En estas elecciones se decide el grado de austeridad de las nuevas reglas fiscales de la UE

¿Para qué sirven unos objetivos de deuda pública del 60% del PIB y de déficit presupuestario del 3% si hay que suspenderlos cuando hay una crisis? “Resulta poco realista”, lamenta el informe sobre “La gobernanza económica de la Unión Europea (UE)” del Consejo Económico y Social (CES), publicado recientemente. Es muy significativo que esta frustración o sensación de “oportunidad perdida”, que comparten todos los expertos y economistas progresistas, se cuele en la valoración de esta institución oficial, cuyas posiciones responden al consenso entre empresarios (un tercio de su consejo), sindicatos (otro tercio) y organizaciones agrarias, pesqueras, de consumidores, de la economía social y consejeros independientes (el último tercio).

El Parlamento Europeo y sobre todo la Comisión que salgan de las elecciones de este domingo 9 de junio tendrán que escribir la letra pequeña del desengaño que ha supuesto el regreso de las reglas fiscales en la UE (como pata fundamental el Pacto de Estabilidad y Crecimiento), cuyo marco principal se acordó a finales de 2023, bajo la presidencia europea de España, y que fue aprobado por los eurodiputados en febrero de este 2024. El riesgo es que un Ejecutivo comunitario muy sesgado por las visiones neoliberales de la derecha y la ultra derecha aprovechen este marco para traer del pasado lo peor de la pesadilla de la austeridad.

“El acuerdo [...] era necesario, tras cuatro años con las reglas suspendidas, para trasladar a los mercados financieros un mensaje de unidad, estabilidad y solvencia en un contexto geopolítico dominado por la incertidumbre”, apunta el informe del CES. Pero, “el principal objetivo de la nueva gobernanza fiscal sigue siendo propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60% del PIB (Producto interior bruto), una cota numérica poco realista teniendo en cuenta los niveles de endeudamiento actuales [tras el histórico golpe de la pandemia] y la necesidad de mantener elevados niveles de inversión en los próximos años, pero que se ha mantenido porque figura en los Tratados [de la UE]”, se resigna el mismo texto.

El Banco de España ya ha calculado que el nuevo 'corsé' fiscal supondrán un ajuste de hasta 10.000 millones de euros cada año en nuestro país. Con “ajuste” hay que entender básicamente recortes en el gasto público (en educación, en sanidad, en infraestructuras, en inversiones estratégicas...), en combinación o no con subidas de impuestos. En definitiva, recetas de austeridad presupuestaria, que tan caras le salieron a la sociedad española (y a Grecia, y a Portugal...) tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Y que la respuesta social y radicalmente diferente a los shocks encadenados de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania parecía haber enterrado.

Objetivamente, las nuevas reglas fiscales son más flexibles que las anteriores. En resumen, cuando el déficit público (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos) supere el 3% del PIB –España cerró 2023 con el 3,7% tras reducirlo drásticamente desde 2020 por el crecimiento económico y la histórica creación de puestos de trabajo–, los países de la UE deberán rebajarlo en 0,5 puntos porcentuales al año. En el acuerdo, “se ha mantenido la exclusión del gasto cíclico en desempleo”. Respecto a la deuda, cuando se supere el 90% del PIB, tiene que recortarse al menos en un 1 punto anual. En el caso de nuestro país, el endeudamiento se quedó en el 107,7% al cierre de 2023. Desde aquí, la mayor flexibilidad del nuevo 'corsé' hay que buscarla en el margen de cuatro años para lograr los objetivos, que puede ampliarse a siete, en caso de que haya reformas estructurales. Por último, bajo este marco, la Comisión Europea tiene el encargo diseñar un análisis de sostenibilidad de la deuda específico para cada país.

De esta manera, la senda concreta de “ajuste” a la que se enfrenta España en los próximos años no se conocerá hasta que el Consejo Europeo apruebe el plan fiscal-estructural que el Gobierno de coalición presentará en septiembre de 2024, previa negociación con el Ejecutivo comunitario. “En todo caso, la mayor o menor intensidad del ajuste dependerá de diversos factores, como la duración del periodo del plan (que puede alargarse hasta los 7 años); de que se logre sortear la apertura de un procedimiento por déficit excesivo, que incorpora reglas más estrictas, dado que el Gobierno prevé alcanzar la cota del 3% de déficit en 2024; del efecto que puedan tener las reformas e inversiones que se están acometiendo sobre el crecimiento del PIB a medio plazo y también de la metodología que finalmente se acuerde para realizar el análisis de sostenibilidad de la deuda al que se ancla todo el sistema, y que reviste una enorme complejidad no exenta de controversia”, reflexiona el Consejo Económico y Social en su última 'Memoria socioeconómica y laboral de España'.

“Se ha perdido la oportunidad”

El gran problema es que son normas que siguen “dificultando políticas anticíclicas”, concluyen en el CES. O lo que es lo mismo, siguen dificultando políticas que alivien las consecuencias de las crisis. Medidas como las tomadas por el Gobierno de coalición (de protección de las rentas de las familias y las empresas a costa de disparar el déficit presupuestario y el endeudamiento) desde que el anterior corsé fiscal fue suspendido como respuesta al histórico shock de la pandemia. Unas políticas muy distintas a la austeridad que siguió a la gran crisis financiera.

De nuevo: ¿para qué sirven unos objetivos fiscales si hay que suspenderlos cuando hay una crisis? “El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se eliminó durante la pandemia porque nadie podía cumplirlo. Era la ocasión para cambiarlo, pero se ha perdido la oportunidad”, incide Fernando Luengo, economista del consejo científico de Attac. “La austeridad tiene un impacto enorme: es llevarnos de cabeza a la recesión, y al estancamiento, y a renunciar a las reformas que se necesitan [en la lucha contra el cambio climático, en la transición digital, en la reducción de la desigualdad...]”, prosigue este experto.

Las primeras consecuencias ya se están viendo. El Ministerio de Hacienda y de Economía vienen defiendo en los últimos meses “la responsabilidad fiscal” de España y que será capaz de dejar el déficit en el 3% del PIB este año y en que la deuda pública descenderá al 105,5%. De cumplirse, el desendeudamiento de nuestro país será de cerca de 20 puntos porcentuales “en apenas 4 años por el dinamismo de la actividad económica [crecimiento, creación de empleo y el récord de recaudación que ambos factores han conllevado]”.

Unas metas que se conseguirán sin haber aprobado Presupuestos Generales (PGE) en 2024, a los que el Gobierno de coalición renunció en el arranque del ejercicio por el accidentado calendario electoral que había por delante (elecciones en Euskadi, en Catalunya, y las europeas de este domingo) y por la dificultad que la aritmética parlamentaria implica para negociar y conseguir mayorías. Carlos Martín Urriza, el portavoz de economía y hacienda en el Congreso de Sumar, el socio del PSOE en el Ejecutivo, sospecha que el partido del presidente, Pedro Sánchez, abandonó los PGE (y, por tanto, también renunció a distintos compromisos de gasto) precisamente para “dejar el déficit en el 3% y salir del procedimiento de déficit excesivo antes de tiempo”.

“Todo lo que ha pasado tiene una lógica, aunque se presente de otra manera. Nosotros esto no lo compartimos porque para nosotros la prioridad es el pleno empleo y el mejor colchón fiscal para la siguiente crisis es llegar con el mercado de trabajo más ancho posible”, dice el diputado de Sumar. “El riesgo es que vuelva el 'austericidio' y quedemos descolgados del progreso, de la transición verde y la revolución digital”, finaliza.

Mientras, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ya ha adelantado que en 2025 España reducirá el déficit al 2,5%, y el endeudamiento al 104,1%. Eso sí, gracias, principalmente, al crecimiento económico. La meta del 2,5% de déficit del próximo año es “particularmente importante” porque “nos permitiría tener superávit en términos primarios [es decir, descontando la carga de los intereses que pagan por la propia deuda]”, detalla.

Necesidad de inversiones frente al corsé fiscal

En un informe del Real Instituto Elcano, Judith Arnal y Enrique Feás advierten de que “la UE parece estar quedándose económica y tecnológicamente atrás respecto a Estados Unidos”, y apuntan a la necesidad de abordar importantes inversiones, en línea con numerosas voces en toda Europa, que chocan con el impacto del 'corsé' fiscal.

Hay riesgo de austeridad fiscal, “y se ha sacado de la agenda la ampliación del presupuesto comunitario [apenas es un 1% del PIB de la UE, un 2% con la financiación del Plan de Recuperación y del programa SURE para los ERTE de la pandemia], la mutualización de la deuda, la prohibición de los paraísos fiscales, la progresividad de los impuestos y la competencia desleal entre países...”, insiste Fernando Luengo, quien observa que, en cambio, avanza la militarización y las peticiones de más prepuesto para defensa. Se ha revivido “la lógica de la austeridad presupuestaria en un contexto de moderado crecimiento y debilidad inversora, y cuando se necesita movilizar una gran cantidad de recursos públicos, tanto sociales como productivos”, añade.

Nacho Álvarez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y ex responsable de economía primero de Podemos y por un breve periodo de Sumar, echa la vista atrás. “La experiencia durante la crisis del coronavirus ha sido crucial. Varoufakis (y también Jorge Uxó, Fernando Luengo y yo, en el libro 'Fracturas y crisis en Europa', que publicamos en 2013) planteamos hace una década la necesidad de mutualizar las deudas europeas para avanzar en la posibilidad de tener una capacidad fiscal central comunitaria, que permitiese avanzar hacia un mejor diseño de la UE. En 2010-2014 aquello fue imposible (el gobierno alemán se negó sistemáticamente a hacerlo). Sin embargo, en julio de 2020 los líderes europeos acordaron precisamente utilizar esa vía, que parecía proscrita. Los resultados positivos han sido evidentes: una rápida recuperación tras la pandemia, actuando conjunta y solidariamente. Es una prueba de que es posible avanzar hacia un mejor diseño de la UE”.

Es posible, aunque “muy difícil”, opina Judith Arnal, analista del CEPS y del Real Instituto Elcano. Esta experta pone de ejemplo el bloqueo por parte de Italia del Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que introduce “el respaldo común del Fondo Único de Resolución (FUR)” ante futuros problemas bancarios. “Si el Tratado MEDE sigue sin ratificarse, el FUR comenzará en 2024 sin ningún respaldo presupuestario público mutualizado [entre los países que comparten el euro]”, recalca Judith Arnal, quien se extraña de que Italia lo mantenga paralizado, ya que es “normalmente un gran Estado miembro de la eurozona que favorece el reparto de riesgos”.