El Consejo de Seguridad Nuclear acelera su dictamen sobre la reapertura de Garoña
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acelera los trámites para dar luz verde al dictamen sobre la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos), parada desde finales de 2012. El regulador nuclear ha incluido la renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa en los asuntos para “toma de decisión” en el orden del día de la reunión del pleno del próximo miércoles.
Aunque la decisión del CSN podría no tomarse en la reunión de esta semana, el detalle indica a las claras que el organismo que preside el ex secretario de Estado de Energía Fernando Marti tiene prisa por evacuar su informe, que tiene carácter preceptivo y vinculante. Si es negativo, obligaría a cerrar la planta, y de ser positivo (todo apunta a que lo será), dejaría la decisión última en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Consejo de Ministros.
Hay que tener en cuenta que una mayoría del Congreso (entre otras formaciones, PSOE, Podemos y Ciudadanos) pidió en noviembre al Gobierno (que está en minoría) paralizar el proceso de reapertura; y que una de las dos empresas propietarias, Iberdrola, ya ha mostrado sus dudas sobre la viabilidad económica de la planta por las fuertes inversiones que requiere, que no se han hecho durante los dos años en los que el CSN ha tramitado este expediente.
No obstante, algunas fuentes advierten de que el eventual permiso del CSN y el visto bueno del Gobierno podrían ser la coartada para permitir a las propietarias de la planta, Endesa e Iberdrola, indemnizaciones por lucro cesante aunque Garoña no vuelva a abrir.
El pleno del CSN empezó a analizar la semana pasada el informe de la dirección técnica del regulador que, como avanzó la semana pasada El País, es favorable a la reapertura con condiciones. El pleno está controlado por el PP, que siempre se ha mostrado a favor de reabrir Garoña. Tres miembros pertenecen a este partido y otros dos, al PSOE.
Sin secretario general
La decisión de aprobar el informe definitivo sobre la reapertura de la central se va a tomar con la secretaría general del CSN vacante, tras el cese, a finales del año pasado, de la anterior secretaria general, María Luisa Rodríguez López, por “motivos personales”. La compensación económica que recibirá ella por su salida del organismo es otro de los asuntos que figuran el orden del día de la reunión del miércoles, que el CSN publicará próximamente.
De momento, de forma provisional, las funciones de Rodríguez López las está asumiendo un consejero, Javier Dies, nombrado en 2015 por el PP para blindar su control sobre el organismo (Dies, catedrático en Ingeniería Nuclear, fue candidato del PP en Barcelona).
El CSN ha propuesto para esa vacante a Manuel Rodríguez Martí, actual subdirector de Instalaciones Nucleares en la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear. Rodriguez Martí es el ingeniero que ha llevado el expediente de Garoña. Su nombramiento rompería una tradición por la que el puesto de secretario general del regulador nuclear suele estar vinculado a personas del mundo del Derecho.
La decisión sobre la planta burgalesa es la más importante que va a tomar el organismo en los últimos años porque Garoña, pese a ser una central antigua y más pequeña que el resto de las que están en funcionamiento en España, es considerada la avanzadilla de la ofensiva de las eléctricas para lograr que las nucleares funcionen hasta los 60 años. Sus propietarios, Endesa e Iberdrola, han pedido que la central, que se conectó a la red en 1970, funcione hasta 2031.
