La CNMC pide mejor acceso, transparencia y publicidad en los contratos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve necesario, dentro de la contratación pública, que se mejore el acceso a la información para los licitadores y que haya más transparencia y publicidad de procedimientos para facilitar un mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.

El documento también pide que se evalúe la eficiencia económica y la competencia efectiva, tanto por parte del órgano de contratación -que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido-, como por parte de un organismo externo especializado.

Además, defiende un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información, por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones y globales que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.

Asimismo, aboga por que haya una mayor cooperación administrativa con el fin de reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos.

La CNMC pide que se simplifiquen los procedimientos en la contratación pública, con el uso de procedimientos electrónicos y con la reducción de la dispersión normativa de la materia.

Entre los aspectos positivos, valora el esfuerzo realizado para consolidar en el ordenamiento jurídico “principios sólidos” como son la igualdad y la transparencia.

A su juicio, esta mejora se ha producido con la implantación de la normativa de transparencia y con la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

La CNMC informa de que la contratación pública alcanza en los países desarrollados cifras superiores al 15 % del PIB y añade que su importancia económica, junto con el carácter limitado de los fondos públicos, “aconsejan una regulación del aprovisionamiento público verdaderamente favorecedora de la competencia”.

En su opinión, sólo así podrá mejorar la eficiencia en esta partida de gasto público, que en última instancia redundará en importantes beneficios, tanto para las propias Administraciones Públicas, como para los ciudadanos y las empresas.