela la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El caso de 'Meseta Ski' es objeto de una comisión de investigación que acaba de arrancar en la institución provincial, después de que el vicepresidente Alfonso Centeno fuese citado a declarar en calidad de imputado por un informe de la Guardia Civil en el que se reflejaba que en agosto de 2007 se fue de vacaciones a Japón con un directivo de la constructora adjudicataria de la pista, Isolux, y que el viaje fue sufragado por esta empresa.

Centeno, que en la actualidad es procurador en las Cortes de Castilla y León, era entonces el vicepresidente de la Diputación y también presidía Sodeva (Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid), que se encargaba de llevar a cabo proyectos de construcción como el de la pista de esquí seco.

La infraestructura se asentaba en un monte quemado en 1999, motivo por el que Ecologistas en Acción, tras alertar de la ilegalidad que se estaba produciendo, llevó el caso a los tribunales. Pero mientras esto sucedía, Meseta Ski avanzaba.

La adjudicación recayó en Isolux Corsán por 4.060.207 euros, según el contrato de obra que se firmó el 13 de julio de 2006. Un año y un mes después, Alfonso Centeno viajó a Japón con uno de sus directivos. A su vuelta, el arquitecto contratado para el proyecto presentó un documento de incremento de obra "a solicitud de Sodeva", que consideraba que había que mejorar las "condiciones de funcionamiento, capacidad de utilización e integración medioambiental" para aumentar la viabilidad de su futura explotación.

El documento, que forma parte del expediente, no pasó por registro, como suele ser habitual. Las distintas modificaciones sumaban 2.853.750,21 euros, un presupuesto de ejecución material al que había que añadir un 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial, un 1,5% de control de calidad y un 16% de IVA, lo que elevaba el total hasta los 3.988.972,04 euros.

El 28 de septiembre la certificación de obras realizadas indicaba que ese mes se habían ejecutado trabajos por valor de 1,5 millones y, en etapas anteriores, por 2,5 millones, lo que implicaba que faltaban por realizarse obras de poco más de 4.000 euros, según la licitación. 

Obras de seis millones en un mes

Un día antes de esta certificación, el Ayuntamiento de Tordesillas se dirigía a Sodeva para comunicarle que un auto del 19 de septiembre había adoptado la medida cautelar de suspensión del proyecto que incumplía la Ley de Montes, por lo que instaba a la paralización de las obras. Así, los aumentos presupuestarios solicitados quedaban en el aire. El proyecto no pudo retomarse hasta agosto de 2010, momento en que las Cortes de Castilla y León crearon una ley ad hoc para desbloquearlo.

A pesar de que tan sólo había pasado un mes desde la solicitud de incremento de obra por valor de 4 millones, la certificación de la obra realizada hasta ese momento  y  la paralización de las mismas, la Diputación certifica en abril de 2008 (con las obras paralizadas desde septiembre de 2007), trabajos de 700.000 euros.

Por otra parte, el documento al que ha tenido acceso este diario refleja un cambio en el 'presupuesto total vigente', que pasó de 4.060.207 euros a 10.352.713,42, mientras que el importe de obras ejecutadas hasta la fecha era de 9,6 millones. Cómo pudieron realizarse mientras estaban paralizadas es un misterio, pero lo cierto es que se pagaron y que la factura alcanzó los 12 millones. Diez años más tarde, Tordesillas no tiene pista de esquí y Centeno, procurador en las cortes y alcalde de Olmedo, no ha abandonado la política por el que fue el mayor fiasco de la Diputación de Valladolid. La institución provincial ha declinado pronunciarse sobre el caso debido a la comisión de investigación de carácter secreto que se está llevando a cabo.

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