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Pozuelo de Alarcón (Madrid) recuerda al Gobierno que tiene un mes para desalojar el centro de inmigrantes

Madrid —
18 de diciembre de 2025 12:16 h

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Pozuelo de Alarcón (Madrid), 18 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha recordado a través de una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que le queda menos de un mes para desalojar y cerrar el centro de inmigrantes sin licencia que el Gobierno mantiene en esta localidad.

Según ha recordado el consistorio, la actividad se está desarrollando en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con licencia para hospedar a 150 funcionarios, no para acoger a más de 400 inmigrantes como, según datos del propio ministerio, había en esas instalaciones cuando el ayuntamiento decretó el cierre a mediados de septiembre.

En la carta, firmada por la alcaldesa, Paloma Tejero, se recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que se le dio un margen suficiente de cuatro meses para cumplir esa orden definitiva de cierre, contra la que el ministerio no presentó ninguna alegación administrativa ni consta que lo haya hecho en los tribunales.

En este sentido, el plazo para el recurso judicial venció el 17 de noviembre y desde el Consistorio aseguran no haberles llegado “absolutamente nada” después de más de un mes, lo cual, según han detallado, “sería insólito en caso de que efectivamente se hubiera presentado dicho recurso, como asegura ahora el Gobierno central, aunque sin explicar cuándo ni dónde”.

Por todo ello, la regidora insiste en dicho escrito en que el ministerio de Saiz debe “desalojar este centro ilegal de inmigrantes en menos de un mes”, el próximo 17 de enero, y devolver esas instalaciones de la TGSS al único uso para el que sí tienen licencia, que es el mencionado hospedaje de funcionarios, no de inmigrantes.

Además, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha avanzado que, si llegada la fecha el Gobierno persiste en mantener abierto este centro de inmigrantes sin licencia, será el propio consistorio el que acuda a los tribunales e, incluso, iniciará un procedimiento sancionador en la vía administrativa que contempla multas de hasta 3 millones de euros.