Turquía juzga a once activistas detenidos en la purga tras el golpe de Estado

Amnistía Internacional quiere olvidar el pasado 5 de julio, cuando diez defensores de los derechos humanos fueron arrestados en un hotel de la isla de Büyükada, en Estambul. Quiere hacer lo mismo con el 6 de junio, cuando el presidente de la misma organización, Taner Kiliç, fue arrestado en su casa de Esmirna. Mientras el cautiverio de los activistas continúa, gobiernos y figuras mediáticas han pedido su liberación, incluidos órganos de la Unión Europea.

El desenlace podría comenzar este miércoles y jueves, cuando se enfrentaran a un juicio que les puede dejar en libertad, o la pesadilla seguirá para demostrar que defender los derechos fundamentales en Turquía es significado de delito.

La vida de Taner Kiliç, presidente de AI en Turquía, se detuvo la madrugada del 6 de junio cuando la Policía le arrestó en su casa de Esmirna, localidad mediterránea al oeste del país. La detención, junto a 22 abogados, del máximo responsable de la organización supuso un golpe para Amnistía y el presagio de que la purga de Erdogan se iba a extender hacia límites insospechados.

La acusación que recae sobre esta figura ligada a AI desde 2002 es la relación con la cofradía de Fethullah Gülen, acusada de instigar el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Su crimen, haberse descargado una aplicación de mensajería instantánea que se ha relacionado con los miembros de un grupo que es considerado terrorista. Si la justificación resulta poco sostenida, los informes periciales de su teléfono indican que Kiliç nunca llego a descargar ByLock, la app ‘gulenista’ que según la Fiscalía utilizan cerca de 215.000 personas en Turquía.

Menos de un mes después, la directora de AI en Turquía, Idil Eser, se reunía con nueve activistas en un hotel de Estambul para realizar un taller rutinario. Pero la mala suerte quiso que un ciudadano turco denunciase a las autoridades el encuentro y un total de diez activistas fuesen arrestados.

Se les acusaba de conspiración y “delinquir en nombre de una banda terrorista”. Ocho de los acusados, entre ellos el informático alemán Peter Steudtner, el sueco Ali Gharavi y la directora de Amnistía se encuentran en prisión preventiva.

En total, los once defensores de los derechos humanos afrontan una acusación por parte de la Fiscalía de hasta 15 años de prisión.

“Sembradores del caos”

“Los diez de Estambul”, en referencia a los diez activistas que se reunieron, fue el nombre con los que la prensa afín a Erdogan les denominó, demonizándolos y haciéndose eco de las acusaciones que recibían por parte del Gobierno. “Se habían reunido con la intención de continuar el golpe del 15 de julio. Fueron detenidos siguiendo información de inteligencia que recibimos”, argumentó Erdogan.

El hotel Ascot, escenario de las detenciones, se convertía en el espacio funesto de la reunión “conspiranoica” que realizaban personajes, descritos por el diario Takvim, como “El Hacker” o “La que siembra el caos”. También se les relacionaba con el PKK (Partidos de los Trabajadores del Kurdistan) o FETÖ, organización de Fethullah Gülen. Según afirma la acusación, “ha quedado claro que el objetivo de los sospechosos eran marchas similares a las de Gezi [unas notorias revueltas en el año 2013] , bajo el nombre de 'Adalet' (Justicia), que se convertirían en violentas y crearían el caos social”.

La visita a la directora de AI

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha sido de las pocas personas que ha podido acceder a la prisión de alta seguridad donde se encuentran los activistas detenidos en Estambul. Según indica, visitar a Idil Eser no fue fácil. “Había intentado visitarla en cuanto llegué a Turquía, unos días antes, pero me habían impedido el paso en las puertas de la prisión. Tras reunirme con el ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, en Ankara, para reiterar nuestra solicitud de que se nos concediera una visita, pude verla por fin”, admite Shetty.

Según indica el activista de AI Andrew Gardner a eldiario.es, la situación, lejos de ser normal, se ha vuelto común. “Bajo el estado de emergencia solamente pueden visitar a los presos familiares o abogados una vez por semana”, afirma.

A raíz de esa visita, el secretario general describió que el aislamiento que reciben es total. “Aunque comparte celda con otra mujer, no ha podido siquiera hablar con los demás defensores y defensoras de los derechos humanos, como Özlem Dalkıran, a la que detuvieron al mismo tiempo”, afirma. Eser describió tal cuarentena destacando que “Özlem está a solo tres puertas, pero si quiero saber algo de ella tengo que buscarlo en los periódicos.”

Reacciones en todo el mundo

Una larga lista de gobiernos, instituciones y figuras mediáticas han instado a que sean puestos en libertad. Entre ellos figuran la Comisión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios de la ONU, Angela Merkel y el gobierno alemán, así como los gobiernos de Austria, Irlanda, España o Bélgica.

Por su parte, Edward Snowden, exiliado por sacar a la luz el espionaje masivo y sistemático por parte de los Estados Unidos, se sumó a la causa destacando en un vídeo que “Amnistía luchó por mi cuando los necesité, ahora es momento de dar la cara por ellos”.

Gardner, que trabaja para la organización sobre el terreno, destaca que “el juicio no se basa en nada y deben ser puestos inmediatamente en libertad”. Él vivirá en primera persona las vistas y no confía mucho en un final feliz. “Está claro que es una persecución política, no tiene nada que ver con la justicia” y por ello sentencia que “desafortunadamente es imposible recibir un juicio justo”. Aun así, las pocas esperanzas que alberga se basan en la naturaleza de estos activistas: “Son personas que no han hecho nada malo, es frustrante que sigan en la cárcel”.