El Gobierno ha decidido mantener la flexibilidad para las Comunidades Autónomas y permitirá que los Ejecutivos regionales incurran en un déficit del 0,1% del producto interior bruto (PIB) en los próximos tres ejercicios, de acuerdo con la senda de estabilidad que propondrá la vicepresidenta María Jesús Montero durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este martes.
Según fuentes conocedoras, las comunidades contarán con un margen fiscal de 5.485 millones en el próximo trienio, frente al equilibrio presupuestario con el que tendrán que elaborar sus Cuentas públicas en el caso de que no salga adelante.
El Ministerio de Hacienda ya ofreció esta flexibilidad en la senda de estabilidad que presentó el año pasado y que fue rechazada en el Congreso de los Diputados, entre otros, con el voto negativo de Junts. En la senda que se aprobó en 2024, pero que tampoco fue refrendada por las Cortes, las comunidades autónomas tenían que cerrar el ejercicio 2026 con un superávit del 0,2%, lo que suponía unos ahorros cada año de 3.400 millones.
Con la senda de estabilidad, el Gobierno da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos, ya que la presentación de este lunes es preceptiva, como paso previo a que el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto y los objetivos de déficit. Estos últimos han de ser aprobados por las Cortes, no así el tope de gasto no financiero.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fue reformada el año pasado, establece que el Gobierno tiene que aprobar esta senda y ha de ser avalada por el Congreso y el Senado. En el caso de que esta cámara los rechace, los diputados pueden levantar el veto.
Si la senda es rechazada, Hacienda tiene un mes de plazo para presentar otra nueva en el Consejo de Ministros y enviarla al Congreso. Pero si recibe la negativa de las Cortes de nuevo, se crea una especie de limbo legal en el que el Gobierno asegura que las comunidades deberán tender al equilibrio presupuestario.
El Ejecutivo también ha avanzado a las comunidades autónomas las cifras de las entregas a cuenta para el ejercicio próximo, que se situarán en 157.731 millones, un 7% más que este año. Estos son los recursos principales de las regiones y proceden de la participación autonómica de la recaudación tributaria, un aumento que está soportado por el dinamismo de la economía. En total, si se cuentan los recursos adicionales procedentes de la liquidación de 2024, contarán con 170.300 millones de financiación.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha comparecido este lunes en el Congreso, ha confirmado, además, que este martes aprobarán una revisión del cuadro macroeconómico del Gobierno, con una proyección de crecimiento del PIB del 2,9%, dos décimas por encima de lo previsto anteriormente. Es la misma tasa que calcula la Comisión Europea, que ha actualizado sus guarismos este mismo lunes.
Este dinamismo de la economía, dicen desde Hacienda, es el que ha permitido actualizar al alza los recursos que avanzó el Ministerio en julio, cuando notificó por carta a los Gobierno autónomicos que recibirían 156.990 millones de euros.
La reunión de este CPFF llega cuatro meses más tarde de lo que es habitual, ya que tradicionalmente el Gobierno se reúne con los consejeros de Hacienda autonómicos en julio, como trámite previo a arrancar los procedimientos presupuestarios. Este año, la cita se pospuso a pasado el verano y el Ejecutivo manejaba la posibilidad de presentar una propuesta de un nuevo modelo de financiación, ya que el vigente lleva caducado desde 2014. Este asunto se ha rebajado a un debate sobre el estado de la cuestión.