El Gobierno juega al despiste con los derechos de los pensionistas

Por petición propia, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha comparecido en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo (el organismo encargado de acordar las leyes en materia de pensiones) para explicar la decisión del Ejecutivo de no actualizar las pensiones conforme al IPC. Tanto ella como la portavoz del Partido Popular, Carolina España, jugaron al despiste con la decisión del Ejecutivo ya que defendieron, en todo momento, que el Gobierno ha “subido” las pensiones tanto en 2012 y 2013.

La ministra se ha amparado en sentido literal del verbo “subir” para transmitir el mensaje de que los pensionistas han visto mejorados sus ingresos tanto en este ejercicio como en el próximo, cuando lo cierto es que verán mermado su poder adquisitivo en 2012 y está por ver qué sucederá en 2013.

El poder adquisitivo se mide en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) que retrata mes a mes la evolución del coste de la vida. A principios de año, el Ejecutivo fijó en un 1% la subida prevista de los precios en el ejercicio, cuando finalmente, según los datos anticipados de noviembre es un 2,9%. Por lo tanto, en términos reales, el poder adquisitivo de los pensionistas ha perdido ese 1,9%.

Para una pensión de 700 euros esto supone recibir casi 190 euros menos en todo el ejercicio y, además, que la subida de 2013 se haga sobre una base menor de la que debería. Para el próximo ejercicio hay prevista una subida del 2% para las pensiones por debajo de 1.000 euros y del 1% para las que estén por encima de este nivel. Hasta diciembre de 2013 no se sabrá si estas alzas han estado en línea con el precio de la vida y qué decisión tomará entonces el Ejecutivo.

Báñez ha intentado sortear esta idea durante todo su discurso no dándose por enterada de cómo afecta la inflación en los ingresos de los más de ocho millones de pensionistas e insistió en que lo suyo no era una “congelación”, como la que hizo el Ejecutivo de Zapatero. Sin embargo, su decisión es más que una congelación, ya que a día de hoy, y hasta que se conozca la inflación de 2013, no supone que las pensiones sigan igual sino que les sustrae valor.

En línea con este hilo argumental, la ministra ha defendido la constitucionalidad de su medida ya que, al subir las pensiones en 2013, dice, no se han congelado. Sin embargo, los diputados del Grupo Mixto, PNV y PSOE recordaron a la ministra que la cascada de recursos de inconstitucionalidad que se prevé que reciba la medida tienen su justificación en la merma de los ingresos de 2012, no en la subida aprobada para 2013.

En este sentido, el derecho de los pensionistas a ver sus prestaciones igualadas a la inflación se generó el 1 de enero de 2012, aunque no es hasta noviembre cuando se decide cómo se tiene que materializar al conocer la evolución de los precios en el año.

La medida extraordinaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy supone, según sostuvieron los diputados, aplicar una ley de forma retroactiva, lo que consideran incostitucional. Es decir, no se puede decidir en diciembre que las pensiones que los jubilados llevan recibiendo desde el 1 de enero no van a ser las que tenían prevista conforme a la ley vigente.

Báñez obvió estos fundamentos y se refugió en la consideración de que la Seguridad Social no tiene obligaciones contractuales con sus usuarios. Esto quiere decir que el organismo no está obligado a garantizar un nivel determinado de ingresos a los cotizantes.

Con todo, la ministra reiteró en varias ocasiones lo “difícil” que había sido tomar esta decisión para el Ejecutivo y aseguró que la medida era “responsable” y necesaria para cumplir con el objetivo de déficit de 2012. Además, intentando acallar las especulaciones sobre la brusca e imprevista bajada del IPC en noviembre (en octubre había llegado a la cota del 3,5%), Báñez aseguró en varias ocasiones que la decisión sobre las pensiones había sido tomada “después” de conocido el dato. “No la podíamos tomar ni un minuto antes, ni un minuto después”, dramatizó la ministra.

Esta insistencia sobre el momento en el que se decidió la medida también sembró cierta confusión. ¿Por qué se esperó a conocer el IPC si en cualquier caso una actualización de las pensiones suponía hacer peligrar el IPC? Después del dato de octubre, ¿esperaba el Ejecutivo un milagroso descenso por debajo del 2%?

En su breve intervención de menos de media hora, Báñez arremetió varias veces contra la herencia recibida del PSOE y enumeró, uno a uno, los errores que en su opinión había cometido el anterior Ejecutivo en materia de pensiones. “No tenemos un Gobierno, tenemos una oposición de la oposición”, se lamentó la portavoz socialista Isabel López i Chamosa.

La responsable de Empleo también adelantó algunos datos correspondientes a su cartera, que han añadido “tensión” a la liquidez de la Seguridad Social, como el aplazamiento de deudas a las empresas. Así, a fecha de hoy, el organismo ha negociado el atraso en el pago de las cuotas por valor de 2.400 millones de euros, casi un tercio más que en el ejercicio anterior. Además, valoró en 20.000 millones de euros el precio de la destrucción de empleo en las arcas de la Seguridad Social desde 2008.

Por último la ministra defendió a capa y espada la decisión de cambiar la ley para echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como la hucha de las pensiones), recordando que la finalidad última con la que se había creado era, precisamente, la de pagar las pensiones. “¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿No pagar la extra? ¿Pedir un préstamo?”, les ha recriminado Báñez a los diputados.

Además, Báñez recordó que a partir de ahora será un órgano fiscalizador, la Intervención General del Estado, el que marcará cuánto se puede sacar del Fondo según el déficit que prevea para el organismo. Hasta ahora se había fijado que el Estado solo podía rescatar un 3% anual del fondo.