Gustavo Petro amputa 150 millones de euros a Sacyr en la mayor obra ambiental de Colombia
La parálisis de la mayor obra ambiental en Colombia tiene por protagonistas a la constructora española Sacyr y al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro. La construcción del Canal del Dique —adjudicada por concurso público en noviembre de 2022— se halla estancada en una fase “preoperativa”. Mientras tanto, las poblaciones ribereñas del norte del país siguen sujetas al capricho e intensidad de las frecuentes lluvias y sus estragos. El proyecto, tasado en 690 millones de euros, resulta vital para contener el desborde de las aguas; o mejorar su calidad en este brazo artificial que conecta al mar Caribe, en la bahía de Cartagena de Indias, con el río Magdalena, quizás el más importante del país
El Gobierno de Petro y las autoridades ambientales y de infraestructura han mostrado algo de resistencia al plan social y ecológico de la constructora española. Y aun así, en Colombia no ha dejado de causar sorpresa el recorte unilateral por casi 150 millones de euros (al tipo de cambio actual) anunciado hace unos días por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de la obra en 2025. Con esta medida, el Ejecutivo deja un agujero financiero del 83,61% a lo pactado para el año pasado. Su avance entra una vez más en una zona gris.
Las razones expuestas por Hacienda responden a la frágil situación fiscal del Estado colombiano, agobiado por el pago de intereses de su alta deuda soberana, el creciente gasto público y la aún modesta recaudación fiscal. Esos son, al parecer, los resortes tras el tijeretazo. Sacyr ha informado, a través de una portavoz, que la empresa española no dará declaraciones porque el único “autorizado” es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Con ello evidencia el tira y afloja habitual entre la operadora española y un puñado de despachos oficiales encargados de la inspección y supervisión de una megaobra que acumula tensiones y retrasos.
La ANI, agencia oficial adscrita al Ministerio de Transporte, ha salido al paso para sumar una dosis de confusión con un comunicado firmado el 28 de enero en el que precisa que, como gestora de la concesión, “ha desembolsado más de 217.477 millones de pesos (unos 51 millones de dólares, al tipo de cambio actual) al patrimonio autónomo, garantizando un manejo eficiente y responsable de los fondos públicos”. El compromiso de la entidad, añade, es pasar a la fase constructiva en el segundo semestre de 2026, pero no ha mencionado el hachazo de Hacienda.
Por contra, el Tribunal de Cuentas colombiano sí ha expresado su inquietud por la deriva del proyecto ambiental. De acuerdo con un comunicado del ente de control publicado el pasado miércoles, la medida del Gobierno progresista supone un riesgo fiscal enorme para la región Caribe y el país. Critica, así mismo, que se haya tomado de manera unilateral. Y advierte de que el Estado colombiano se expone al pago de multas, intereses de demora y otras compensaciones no previstas en el presupuesto original.
En paralelo al pulso burocrático, la lista de afectaciones por las crecidas en los pueblos de la ribera del norte es crónica: miles de familias evacuadas, problemas sanitarios, viviendas inundadas y múltiples daños en los cultivos y la actividad pesquera. Se calcula que la población en primera fila de vulnerabilidad asciende a unos 100.000 habitantes. ¿En qué consiste la intervención ambiental? Contempla, entre otras, la construcción de dos enormes compuertas con esclusas para atenuar o filtrar la entrada de sedimentos al caudal del río.
Sacyr, sin embargo, ha tropezado una vez tras otra a la hora de acreditar los requisitos del Ministerio de Ambiente colombiano. “Nunca presentaron un estudio de impacto ambiental. Ello a pesar de nuestro acompañamiento e insistencia. Eso quiere decir que, desde la perspectiva de la licencia necesaria para poder avanzar, van en la etapa cero”, explica a elDiario.es, por mensaje de texto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez.
Algunos pobladores de la cuenca se han quejado, además, de la supuesta discreta voluntad de la compañía española para cumplir con su obligación legal de informar a la comunidad local sobre los impactos de la construcción. Se trata de pueblos campesinos, negros y palenqueros, descendientes directos de esclavos africanos del periodo colonial, con altos índices de pobreza y desigualdad. “Además de los términos de referencia específicos que fueron emitidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), hicimos un alcance en agosto de 2025 con el propósito de evitar que un proyecto grande y complejo como este termine por impactar a los habitantes. Era una medida de criterio para evitar lo que se conoce como racismo ambiental”, subraya Vélez.
Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia, deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los 115 kilómetros de extensión del Canal del Dique durante 15 años. No sin antes sortear los escollos regulatorios. Una situación que no supone ninguna novedad. La empresa ya ha recibido más de una multa, librado varios pleitos y procesos de arbitraje internacional por sus obras en Colombia. Se trata de un operador que, desde 2012, ha adelantado un sinnúmero de proyectos de infraestructura vial y concesiones. Algunos han sido clave para mejorar la atrasada red de carreteras y autopistas del país sudamericano. Otras, sin embargo, han tenido controversias por la modesta calidad constructiva, demoras en la entrega o sobrecostes.
De cualquier forma, el ingeniero civil Rodrigo Fernández, experto en licitaciones y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluye subrayando un asunto de fondo: “Los anuncios del Gobierno a veces crean desconcierto. Los parámetros y estructura de los contratos vigentes se deben cumplir de parte y parte. Es inaceptable que Petro utilice recursos que ya están comprometidos para una obra, escudado en la emergencia económica, como si fuera una fuente de ahorro de la Nación”.