El Ministerio de Hacienda presentará una propuesta de reforma del sistema de financiación autónomica en los próximos dos meses, como tarde en febrero de 2026, donde se reconocerán tanto singularidades como generalidades, para dar encaje al nuevo modelo pactado para Catalunya, y también las relaciones bilaterales y multilaterales entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta de reforma integral de la financiación autonómica donde irán “implícitas” todas las variables del nuevo sistema, desde la población ajustada (el cálculo que utilizan para matizar los recursos por habitante en función de sus necesidades) o los distintos fondos de compensación. Así, cada comunidad podrá ver “cómo se comporta globalmente el sistema de financiación para su territorio”.
“Nuestra idea es convocar un CPFF exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica. Esto será en el mes de febrero, como muy pronto a finales de enero, si podemos terminar de ajustar los números que tenemos diseñados”, ha dicho la 'número dos' del Gobierno en rueda de prensa tras la cita con los consejeros.
Si bien Montero no ha entrado en el detalle de esa propuesta, escudándose en que aún no están cerradas las cifras, se ha comprometido en que “ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada” y que se mantendrán los recursos que reciban para financiar los servicios públicos.
Este modelo, a pesar de que reconozca “singularidades o particularidades territoriales”, será aplicable a todas las comunidades del régimen común, ha dicho la vicepresidenta, recogiendo “de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos” la solidaridad interterritorial.
Montero ha explicado también que ese modelo “reforzará y aumentará” la capacidad normativa de las comunidades autónomas, pero que será en un contexto de “corresponsabilidad fiscal” y respeto a su autonomía, con un modelo de gestión en red de las administraciones tributarias autonómicas con la estatal.
Preguntada al respecto, y en relación con el “dumping fiscal” del que se acusa a comunidades como la madrileña, la vicepresidenta se ha declarado “partidaria de que de alguna o de otra forma se contemplen desincetivos para el dumping fiscal”.
La propuesta no ha gustado a los Gobiernos regionales dirigidos por el PP, los más numerosos en el CPFF, pero que no han evitado que la propuesta saliera adelante con el voto de las autonomías gobernadas por el PSOE.
El consejero de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha tachado de “cuento de la lechera” la oferta puesta encima de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que se ha hablado de “generalidades” y no ha habido concreción en cuanto a los parámetros por los que se regirá la propuesta.
“Lo que no se ha hecho en ocho años, nos dicen que se va a hacer en dos meses”, ha criticado el consejero regional, del PP.
Después de cuatro horas de reunión, en la que la financiación autonómica se ha debatido en último lugar, los consejeros han criticado que Montero haya tratado de “hacer un círculo de un cuadrado”, como ha señalado la titular de Economía madrileña, Rocío Albert.
“La señora Montero nunca defrauda: ha vuelto a mentir a todos”, ha dicho a la salida de la cita con el resto de responsables autonómicos de finanzas, que han reclamado que se cuente con su concurso para el diseño y la aprobación de este nuevo sistema. Albert ha achacado la indefinición en la propuesta por la doble condición de Montero de ministra de Hacienda y candidata a las elecciones andaluzas de 2026.
El CPFF se reunía este lunes con el objetivo de dar el visto bueno a la nueva senda de estabilidad que este martes aprobará el Consejo de Ministros, en el que Hacienda ha mantenido el margen de gasto a las autonomías que ya diseñó el año pasado, aunque no recibió el visto bueno del Congreso. En concreto, permitirá que incurran en un déficit del 0,1% del PIB durante los tres ejercicios siguientes, lo que supone unos 5.500 millones de capacidad de gasto adicional.
Las autonomías dirigidas por el PP han criticado que el Ejecutivo se reserve el grueso del objetivo de déficit, que será del 2,1% para el ejercicio próximo, y permita a los Ejecutivos regionales unos números rojos de unos 1.700 millones para 2026, cuando son las responsables del 35% del gasto público.