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Dos crisis antagónicas por la protección del empleo: las familias con un salario crecen al 52%, frente al 46% de 2013

Nadia Calviño y Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados, en una foto de archivo.

Daniel Yebra / Victòria Oliveres

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Los hogares sustentados al menos por un asalariado alcanzaron el 51,6% respecto al total en 2021, frente al 45,7% en el que se hundieron en 2013 por la Gran Crisis Financiera, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística).

El porcentaje de familias que vive de un trabajo por cuenta ajena roza el máximo de 2007 (52%) y es el reflejo de dos recuperaciones económicas antagónicas por su distinta naturaleza (shock financiero y burbuja especulativa frente a un shock sanitario y social). Y, principalmente, gracias a la financiación de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y al resto de ayudas a empresas desplegadas por el Gobierno, y favorecidas por la Comisión Europea, como respuesta a la histórica hibernación de la economía por la COVID en 2020.

Como resultado de esta protección de los puestos de trabajo en esta última crisis, se observa que los hogares sustentados por subsidios y prestaciones por desempleo se mantuvieron cerca del 4% el año pasado, y se repite la constatación de la rápida recuperación —ahora frenada por el golpe de la guerra y la inflación—. De hecho, esta cifra está muy lejos del 8,3% hasta el que ascendió tras la gran crisis financiera, desde 2008, y la posterior crisis del euro, desde 2010, según la encuesta.



Mientras, las familias que ingresan solo del trabajo por cuenta propia (empresas y autónomos) se ha estabilizado cerca del 10% del total, tras caer durante los últimos años desde el 13,3% de 2006, cuando se comenzó a realizar la Encuesta de Presupuestos Familiares. También descienden los hogares que dependen de pensiones contributivas y no contributivas (jubilación, invalidez, viudedad, etc.), hasta el 32,8%, desde el 35,1% de 2017.

Por último, los hogares que ni dependen del trabajo por cuenta ajena ni por cuenta propia, ni cobran pensiones, ni subsidios ni prestaciones, sino que viven del rendimiento de alquilar sus viviendas en propiedad, de arrendar suelo agrícola o industrial o de dividendos y activos financieros se quedan en el 1,2%, frente al 2% en el que se situaron en 2014.



Si se analizan otros resultados de la encuesta del INE se llega a la misma conclusión. Las políticas económicas tras una y otra crisis han dado resultados totalmente diferentes. La austeridad que siguió al shock financiero de 2008 elevó las familias con solo parados o personas inactivas hasta casi el 18% del total. La expansión fiscal y monetaria con la que se contestó a la pandemia desde marzo de 2020 —y, otra vez, a la invasión rusa de Ucrania en este 2022— ha dejado este mismo porcentaje en el 11%.

El éxito de los ERTE

“El objetivo de la flexibilización de los ERTE era suspender temporalmente la relación laboral del trabajador con su empresa durante el tiempo que duraran las restricciones a la actividad, de modo que el trabajador preservara un nivel adecuado de rentas y la empresa viera reducidos sus costes laborales. Para ayudar a lograr estos fines, se exoneró a las empresas de las cotizaciones a la Seguridad Social y se aumentó el importe de la prestación por desempleo de los trabajadores acogidos al esquema”, recuerda el Banco de España en su último Informe anual.

“La recuperación de los niveles de ocupación previos al inicio de la pandemia sugiere que los ERTE han sido efectivos a la hora de favorecer la reincorporación al empleo”, reconoce la institución, que también destaca que “una de las necesidades más acuciantes tras el inicio de la pandemia fue la de mitigar el impacto de las restricciones a la actividad sobre la liquidez de las empresas, para lo que se introdujeron los programas de avales crediticios del ICO”.

“Un tercer bloque de actuaciones de lucha [del Gobierno] contra las consecuencias de la pandemia fueron las medidas de apoyo a la solvencia de las empresas [más otras ayudas directas a las más afectadas]”, continúa el Banco de España, que finaliza destacando que “el análisis de los resultados de las sucesivas ediciones de la EBAE [encuesta sobre actividad empresarial] permite complementar la evaluación del éxito de las medidas”.

Coste presupuestario

Eso sí, el coste en términos presupuestarios “de la absorción de la perturbación por parte de las finanzas públicas ha sido muy elevado”, incide. En particular, estima que las distintas medidas de ingresos y gastos relacionadas con la pandemia sumaron un importe equivalente al 4% del PIB en 2020. En 2021, esa cantidad se redujo, debido al alivio de las restricciones a la movilidad, que permitió la disminución del gasto en las prestaciones a los trabajadores en ERTE y a los autónomos y en las subvenciones a las empresas relacionadas con estos programas, y al recurso a los fondos europeos para financiar parte de estos gastos. “Con todo, el impacto presupuestario siguió siendo muy elevado, del 2,7% del PIB”, insiste.

“El extraordinario impulso fiscal desplegado en respuesta a la crisis sanitaria, junto con la propia actuación de los estabilizadores automáticos, ha elevado fuertemente el endeudamiento público, lo que reduce el margen de maniobra ante nuevas perturbaciones, como las asociadas al encarecimiento de la energía. Además, existen otros costes contingentes y de magnitud desconocida, asociados a los préstamos avalados por el ICO que puedan resultar fallidos”, avisa el Banco de España.

Aún así, el Gobierno aprobó en marzo el primer Plan de choque a la guerra y a la inflación y lo renovó la semana pasada. Por el camino, se han multiplicado las advertencias sobre el estrecho margen fiscal en plena retirada de los estímulos monetarios y de subidas de los costes de financiación por parte del Banco Central Europeo (BCE) para dejar de alimentar las subidas de precios.

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