Las comunidades autónomas abandonaron esta semana la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) levantadas en armas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó a los consejeros de su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva doce años caducado, y solo recibió el apoyo explícito de la representante catalana, Alícia Romero (PSC). Sin embargo, y a pesar de que Madrid habló de “corrupción de estado” e incluso la socialista Castilla-La Mancha tachó de “chantaje” el modelo que se les presentó, los silencios y las evasivas contaron mucho más que las palabras gruesas de los dirigentes regionales.
Porque la propuesta del Gobierno central, lejos de imponer un “concierto solidario”, un “cupo catalán” o una “financiación singular” que tantos titulares han ocupado desde el verano de 2024, supone una evolución del modelo actual con una inyección de casi 21.000 millones de euros solo en 2027, cuando debería entrar en vigor si se cumplen los plazos de Hacienda y los deseos de La Moncloa de atar la mayoría de la investidura.
Esta cifra, que supone en torno al 1,2% del producto interior bruto (PIB) español, implica que las comunidades autónomas, que soportan el grueso del gasto social del Estado, dispondrán en total de 224.507 millones procedentes del sistema de financiación, alrededor del 13% del PIB.
Por eso consejeros tan relevantes como el de Galicia, Miguel Corgos, dejaron en el aire si se adherirán al nuevo modelo o seguirán con el vigente, como les propuso Montero, ya que claramente les perjudica. “Es bastante improbable que esto se apruebe”, esquivó el responsable murciano, Luis Alberto Marín.
Los 20.975 millones de euros adicionales de los que dispondrán las comunidades autónomas –que salen de una mayor cesión de la recaudación del IRPF y del IVA, así como de transferencias del Estado– cubren casi el 40% del gasto en Educación de las comunidades autónomas del régimen común (es decir, salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con Haciendas forales propias) en 2024. Los recursos representan cerca de uno de cada cuatro euros que los ejecutivos regionales destinan a la Sanidad. Son más de siete veces su ejecución en materia de vivienda y más de seis lo que dedican a proteger el medio ambiente.
Estos datos salen de cruzar las cifras desgranadas por Hacienda en la presentación del modelo con los de la base de datos de la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG), una metodología diseñada por Naciones Unidas que divide el gasto público en diez divisiones en función de a qué se destinan: salud, educación, vivienda… Y, si bien los últimos datos son provisionales y correspondientes al 2024, muestran qué supone este volumen adicional de recursos sobre las principales partidas que soportan los Gobiernos regionales.
Casi el 60% del gasto en Educación de Murcia o Valencia
El consejero murciano aseguró que la propuesta de Montero “se ha pergeñado para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo”. Pero Murcia, que recibiría 1.188 millones según las estimaciones del Gobierno central, cubriría con esta financiación adicional el 58% de su gasto en Educación (2.051 millones) o el 35,5% de lo que destinan a Sanidad (3.347 millones), como se ve en el gráfico bajo estas líneas. El ‘extra’ del Estado supone el doble de lo que el Ejecutivo regional destina a políticas de vivienda o Protección social, que alcanza los 583 millones. Es también el doble de lo que invierte en Asuntos Económicos (donde se incluyen las partidas de transportes o en investigación, por ejemplo) o diez veces los recursos destinados a proteger el medio ambiente.
El nuevo consejero de Hacienda de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, evitó a los periodistas a la salida del CPFF pero, en declaraciones a la televisión autonómica Á Punt, tachó de “chantaje” la propuesta de Montero. Lo hizo apenas unos días después de decir que “no pinta mal” y ser corregido por el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
La Comunitat Valenciana, junto a Murcia la región más perjudicada por el modelo en vigor, recibiría 3.669 millones de euros en recursos adicionales. O lo que es lo mismo, el 56,7% de lo que gasta anualmente en Educación o el 35,8% de lo que destina a Sanidad. La financiación ‘extra’ que supondría este nuevo sistema que ha propuesto el Gobierno central cubriría más que de sobra el gasto conjunto en protección social y vivienda (2.372 millones), así como las inversiones que se inscriben en las partidas de Asuntos Económicos (2.033 millones) o siete veces lo que destina la región a Medio ambiente (502 millones).
Montero señala al PP como “beneficiado” por la financiación
Por Andalucía, la consejera Carolina España tachó el “modelo de financiación Montero”, como “champán y caviar” para el independentismo y “el menú del día, pero sin postre” para el resto de las comunidades. Las declaraciones las hizo a su llegada al Ministerio de Hacienda, ya que a la salida del CPFF no quiso responder a los periodistas presentes.
El “menú del día” de Andalucía son 4.846 millones de euros adicionales, la comunidad más beneficiada en términos absolutos, que suponen el 43% del gasto en Educación o uno de cada tres euros que se destinan a la Sanidad. Con los fondos ‘extra’, el Gobierno de Juanma Moreno cubriría casi el doble de las inversiones combinadas en Vivienda y Políticas sociales (2.645 millones) o cinco veces lo que destinan a Medio Ambiente (862 millones).
La vicepresidenta Montero dedicó especial atención a las cuentas para Andalucía, toda vez que en unos meses concurrirá en el territorio como candidata del PSOE a la Junta. En la rueda de prensa tras la reunión recordó que será la región recibirá más de lo que reclamó Moreno Bonilla: “El presidente de la Junta de Andalucía pidió 4.000 millones”. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya”, insistió, recordando que 15.000 millones irán directamente a las comunidades del PP (si no renuncian a estos recursos). “Si hay un partido que se beneficia de estas medidas, es sin duda el PP”, zanjó la vicepresidenta.
El “chantaje” a Castilla-La Mancha: 1.248 millones
Entre sus propias filas la vicepresidenta tampoco halló mayores apoyos. Asturias se dejó querer, aunque sin estar muy convencidos. Y Castilla-La Mancha se sumó a la teoría del “chantaje”, pero su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, pasó un mal rato tratando de explicar por qué los 1.248 millones de más que recibirían de aprobarse el nuevo sistema dejan en mala posición a su comunidad. “Nosotros venimos sufriendo un modelo que nos está perjudicando. Con estos datos, Castilla-La Mancha seguiría estando por debajo de la media”, aseguró.
¿Cuánto suponen los fondos extra para el Gobierno que lidera Emiliano García-Page? Le permitiría pagar el 51,5% de la Educación o el 29,7% de la Sanidad. Cubriría de sobra el gasto combinado en vivienda y protección social (921 millones) y también el de medio ambiente (212 millones).
Catalunya, a pesar de las afirmaciones de Montero, sí será una de las grandes beneficiadas del nuevo modelo. No solo porque recibirá más recursos a través de la mayor proporción del IVA y el IRPF, que al ser una economía más grande garantiza una recaudación superior, sino porque gracias a otros ajustes (como la posibilidad de recibir el IVA de las pymes o el Fondo climático, que beneficia a las comunidades mediterráneas) la propuesta dota con 4.686 millones adicionales a la región.
Con estas cifras, la Generalitat podría financiar la mitad de su gasto en Educación (49,2%), o una cuarta parte (27,8%) del sanitario; casi todo su gasto en vivienda y protección social (4.776 millones) y prácticamente todas sus inversiones económicas (4.563 millones).
Incluso Madrid, cuya consejera, Rocío Albert, dijo que la propuesta era “corrupción de Estado” y que “no vamos a aceptar lo que quieren los independentistas, ni mucho menos lo vamos a sufragar” recibirá una notable inyección de dinero público: 2.555 millones. Suficiente para pagar el 35% del gasto en educación o el 20% de lo que invierten en Sanidad.
Las grandes cifras van a estas comunidades, mientras que el resto recibirán cuantías más modestas, pero superiores a las que percibirán con el modelo en vigor. En el caso de Extremadura y Cantabria, las más beneficiadas por el reparto actual, el Gobierno ha incluido un mecanismo para garantizar que no solo no pierden, sino que reciben 216 y 46 millones más, respectivamente.
Hacienda se abre a una financiación “finalista”
Si bien las comparaciones dan cuenta de la magnitud de los recursos que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, el reparto del sistema de financiación no es “finalista”, tal y como recordó la vicepresidenta Montero, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteara que parte de los fondos se destinen a la construcción de vivienda.
“Dentro del CPFF se ha trasladado con mucha claridad que las comunidades autónomas no quieren perder autonomía política o financiera. Curiosamente, las comunidades dicen esto a partir de los límites al dumping fiscal que la propuesta plantea cuando se explicó. Sin embargo, no lo dicen cuando el presidente de su partido traslada que sean finalistas”, ironizó la ‘número dos’ del Ejecutivo. “Si el PP plantea que el dinero vaya a vivienda, o una parte, de acuerdo. Y el resto del dinero que tenga como destino la sanidad pública de titularidad pública, la educación pública de titularidad pública”, subrayó.
Las reacciones de los expertos al nuevo sistema han sido mixtas. Algunos, como Ángel de la Fuente, de Fedea, celebran la existencia de “elementos prometedores”, pero alertan de otros “francamente negativos”. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, Violeta Ruiz Almendral, apuntó a través de una publicación en LinkedIn que, si bien la propuesta “seguro que tiene puntos de mejora”, “parece seguir el esquema básico o fórmula de la financiación autonómica que ha avalado el Tribunal Constitucional”. Y una agencia de calificación tan relevante en la historia económica reciente de nuestro país como es Standard & Poor’s dio el aval a la propuesta, aunque con dudas de que prospere en el Congreso.
Con todo, gran parte de las dudas que ha supuesto la propuesta del Ministerio de Hacienda tienen que ver con el papel del Estado. Los casi 21.000 millones de euros restan margen de maniobra al Gobierno central en un momento en el que las presiones de gasto sobre sus competencias se va a incrementar notablemente, como alerta el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez-López. El envejecimiento va a engordar el gasto en pensiones, que ya está cubierto en buena parte por las transferencias a la Seguridad Social. Y el Ejecutivo se ha comprometido a destinar el 2% del PIB a Defensa, una referencia que va a aumentar en términos nominales conforme crezca la economía.
El Gobierno iniciará a partir de la semana que viene una serie de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de ley con la reforma del sistema. Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y pase los trámites de audiencia pública, debería pasar por un nuevo pleno del CPFF para, esta vez sí, ser votado por los Ejecutivos regionales. El Ministerio de Hacienda confía en que la ley esté en el Congreso antes de junio y que pueda aprobarse antes de finales de año, para que ya esté en vigor de cara al ejercicio 2027.