El conflicto en la Inspección de Trabajo eleva el tono y los sindicatos piden la dimisión de Yolanda Díaz

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo piden la dimisión de Yolanda Díaz. El conflicto en el organismo público vigilante de la legalidad laboral endurece el tono, con un gran enfado de los representantes de la plantilla ante el incumplimiento de un pacto con mejoras alcanzado hace casi dos años y los avances que logran otros departamentos del Gobierno. “Vemos a otros ministros firmar acuerdos, como en la Seguridad Social y en Justicia, y nosotros nada”, denuncian fuentes sindicales, que señalan directamente a la ministra de Trabajo por “su falta de implicación” y de “diálogo” con la plantilla.

“Es indudable que la ministra Yolanda Díaz no tiene disposición para defender al organismo y lleva alejada del mismo muchos meses. Su responsabilidad en el conflicto es máxima y todas las organizaciones que suscribimos esta nota exigimos su dimisión a la vista de incapacidad e incompetencia para aportar las soluciones necesarias para la Inspección”, recoge la nota que suscriben la gran mayoría de sindicatos, CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess.

Fuentes del Ministerio de Trabajo reiteran que están tratando de sacar adelante las medidas con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que hacen responsable. “El compromiso de la ministra es absoluto y nítido en esta materia”, sostienen en Trabajo, con medidas como “el aumento de presupuesto en más de un 41% en los últimos tres años”. “Además, se ha reconocido en 2022 un complemento extraordinario de productividad de seis millones de euros para incentivar el trabajo de la Inspección”, añaden.

La representación de la plantilla de la Inspección, que han iniciado paros parciales desde este mes y advierten de una huelga indefinida desde el próximo 26 de junio, ha convocado una protesta el próximo jueves, 25 de mayo, ante la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda, departamento al que también señalan por frenar que se apliquen las medidas pactadas.

El acuerdo con mejoras laborales de julio de 2021 incluía la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) en la Inspección de Trabajo, con medidas como el refuerzo de la plantilla, pero también otras reclamaciones muy esperadas, como adecuar categorías profesionales y retribuciones, así como reforzar el apoyo administrativo y tecnológico de las oficinas de la Inspección, explican a este medio desde los sindicatos.

Desde la plantilla denuncian una carga de trabajo en la Inspección cada vez mayor, con más competencias y campañas acordadas en esta legislatura, “imposible de asumir” sin los refuerzos y mejoras de medios en el organismo público.

Afean que hay acuerdos en otros Ministerios

La petición de la dimisión de la ministra de Trabajo llega a unos días de las elecciones autonómicas y municipales. “No queríamos llegar a esto, pero es que no vemos actitud, le hemos pedido reuniones, le hemos escrito cartas... No hay ningún diálogo”, lamenta una fuente sindical.

El enfado de los sindicatos ha aumentado en las últimas semanas, ante la constatación de varios acuerdos con mejoras laborales en otros ministerios, como el de Seguridad Social y de Justicia. “Ahí vemos visto al ministro Escrivá y la ministra Llop implicados, qué menos que nuestra ministra hable con nosotros, se reúna y se implique para lograr un acuerdo con Hacienda”, sostienen desde los sindicatos.

Por ello, exigen a Yolanda Díaz que “pelee” dentro del Ejecutivo por sacar el acuerdo con mejoras laborales adelante y también que dé cuentas a la plantilla. De lo contrario, en el horizonte señalan a la convocatoria de un paro indefinido del personal de la Inspección de Trabajo en el arranque del verano. “No es lo que queremos, pero no vemos otra solución”, explican en los sindicatos.

En Trabajo reiteran que están “comprometido con reformar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”: “No es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, no obstante, desde el Ministerio se está impulsando esa reforma ante Función Pública, el organismo competente”.