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CASTILLA Y LEÓN

Las constructoras reclaman 1,2 millones de euros por la paralización de las obras de Gamonal

El Ayuntamiento de Burgos se vio obligado a paralizar las obras ante el rechazo de los vecinos del barrio de Gamonal

El perito de la UTE que iba a llevar a cabo de las obras reclama al Ayuntamiento 1,2 millones de euros en concepto de indemnización

El consistorio estipula la indemnización en 277.793 euros, mientras que el perito del juzgado que estudia la causa apunta a 700.000

Disturbios en el barrio de Gamonal en el año 2014

Disturbios en el barrio de Gamonal en el año 2014

La paralización de las obras del barrio burgalés de Gamonal en 2014 podrían llegar a costar  1,2 millones de euros al Ayuntamiento de Burgos. Cinco años y medio después de uno de los conflictos más graves en la historia reciente de la ciudad, que se produjo cuando los vecinos del barrio se levantaron contra el ayuntamiento por la construcción de un bulevar, aún colean las indemnizaciones que el Ayuntamiento debe pagar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) ‘Bulevar calle Vitoria’  formada por Copsa y Aroasa.

El Ayuntamiento de Burgos se vio obligado a paralizar las obras ante el rechazo social que suscitaron y ahora, según lo estipulado en el contrato, tendrá que indemnizar a las empresas. Este miércoles tuvo lugar una vista previa en la que los dos informes periciales han puesto de manifiesto las diferencias entre lo que reclaman las empresas y lo que está dispuesto a pagar el Ayuntamiento de Burgos como indemnización por la paralización de las obras.

El consistorio estipula la indemnización en 277.793 euros, mientras que las pruebas periciales solicitadas por el Contencioso-Administrativo apuntan a 700.000 euros; el perito de la UTE reclama 1,2 millones de euros. Será la jueza del Juzgado Contencioso Administrativo quien tenga la última palabra.

Discrepancias

Las diferencias se basan en los cálculos que las partes hacen de los costes generales y los de paralización, así como de la parte que sí se ejecutó de la obra que contemplaba, además del aparcamiento y la urbanización de la calle Vitoria, la adecuación de la calle Doña Constanza y la construcción de la glorieta en la confluencia con Juan Ramón Jiménez. También incluye el beneficio industrial por la explotación de las plazas de aparcamiento bajo la arteria principal de Gamonal.

Los informes periciales discrepan en el inicio de las obras, en la consideración de las horas no trabajadas por los operarios pero sí contabilizadas, en la paralización de la maquinaria, en el acopio de materiales y en el lucro cesante, por el perjuicio que supuso para la UTE la imposibilidad de explotar las plazas de aparcamiento.

Más allá de la cantidad que reconoce el Ayuntamiento de Burgos, la diferencia está tasada en medio millón de euros y que la jueza del Tribunal deberá estudiar para emitir una sentencia final. La Junta de Gobierno municipal ratificaba un expediente en mayo de 2016 por el que reconocía que estaba dispuesto a pagar 277.793 euros por el lucro cesante, tomando como referencia la Ley de Contratos que lo fija en un 6% del presupuesto, descontado lo que sí se realizó la UTE en Doña Constanza y en la rotonda de Juan Ramón Jiménez.

El bulevar de la calle Vitoria planteaba una actuación urbanística en el tramo de la calle Vitoria desde el cruce de la calle Santiago hasta el inicio del polígono industrial de Gamonal. Estaba previsto un aparcamiento subterráneo de 256 plazas, la rotonda en Juan Ramón Jiménez, la reforma de la calle Doña Constanza y la sustitución del colector de aguas residuales.

Las protestas de 2014

Los hechos se remontan al mes de enero del año 2014 cuando la UTE procedió a excavar en Gamonal con la intención de construir un aparcamiento subterráneo y realizar, posteriormente, las obras de urbanización. Una actuación en la que estaban trabajando 41 personas de las que 21 eran operarios de Copsa, 18 de Aroasa y dos contratados por la propia UTE.

Los vecinos de este barrio forzaron la paralización de una obra que, entendían, era innecesaria por el alto coste de las plazas de aparcamiento y por la ausencia de diálogo del entonces alcalde, Javier Lacalle, con el colectivo vecinal. Después de una semana de protestas, que se saldaron con seis detenidos, Lacalle paralizó una obra en la que estaba implicada el estudio de ingeniería de la familia del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. 

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