Las comunidades del PP amenazan con boicotear el Plan Estatal que blinda para siempre la vivienda de protección oficial
Las comunidades gobernadas por el PP aspiran a gestionar 5.000 millones de euros de los 7.000 millones de inversión pública hasta 2030 que prevé el Plan Estatal de Vivienda, aprobado este martes en Consejo de Ministros y que pretende blindar toda la vivienda pública que se construya, de manera que nunca se pueda vender a un precio de mercado libre, aunque el Gobierno no ha precisado el número de casas que se construirán. Un 60% del plan serán aportaciones directas del Gobierno para vivienda protegida, rehabilitación y ayudas y el otro 40% lo pondrán las comunidades. Pero las primeras reacciones de los populares no dejan claro si votarán a favor de los criterios de reparto en la comisión sectorial y aceptarán estas transferencias. Por ahora, solo han mostrado su rechazo o sus dudas sobre las condiciones de aplicación del plan y no dicen qué votarán, con excepción de Galicia, que se ha mostrado favorable sin matices.
La oposición más frontal la ha mostrado la Comunidad de Madrid, con un vídeo del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, criticando los pormenores y las condiciones que impone el Plan del Gobierno. Fuentes del ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso aclaraban que, pese a las críticas, “dirimirán el sentido del voto cuando llegue el momento”. Para recibir los fondos estatales, el Gobierno central ha impuesto cuatro condiciones: la primera es que se blinden las viviendas de protección oficial (VPO) para que no puedan venderse nunca en el mercado libre -hasta ahora sólo existía un plazo temporal- , la segunda es la cofinanciación de las comunidades, la tercera es que las comunidades compartan los datos de las fianzas para poder seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios y la cuarta, una cláusula antifraude para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes y evitar fraudes.
A todas ellas se ha opuesto el consejero Rodrigo, quien ha criticado que “invade competencias” y ha asegurado que “o haces lo que quiere el Gobierno, o no hay dinero”. Madrid recibiría más 600 millones con el nuevo plan y aportaría 500 más para llegar a los 1.100, lo cual le colocaría en la segunda posición como autonomía con más recursos con 815 más que en el anterior plan, de 2022 a 2025. Pero para Rodrigo, se trata de “un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas”. Desde el Ministerio aclaran que la gestión de los fondos será autonómica solo con que se cumplan las condiciones.
La comunidad que debe recibir más recursos es Andalucía, que aspira a contar con 1.197 millones, 877 más que en el ciclo anterior. En el día que arranca la Feria de Abril y a menos de un mes de las elecciones autonómicas, el presidente popular Juan Moreno Bonilla y su equipo no se han posicionado al respecto ni públicamente ni tampoco han respondido a las peticiones de este medio. En su caso, tienen un gran inconveniente para cumplir con el plan: las fianzas ya no se depositan en la comunidad, sino que se las queda el casero, con lo cual tendrían que encontrar una fórmula para enviar los datos al Ministerio.
Después de Catalunya, que no tendrá problema para sumarse al Plan y asumir los 1.015 millones (el doble que en el periodo anterior) por la buena sintonía con el socialista Salvador Illa, el Ministerio vuelve a topar con recelos en la cuarta comunidad que debe recibir más recursos.
La Generalitat Valenciana, que contaría con unos 798 millones (558 más que en el anterior ciclo) también ha criticado que la medida “llega tarde y mal” y que “está hecha sin consenso con las comunidades autónomas”, pese a que el Ministerio insiste en que se han hecho diversas sectoriales en las que los territorios mostraban su buena predisposición y en que se han contemplado las alegaciones de todos ellos. Preguntados por elDiario.es, se niegan también a pronunciarse sobre el sentido del voto, informa Carlos Navarro. La cofinanciación autonómica, dicen desde la Generalitat, “supone un esfuerzo mayor, cuatro veces más” para la comunidad.
Galicia, únicos 'populares' de cara
Galicia es la única comunidad gobernada por el PP que se ha mostrado 100% favorable al Plan Estatal y así lo ha comunicado. “Desde la Xunta ya nos comprometimos a cofinanciar el plan y así lo promovemos en los Presupuestos”, dicen fuentes del gobierno autonómico liderado por Alfonso Rueda, según informa Gonzalo Cortizo. La Xunta añade además que sus viviendas ya tienen calificación pública permanente desde la modificación normativa del pasado año y que ya ofrecen información y transparencia sobre los datos estadísticos. Un posicionamiento bastante contrario al del líder popular y también gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que el plan es “propaganda” y que “ya basta de tomar el pelo a la gente”.
En Murcia, el presidente popular Fernando López Miras y su equipo ya se opusieron en reuniones previas a este plan que en su comunidad brindaría 258 millones más hasta llegar a los 308 millones. A pregunta de eldiario.es, han ido más allá y han tildado el plan como “adoctrinamiento”, informa Erena Calvo. Como Andalucía, también abolieron el sistema de fianzas, así que “no podrá dar esta información porque no existe”. También expresan “malestar” por el porcentaje que tiene que aportar la Comunidad.
El Gobierno de Aragón ha manifestado que “está dispuesto a participar en el plan estatal siempre que se permita adecuarlo a las necesidades y particularidades” de la región, informa Luis Faci, y aseguran que están “en disposición de cofinanciar el plan estatal”. Pero dejan en el aire su posición final: “hay que estudiar la letra pequeña para poder fijar posición”.
Desde Cantabria, se niegan a hacer valoraciones al Plan Estatal “hasta conocerlo con detalle”, informa Laro García. Allí se invertirán 231 millones entre lo estatal y lo autonómico.
En Balears, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha pedido públicamente “capacidad de decisión” en el plan, ya que van a aportar el 40% de los 168 millones públicos que se deben invertir.
Extremadura, en plena investidura de María Guardiola marcada por el pacto con Vox y la discriminación a los migrantes de la prioridad nacional, no se ha expresado al respecto. En su caso se prevén 210 millones públicos, 154 más que en el ciclo anterior.
El Plan Estatal destinará un 40% de la inversión a la construcción y habilitación de vivienda pública (2.800 millones), un 30% a la rehabilitación de vivienda (unos 2.100 millones) y el resto a ayudas como el bono joven del alquiler, que se verá reforzado, las ayudas a la primera hipoteca, el estímulo a la cesión de vivienda de particulares para alquiler asequible, ayudas extra en municipios despoblados y también para víctimas de violencia machista y familias vulnerables.
Sorpresa por el rechazo y críticas de los inquilinos
Fuentes del Ministerio se muestran “sorprendidos” con los aspavientos del PP y algunos de sus barones, que se han mostrado receptivos al Plan Estatal y dicen estar “convencidos” de que tirará adelante.
El próximo 28 de abril se celebra la comisión multilateral con directores generales de Vivienda para acordar la orden del día de la conferencia sectorial que debe celebrarse en mayo, después de las elecciones autonómicas, para fijar los criterios definitivos de reparto de fondos, que atienden a diversas variables geográficas, demográficas y económicas.
Después el Consejo de Ministros debe ratificar de nuevo estos criterios para dar paso posteriormente a los convenios bilaterales, en los que cada comunidad autónoma detallará cómo aplicará el plan y cómo reparte los fondos, con capacidad para sumar ayudas extra en caso de que haya declarado zonas tensionadas. “El Gobierno no dará más ayudas a quienes declaren zonas tensionadas, simplemente habilitará para que lo puedan hacer los territorios”, aclaran fuentes del Ministerio.
El Gobierno avanzará el primer año la totalidad de los fondos necesarios y la cofinanciación empezará a partir del segundo año. Además, los fondos tendrán carácter retroactivo desde enero, con tal de cubrir el año completo.
Las críticas del PP no son las únicas que recibió el Gobierno este martes por el Plan Estatal de Vivienda. Los sindicatos de inquilinos la han tildado de insuficiente e incluso han tildado de “ridículo” el presupuesto. Desglosando lo que está previsto de inversión en vivienda pública anualmente, lo han cifrado en 336 millones, “lo que representa un 1% del gasto militar”, han criticado.