Realquileres, datos fiscales y comunidades de vecinos: los últimos frentes abiertos de Airbnb y otras plataformas
Las plataformas turísticas afrontan la temporada alta con varios frentes abiertos. La polémica alrededor de estas webs que ofertan viviendas turísticas ha ido mutando en los últimos veranos. Si en un primer momento era una batalla entre el sector hotelero tradicional y las nuevas formas plataformas, pronto entraron en conflicto los vecinos de algunos barrios con mayor concentración turística y algunas administraciones. De fondo surge el debate sobre el impacto del boom turístico que vive España, la sostenibilidad y el modelo turístico que se busca.
En los últimos días han saltado varios casos de realquileres de apartamentos en los que inquilinos de algunos pisos ponían en alquiler la vivienda a través de la plataforma. Montse Pérez alquiló su piso de la Barceloneta, pero su inquilino decidió realquilarlo en la plataforma sin licencia turística y sin permiso, según contó La Vanguardia. Se embolsaba unos 8.000 euros al mes cobrando entre 200 y 250 euros por noche, según la temporada.
El Ayuntamiento de Barcelona contabiliza 316 viviendas realquiladas a turistas por los vecinos. La cifra supone un 10% de los 3.000 expedientes abiertos por el consistorio a pisos que se anuncian en la plataforma. Esos casos ponen en duda el control que ejerce la plataforma sobre los pisos. Fuentes de la plataforma explican que piden a todos los anfitriones que certifiquen que tienen derecho a anunciar su espacio. “Les recordamos que comprueben y sigan las leyes locales antes de que anuncien su espacio y a lo largo del año”, aseguran.
La plataforma habla, en general, de que tienen un equipo interno para llevar a cabo este control y que en algunos casos “excepcionales” que ocurren actúan de forma “muy rápida” aunque no dan ningún marco temporal. “Cuando es posible, animamos a que las partes implicadas resuelvan las disputas privadas directamente entre ellos. Cuando no es posible, Airbnb facilita un proceso de comunicación entre ambas partes, de manera que ambas partes puedan llegar a la resolución del problema”, dicen desde la empresa.
Preguntados sobre el protocolo que utilizan en los casos de quejas de realquiler, fuentes de Airbnb aseguran tenerlo pero no lo detallan.
Datos para Hacienda
El borrador de un decreto que el ministerio de Hacienda somete a consulta pública ha vuelto a poner el foco en el tema de los impuestos y los alojamientos turísticos. En este documento sometido a audiencia pública se incluye un apartado por el que se obligará a las plataformas a presentar un informe periódico con los datos de los propietarios (y el de las empresas que lo gestionen en el caso de tenerlo así), el precio del alquiler y el de los inquilinos. La fecha límite para presentar observaciones finaliza el 21 de julio.
Airbnb ya se ha pronunciando asegurando que esta medida va contra la normativa europea de protección de datos. “Los datos personales están sujetos a leyes de protección de datos y privacidad muy estrictas, pero siempre estamos dispuestos a dialogar sobre cómo podemos trabajar juntos para facilitar el pago de impuestos para todo el mundo”, dicen en un comunicado. Aunque la plataforma no ha confirmado si presentará algún tipo de observación a esta normativa.
Homeaway, la otra gran competidora de Airbnb, asegura que está estudiando la normativa en cuestión para ver cómo encaja jurídicamente. “Estamos dispuestos a hablar con Hacienda para ver cómo podemos colaborar. Estamos analizando el texto y las implicaciones esto tendría”, explicaba Joseba Cortázar, director de relaciones institucionales de Homeaway en la presentación del IV Barómetro Sobre Alquiler Vacacional. Añadía que su caso es diferente al de otras plataformas puesto que tienen una parte del sistema que permite que algunos pagos sean fuera de la plataforma, por lo que no tendrían control sobre estos datos.
Las comunidades de vecinos
Además de las regulaciones nacionales, las plataformas se ven afectadas por las normativas turísticas de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid prepara un nuevo decreto para sustituir a la normativa de 2014 y que somete a un proceso de Consulta de Anteproyectos de Ley en el portal de Transparencia de la Comunidad. El plazo de participación está abierto hasta el 13 de julio.
En la web, han colgado una breve memoria de tres páginas donde se esbozan a grandes rasgos algunas de las medidas que quieren incluir en el nuevo decreto, entre ellas la posibilidad de que sean las comunidades de vecinos las que prohíban en sus estatutos que haya alojamientos de turísticos en ellas. Pero además apunta que será necesario que la vivienda tenga un certificado de idoneidad aunque no se especifica cómo se podrá conseguir.
Airbnb no se pronuncia sobre una propuesta que aseguran que no han visto el texto completo y que esperan poder trabajar con la Administración. Por su parte, Cortázar explica que la Comunidad de Madrid no está hablando de nada nuevo y que la capacidad de de las comunidades de vecinos está regida por la ley de propiedad horizontal.
Tras todos estos focos del conflicto que se están generando alrededor de los apartamentos turísticos se encuentra el boom turístico donde se siguen batiendo récords de llegadas y España sigue en las primeras posiciones de los rankings. El debate que se plantea es dónde está el límite del turismo y si hay destinos (o temporadas) que se encuentran ya sobresaturados.
Por el momento, los datos siguen al alza. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señalaba hace unos días que a España le espera “un verano muy bueno”, con un incremento del 8,9% en el número de visitantes extranjeros entre mayo y agosto. De estos, 21,5 millones de visitantes internacionales lo harán entre julio y agosto.
