El Consejo de Europa pide “el pleno cumplimiento” de los derechos humanos en la frontera de Melilla y Marruecos. Y alerta de carencias en derechos civiles por las leyes mordaza y la dificultad en el acceso a una vivienda digna, entre otros asuntos.
“España ha realizado importantes esfuerzos para avanzar en la protección de los derechos sociales en los últimos años”, ha dicho este martes la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, tras una visita a España del 21 de al 25 de noviembre: “Las reformas legislativas pendientes en el Parlamento brindan la oportunidad de alinear la legislación española con los estándares internacionales y europeos de derechos humanos, también en el campo de las libertades de expresión y reunión, y deben adoptarse sin demora. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar el acceso a los derechos de los más vulnerables y proteger los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes”.
Si bien la comisaria reconoce la ratificación de la Carta Social Europea Revisada y su mecanismo de quejas colectivas en 2021, destaca que para abordar las desigualdades en el acceso a los derechos sociales en toda España, las autoridades deben “asignar recursos de manera transparente y sostenible y adoptar estándares comunes para garantizar, en estrecha cooperación con todas las autoridades competentes a nivel central y local, para que se satisfagan las necesidades específicas de los más vulnerables”.
“La participación ciudadana en la toma de decisiones es crucial para diseñar políticas sociales acordes a las necesidades de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser consultadas e involucradas de manera proactiva en todas las etapas”, ha dicho la comisaria.
“Acceso a la vivienda adecuada”
“La vivienda no debe ser percibida como un bien que solo está disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos”, ha subrayado Mijatović.
Los problemas históricos, como el muy bajo stock de viviendas sociales debido a años de escasa inversión pública, los altos costos de alquilar o comprar una casa, los desalojos forzosos y los crecientes niveles de personas sin hogar deben abordarse con urgencia: “La suspensión temporal de los desalojos para familias vulnerables lanzada en respuesta al COVID-19 debe extenderse y dirigirse a los más desfavorecidos, hasta que se encuentre una solución más integral y estable de vivienda alternativa para todos los necesitados”.
“Es importante que el proyecto de ley de vivienda, actualmente en el Parlamento y que aborda algunas de estas preocupaciones, se apruebe lo antes posible”, dice el Consejo de Europa: “Se debe hacer más para fortalecer el acceso universal a una sanidad pública de calidad para todos en toda España. La comisaria señala que las diferencias regionales son especialmente notables en la prestación de atención primaria y atención especializada, debido, entre otros, al predominio de clínicas privadas en algunas regiones”.
“Personal sanitario agotado y desbordado”
“Se asigna una inversión insuficiente a la atención primaria de salud. En muchos lugares, el personal de salud está agotado y desbordado. Las condiciones de empleo también son motivo de preocupación, ya que el sector de la salud se basa principalmente en contratos a corto plazo”, enfatiza la comisaria.
La elevada mortalidad en las residencias durante la crisis de la COVID-19 en algunas Comunidades Autónomas queda por investigar y abordar de forma efectiva con la estrecha implicación de los familiares de las víctimas. La comisaria acoge con satisfacción la iniciativa de las autoridades de reformar el sistema de atención a las personas mayores: “Esto debe basarse en una prestación integrada de atención social y sanitaria, que debe garantizar el pleno respeto de la dignidad, la autonomía y la independencia de las personas mayores”.
“España está tomando medidas importantes para defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Debe garantizar que las desigualdades en el acceso entre regiones no socaven dicho desarrollo”, defiende la comisaria.
El Consejo de Europa saluda el proyecto de ley que facilita el acceso a la atención del aborto, entre otros, para mujeres a partir de los 16 años: “El proyecto de ley también fortalecería la educación sexual integral en las escuelas, ampliaría el acceso a la anticoncepción moderna y regularía las diferentes formas de violencia obstétrica en el parto, poniendo en el centro el derecho de las mujeres al consentimiento informado”.
“La comisaria ha conocido con preocupación que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 sigue teniendo un grave impacto negativo en el disfrute de las libertades de expresión y reunión, en particular para los defensores de los derechos humanos y los periodistas, creando un efecto general paralizante en la sociedad”, afirma el organismo internacional.
La redacción amplia e imprecisa de la Ley otorga un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas policiales para interpretarla e imponer sanciones, lo que permite su aplicación desproporcionada y arbitraria.
“No hay seguridad real sin derechos humanos. La mejor manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos es proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas sus libertades de expresión y reunión”, subraya la comisaria, quien añade que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 debe utilizarse como un oportunidad para adecuarlo plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos.
Además, la comisaria sigue preocupada por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso inapropiado de armas antidisturbios y la falta de números de identificación claros y visibles, especialmente durante las manifestaciones.
Todas las denuncias de abuso policial deben ser investigadas y accesibles a la revisión judicial. Además, debe fortalecerse el marco general de rendición de cuentas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y garantizarse una supervisión adecuada del uso de los poderes coercitivos y la imposición de sanciones.
En cuanto a los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, la comisaria acoge con satisfacción las medidas adoptadas para la protección y acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania.
También se han tomado medidas para mejorar las condiciones de acogida en las Islas Canarias y se han asignado más fondos para proporcionar una protección y acogida adecuadas a los niños migrantes no acompañados.
Sin embargo, el acceso a los derechos y la protección varía significativamente en todo el país y sigue siendo un gran desafío para muchos refugiados y solicitantes de asilo. Los problemas incluyen largos períodos de espera para acceder al procedimiento de asilo, demoras en la identificación de vulnerabilidades especiales y obstáculos para acceder a los derechos sociales, incluidos la vivienda y la salud.
En relación con el resultado de sus conversaciones en Madrid y Melilla, la comisaria concluye que no existe un acceso real y efectivo al asilo en la frontera entre Nador, en Marruecos, y Melilla. “En la práctica, parece que no hay otra forma de entrar en Melilla y buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la vida. Esta situación debe ser atendida de manera integral para garantizar que las personas en necesidad de protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras”.
Además, “para garantizar un enfoque compatible con los derechos humanos, es esencial la cooperación con ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil relevantes que trabajan en la protección de los refugiados y solicitantes de asilo”, dice el Consejo de Europa.
En cuanto a los trágicos hechos en el contexto del intento de cruce de la valla entre Nador y Melilla el 24 de junio de 2022, en el que murieron al menos 23 personas y numerosas resultaron heridas, la comisaria “acogió con satisfacción la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo español, destacando la importancia de la plena y efectiva rendición de cuentas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos que resultarían de estas investigaciones”.
La comisaria también ha expresado su preocupación por las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo español, que constata que en esa fecha 470 personas fueron devueltas a Marruecos sin que se observara ningún procedimiento legal.
“Si bien todos los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y cooperar con otros Estados para hacerlo, esto debe hacerse en pleno cumplimiento de todas las normas internacionales de derechos humanos aplicables”, ha dicho la comisaria.
España, al igual que otros Estados miembros del Consejo de Europa, no debe contribuir directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos a través de medidas adoptadas para implementar su cooperación migratoria con terceros países.
La situación en las fronteras entre Marruecos y España demuestra una vez más la urgente necesidad de mejorar las medidas de responsabilidad compartida y solidaridad entre los estados miembros del Consejo de Europa.