Madrid, 18 dic (EFE).- El Gobierno ha asegurado que recurrió ante la Justicia la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de cerrar definitivamente el centro de refugiados que gestiona en este municipio hace un mes, el pasado 17 de noviembre.
Así lo han señalado a EFE fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones después de que la alcaldesa de la localidad, Paloma Tejero, haya negado que el Ejecutivo tomara este tipo de medidas ante su decisión de poner fin a la acogida de personas beneficiarias de protección internacional.
En la misiva, la regidora explica que el plazo venció el 17 de noviembre y al Consistorio no ha llegado “absolutamente nada” después de más de un mes, lo cual “sería insólito en caso de que efectivamente se hubiera presentado dicho recurso”.
De hecho, Tejero insiste en dicho escrito en que el Ministerio debe “desalojar este centro ilegal de inmigrantes en menos de un mes”, el próximo 17 de enero, y devolver las instalaciones al único uso para el que sí tienen licencia, que es hospedar a un máximo de 150 funcionarios.
Sin embargo, las fuentes del Gobierno han precisado este jueves que la Abogacía del Estado formalizó el recurso contencioso-administrativo con la petición de medidas cautelares el 17 de noviembre a las 13.49 ante el Decanato -Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.
En la actualidad, esta Secretaría está a la espera de recibir una resolución judicial al respecto.
La Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, gobernada por el PP, ordenó cerrar este recurso el pasado 31 de julio alegando que el Ejecutivo no disponía de licencia para su actividad después de que trascendiese que el Gobierno barajaba trasladar a las instalaciones a alrededor de 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias.
La Secretaría de Estado de Migraciones presentó entonces alegaciones y un recurso de reposición pero el 15 de septiembre el Ayuntamiento declaró su cierre definitivo, por lo que el Ejecutivo ha acudido a la vía judicial para evitar este final.
Este centro es un edificio cedido por Seguridad Social, del mismo Ministerio, a Migraciones en 2022 para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania.
Desde Migraciones defienden que es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional o temporal y que, hasta hace unos meses, no se había producido ningún problema con el Ayuntamiento.
El recurso cuenta ahora con una ocupación de 125 personas, todas mujeres ucranianas beneficiarias de protección temporal, solas o con niños, y latinas y afganas a las que se ha concedido protección internacional con sus hijos.