De la patera a la cárcel, en menos de una semana
Acababan de atravesar el Estrecho en patera cuando fueron acusados por el Gobierno de protagonizar un “ataque coordinado a la UE”. El discurso oficial se llenó de “avalanchas”, “efecto llamada”, “alerta”. 48 horas después, Interior anunció una decisión que respondía a lo que calificaban como una “situación de emergencia”. Alrededor de 500 migrantes fueron trasladados a la nueva cárcel de Málaga, aún sin inaugurar, lo que contradice la legislación nacional.
La celebración por su llegada a España se ha transformado en la frustración ante el encierro y una más que probable deportación. Los hemos visto agitar camisetas desde sus ventanas y lanzar montones de papel higiénico desde el interior de la cárcel para pedir libertad. “Nos preguntaban si estaban en prisión o si habían hecho algo”, explicó el abogado de Andalucía Acoge José Luis Rodríguez Candela, quien pudo visitar esta semana la institución penitenciaria.
Si tuviese que responder a esa pregunta, el Ministerio del Interior diría que “no”. Que no es una cárcel. El discurso gubernamental insiste en que se trata de un “centro” que “ha sido habilitado como CIE ante la avalancha de llegadas”. Aunque el ministro Zoido admite que se construyó como institución penitenciaria, “no ha empezado a funcionar ni tiene condiciones ni el régimen, ni el personal de estas”.
Para Interior es un centro “completamente nuevo y equipado”, pero su registro en el BOE como “centro penitenciario” y los diferentes carteles que rodean estas dependencias no dejan lugar a dudas. Es una cárcel. Y encerrar en ellas a migrantes por el único hecho de encontrarse en situación irregular incumple la legislación española.
¿Por qué no cumple la legislación?
La razón reside en que llegar a España sin la documentación necesaria supone una falta administrativa, no un delito. Por esta razón, los espacios habilitados para ello en la normativa nacional son los muy criticados Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), dependencias policiales donde se priva de libertad a estas personas durante un máximo de 60 días con el objetivo de proceder a su expulsión.
Para que su privación de libertad sea legal de acuerdo con la Ley de Extranjería española y el reglamento sobre el funcionamiento de los CIE, es necesario que estos lugares cumplan una condición básica: que no sean penitenciarios.
Desde dentro, Candela asegura que puede observarse que “es un centro absolutamente penitenciario, con toda la impronta penitenciaria”: muros altos, concertinas, 'rastrillos' para acceder a los diferentes sitios, etc“. Además de eso, este sábado trascendía un vídeo colgado por la Cadena SER en Málaga donde se apreciaba que una enorme suciedad inundaba las zonas comunes exteriores de los pabellones con envases de comida, surcos de bebida, rollos de papel higiénico, plásticos, etc. como se observa también en esta imagen:
El “nuevo modelo de CIE”
En base a esa situación de “emergencia” y “excepcionalidad”, el Ejecutivo ha defendido su traslado a un centro penitenciario porque, asegura, los CIE están “saturados”. Aprovechando la situación, el Ejecutivo ha corrido a presentar el próximo lunes un “nuevo modelo arquitectónico de CIE”, en el marco de la creación de tres nuevos centros de internamiento en Madrid, Algeciras y Málaga, acordados y presupuestados con la Unión Europea en 2013.
Según aseguran desde Interior, “está consensuando con las distintas fuerzas parlamentarias el nuevo modelo de Centros de Internamiento” y este ya cuenta con el “apoyo de Ciudadanos”. Sin embargo, Podemos, Ciudadanos y PSOE desmienten ese intento de “consenso”.
Representantes de todos los grupos parlamentarios mantuvieron una única reunión de trabajo sobre los CIE en mayo, en la que Interior mostró sus planes sobre la nueva arquitectura de estos centros pero no tomó en cuenta ninguna de sus consideraciones, según fuentes de Podemos, Ciudadanos y PSOE presentes en el encuentro.
Primeros días en un “centro improvisado” en una cárcel
La actuación del Gobierno ante lo que han definido como “avalancha de llegadas” incluyó una convocatoria de urgencia, firmada el mismo lunes 20 de noviembre, para que 52 agentes de la Policía Nacional, en atribución temporal de funciones, se incorporaran durante “un mes” al que ya denominaban en su escrito como “Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona (Málaga)”.
Asociaciones como Andalucía ya hablaban entonces de “privación de libertad ilegítima” sobre los migrantes pese a que Interior se reafirmaba en la decisión y destacaba las bondades de un recinto “completamente nuevo” y “perfectamente equipado”.
“Se trata de una improvisación de un centro que no está preparado para ser abierto ni para albergar a cerca de 500 personas”, ha considerado el coordinador jurídico de Andalucía Acoge. Aunque la previsión era que funcionarios de prisiones acudieran a su plaza a primeros de año, como centro penitenciario del que se trata, han sido agentes de la Policía Nacional los primeros en llegar.
Rodríguez Candela asegura que los policías visten “con petos, rodilleras... como si estuvieran preparados para ir a una manifestación, como unos antidisturbios pero sin el casco, con sus porras colgadas”.
Según el abogado, las condiciones no cumplen los estándares básicos de un centro de internamiento, pero tampoco los que existen en una cárcel: “Todos iban con las manos detrás, sin esposar, con un tratamiento muy de seguridad, impropio de un CIE para extranjeros que no han cometido ningún hecho delictivo, y con mucha más rigidez que un centro penitenciario”.
Los internos, describe el letrado de Andalucía Acoge, no tienen teléfono en las instalaciones con el que poder ejercitar su derecho a hacer una llamada para informar al exterior de su ingreso en el centro, sin máquina expendedora de tabaco ni de café. Las personas encerradas en Archidona, dice, estaban bastante desorientadas, sin comprender la situación.
Los migrantes, todos de origen argelino, fueron enviados a la nueva prisión de Málaga cuando todavía no había agua potable según publicó la prensa local. Sin embargo, las fuentes de Interior indicaron que había agua salubre para el aseo personal de los internos pero que “por precaución”, para beber se les estaba dando agua embotellada. Según detallaron, la red se está hiperclorando pero el agua es apta para el aseo personal.
Las críticas a la decisión de Interior, autorizada por siete jueces de Murcia, no han parado de crecer a lo largo de la semana. ONG y varios partidos de la oposición, como PSOE, Podemos e Izquierda Unida han lanzado varias iniciativas para condenar la actuación del Gobierno, como el registro de diversas quejas al Defensor del Pueblo, petición de visitas a la prisión y solicitud de información a través de la vía parlamentaria.
Las organizaciones sociales denuncian que, aunque siempre han dicho que los CIE son como cárceles, meterlos en una real es “un paso más” en la “criminalización”. “El mensaje que se da a la población es muy importante y trata de confundir. Están relacionando inmigración con delincuencia. El Gobierno es experto en normalizar las ilegalidades, en darles la vuelta”, denuncia Helena Maleno de Caminando Fronteras. “Lo que hizo con las devoluciones en caliente lo está haciendo ahora con el encierro de estas personas en una cárcel”, concluye.
