Desde 2019, Omer vive escondido en Libia sin apenas salir de casa para evitar los constantes abusos sufridos por la población migrante en el país. El joven sudanés sufre diabetes pero no puede acceder a tratamiento médico. Quiere cruzar el Mediterráneo, pero aún no ha dado el paso de lanzarse al mar. Su mayor temor, cuenta, no es morir ahogado, sino ser detectado por Frontex y ser entregado a las milicias libias, con el riesgo de convertirse en víctima de crímenes de lesa humanidad como los sufridos por miles de migrantes en el país.
Con el apoyo de Refugiados en Libia y Front-Lex, Omer demandó a la Agencia Europea de la Guardia Fronteriza y Costera (Frontex) por “compartir rutinariamente la ubicación de las embarcaciones de refugiados con la guardia costera libia”, que acaba interceptando con violencia a los migrantes que, en muchas ocasiones, acaban en centros de detención donde se ha documentado tortura, violencia sexual, trabajo forzoso y encarcelamiento arbitrario.
“Morir en el mar es más compasivo que morir en uno de los centros de detención de las milicias, o que ser comerciado como si no fuéramos humanos”, dice Omer en una entrevista con elDiario.es. Con su testimonio, busca probar ante el TJUE los riesgos a los que se enfrentan los migrantes debido a la información enviada por la Agencia a los guardacostas libios, con el objetivo final de que Frontex deje de establecer comunicaciones con ellos.
Un año después de su denuncia, el joven ha conseguido lo que hasta ahora parecía imposible: que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a Frontex a comparecer por su cooperación con los guardacostas en operaciones de interceptación de migrantes en el Mediterráneo central.
Omer cuenta que abandonó su país, Sudán, cuando comenzaron las protestas contra el régimen de Omar al-Bashir. Pertenece a la tribu Fur, en Darfur, y durante sus años universitarios fue acosado y perseguido por su origen étnico. “Me acusaron de pertenecer a un grupo rebelde y me vi obligado a salir del país. No fue una elección, fue una necesidad”, explica. “No nos queda más opción que el mar”, añade el joven.
La historia de Omer refleja una realidad compartida por miles de personas atrapadas entre la violencia de sus países de origen y la política migratoria de la UE basada en ceder las labores de control fronterizo a terceros países, sin importar las vulneraciones de derechos humanos que conlleva.
Pese a su enfermedad, vive sin acceso a tratamiento médico. “Me he convertido en mi propio médico porque no hay doctores disponibles para personas como yo”, lamenta. Su certificado de solicitante de asilo emitido por ACNUR no ha servido para garantizarle ni atención sanitaria ni protección.
Precedentes judiciales
La denuncia de Omer, respaldada por la organización Front-Lex, se diferencia de casos anteriores que fueron rechazados por el Tribunal. En 2021 y 2022, dos demandas contra Frontex por operaciones conjuntas con Grecia en el mar Egeo fueron desestimadas al no considerar “cierto” el perjuicio a los demandantes. Según Iftach Cohen, jefe de litigios en Front-Lex “para que sus casos fueran admitidos, las víctimas debían estar sufriendo en ese momento una devolución, sin acceso a abogados ni posibilidad real de reclamar justicia”.
“Según las normas de admisibilidad del TJUE, el demandante debe poder demostrar que el perjuicio a su situación ya es ‘cierto’ para que la acción judicial sea admisible”, señala Cohen. En el caso de ST v Frontex, los jueces aceptaron dicha inadmisibilidad de Frontex porque no había “certeza de que ese cruce [del solicitante desde Turquía hacia Europa por el Mar Egeo], si tuviera que intentarse de nuevo, daría lugar a otro fracaso”.
Este modus operandi -que no se ha producido en este caso- crea “una situación sin salida para las víctimas que buscan acceso a la justicia: sus casos solo pueden ser admitidos cuando el perjuicio a su situación es cierto y ya estuvieran siendo objeto de una devolución en el mar, sin poder contactar con un abogado ni presentar una demanda judicial para hacer valer su derecho a la protección contra la devolución”, denuncia el abogado.
La principal diferencia entre el caso de Omer y los anteriores es que esta vez la denuncia no implica la participación de ningún Estado miembro de la UE. Tal y como explica el abogado a elDiario.es, “cuando un Estado de la UE está metido en la denuncia, Frontex argumenta que es el Estado el que se ve directamente afectado por la decisión de poner fin (o no) a la actividad. Por lo tanto, solo es admisible la acción judicial de ese Estado miembro, aunque esto conceda una impunidad de facto a Frontex porque nunca se le exigirían responsabilidades”. Grecia, a la vez que Italia o Malta, “no tienen interés en impugnar la presencia continuada de Frontex, ya que apoya la continuación de estas operaciones, incluso ante violaciones de derechos”.
Sin derechos y sin refugio
Libia no ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados. Sin embargo, la UE mantiene acuerdos de cooperación en materia migratoria con las autoridades del país. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años que estas colaboraciones contribuyen a que miles de personas sean devueltas a centros de detención donde enfrentan torturas, violencia sexual, extorsión y desapariciones.
“Desde una perspectiva legal, Frontex tiene obligaciones en materia de derechos humanos bajo la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Esto incluye el principio de no devolución”, explica Giulia Raimondo, investigadora en derecho internacional y europeo. La UE se escuda en que Libia no es signataria de la Convención de Ginebra para argumentar que no tiene autoridad sobre lo que allí ocurre, pese a colaborar y financiar a la Guardia Costera Libia para que los migrantes no lleguen a Europa. Es decir, su argumento le permite eludir el respeto de principios fundamentales como el de no devolución (non-refoulement) y el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz, que sí están obligados a cumplir los Estados miembros dentro de su jurisdicción.
“La manera en que se fragmentan las responsabilidades entre Frontex, los Estados miembros y terceros países crea una brecha de rendición de cuentas”, denuncia Raimondo quien enfatiza que “al proporcionar coordenadas de embarcaciones a la Guardia Costera libia, Frontex desempeña un papel directo en permitir devoluciones a un país donde se sabe que los migrantes enfrentan tratos inhumanos”.
En teoría, ACNUR tiene presencia en Libia, pero su capacidad de acción es extremadamente limitada. Solo ofrece asistencia básica en algunas zonas de Trípoli. En el caso de Omer, ni siquiera eso ha estado disponible. Aunque cuenta con el certificado de solicitante de asilo, este documento no le ha permitido acceder a atención médica ni a una vía legal para solicitar protección internacional.
Para lograrlo, debería migrar a otros países fronterizos como Túnez. Pero incluso allí, según diversas organizaciones, los derechos sociales y la protección legal son prácticamente inexistentes para las personas refugiadas. La UE ha clasificado a Túnez como un posible “tercer país seguro”, aunque quienes permanecen allí en situación irregular pueden ser detenidos y expulsados, incluso abandonados en zonas fronterizas como Libia o desérticas.
La complicidad de la UE
La actuación de Frontex en el Mediterráneo central ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y rescate marítimo. La agencia, que opera con drones y vigilancia aérea, comparte información sobre embarcaciones en peligro con la Guardia Costera libia, lo que facilita las interceptaciones y devoluciones forzadas a un país donde no existe un sistema de asilo ni garantías mínimas de protección.
“El año pasado, la Organización Internacional para las Migraciones informó de que más de 21.000 personas fueron devueltas ilegalmente en el mar por la denominada Guardia Costera libia”, señala Giulia Messmer, portavoz de Sea-Watch, una de las ONG con presencia activa en la zona. “Frontex es consciente de su complicidad en crímenes internacionales. Las personas son secuestradas y devueltas a un ciclo malicioso de violencia que incluye tortura, abusos sexuales y desapariciones forzadas”, añade.
Según Messmer, en múltiples ocasiones Frontex ha contactado directamente con las autoridades libias incluso en zonas de búsqueda y rescate (SAR) bajo responsabilidad de Malta, sin informar a los barcos de rescate cercanos. “Eso es ilegal. No informar al barco más próximo a una embarcación en peligro, así como facilitar las devoluciones a un país como Libia, va en contra del derecho internacional”, afirma.
Desde Sea-Watch alertan de que las Fuerzas Armadas de Malta (AFM) estarían incumpliendo sistemáticamente su obligación de rescatar embarcaciones, facilitando en cambio su interceptación por parte de milicias libias. “Sospechamos firmemente que las AFM y las milicias libias colaboran para organizar interceptaciones dentro de la zona de búsqueda y salvamento maltesa”, denuncia Messmer, citando informes de su organización.
Además, critica que la práctica de entregar agua y combustible a personas migrantes sin rescatarlas empuja a las embarcaciones a salir de la zona SAR maltesa y alcanzar aguas italianas, donde serían responsabilidad de Roma.
“No hay ninguna garantía de que las personas que intentan huir de la guerra en Libia no sean interceptadas en el mar por milicias libias, incluida la denominada Guardia Costera”, concluye. Según la portavoz de Sea-Watch, estas estructuras mafiosas operan un “modelo de negocio criminal” con apoyo financiero de la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros, como Italia, con el objetivo de disuadir la migración, sin importar el coste humano.
El pasado 30 de julio, Sea Watch International informó a través de su cuenta oficial en X que detectó una embarcación –con 90 personas a bordo– en peligro de naufragio. El mensaje denuncia la muerte de dos menores y que una persona permanece desaparecida.
Según el hilo publicado, el equipo de Sea Watch localizó la embarcación en el Mediterráneo central y alertó con urgencia a Frontex, aunque sin confirmación inmediata de respuesta o intervención oficial. Según la organización, los barcos de rescate europeos podrían haber llegado en tres horas, pero “decidieron no hacerlo”. Paul Wagner, de la misma organización aseguró que Frontex es “una política asesina en acción: un homicidio deliberado y planificado de niños al mar”.