Pensiones pagadas con fondos europeos: una polémica inflada por la derecha que ha topado con la Comisión Europea
Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el cierre presupuestario de 2024, amplificado por la derecha política y mediática ha provocado su particular efecto mariposa. De titulares y redes sociales en España, en plena campaña electoral en Andalucía con la exministra de Hacienda como candidata, dio el salto a la política alemana, con sus conservadores ansiosos de hincar el diente a la exitosa racha económica de España.
El órgano fiscalizador de las cuentas públicas publicó el pasado 5 de mayo, al filo de las 13:30 horas, su dictamen sobre la Cuenta General del Estado 2024, un informe que elabora la Intervención General del Estado (IGAE, dependiente de Hacienda) y al que el organismo dio su aprobado “con opinión favorable”, pero presentó ciertas salvedades.
Entre ellas, que el Gobierno autorizó dos modificaciones presupuestarias de créditos [partidas presupuestarias] “sobrantes” asociadas al Plan de Recuperación (es decir, financiadas con fondos europeos) por valor de 2.389,4 millones de euros “para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas”.
Suficiente para dar pie a titulares en medios, editoriales en televisión, y mensajes en redes de habituales usuarios críticos de los impuestos, miembros de presuntos ‘think-tanks’ liberales y, también, políticos del PP.
Uno de sus portavoces económicos en el Congreso, Jaime de Olano, escribió lo siguiente: “Ni Sánchez ni Carlos Cuerpo comparecen para rendir cuentas por el desvío de fondos europeos a gasto corriente (pensiones, IMV…). Pero nos tenemos que tragar a Albares hablando de una flotilla de vividores que se fueron de crucero por el Mediterráneo. ¡Son una banda!”. También la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, lo tachó de “ingeniería financiera” y “chapuzas para sobrevivir”.
Esta semana, su portavoz en el Senado, Alicia García, intentó poner contra las cuerdas al vicepresidente Carlos Cuerpo con una intervención en la que hiló todos los tópicos habituales: desde el caso Ábalos al hantavirus, pasando por los fondos europeos. En ello insistió también el senador Gerardo Camps: “La pregunta que miles de pensionistas tienen derecho a preguntarse es inquietante: si no hubieran existido los fondos europeos, ¿habría podido este gobierno ejecutar con normalidad el pago de las pensiones?”.
Créditos “sobrantes” en la prórroga presupuestaria
La controversia no es más que otra de las consecuencias de la prórroga presupuestaria en aquel año y, como detalló el Ministerio de Hacienda, el empleo de unos créditos “sobrantes” a la hora de adaptar las cuentas de 2023 a 2024. Y lo que afeó el Tribunal de Cuentas no es tanto que la liquidez procediera de Europa, como de unas partidas del Presupuesto cuyos retoques “se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados”.
El Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2023 una cláusula que le permitía efectuar modificaciones presupuestarias con un simple acuerdo de Consejo de Ministros y sin necesidad del aval del Congreso. Era una herencia del periodo pandémico, lo que le otorgaba flexibilidad suficiente para adaptar las cuentas en caso de un rebrote de la enfermedad. Y es lo que ha permitido a La Moncloa pasar dos ejercicios completos, y parte de un tercero, sin unos Presupuestos actualizados.
El vicepresidente Cuerpo justificó en el Senado la legalidad de la medida, recordando que las modificaciones presupuestarias son un “instrumento ordinario”. “Los fondos del Plan de Recuperación se destinan exclusivamente a los proyectos e inversiones recogidos en el Plan de Recuperación y esto forma parte de su éxito”, subrayó.
Ya Hacienda explicó, en las alegaciones al documento del Tribunal de Cuentas, que el Plan de Recuperación es “novedoso” ya que los desembolsos por parte de la UE se producen por el cumplimiento de una serie de hitos y objetivos en base a un calendario pactado con la Comisión. “Existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos”, detalla el documento, que va más allá y dice que las partidas para el Plan de Recuperación incluidas en el Presupuesto (en el capítulo 50) “se financian con todos los ingresos estimados en el presupuesto, tributarios y no tributarios, y con el endeudamiento previsto”.
“Los créditos necesarios que en cada ejercicio debieran figurar en el servicio 50 no tienen por qué ser iguales. Lo normal es que sean distintos porque van a depender del ritmo de ejecución para alcanzar los hitos y objetivos que hayan sido previstos para la anualidad correspondiente”, detalló Hacienda, lo que justificó que, al adaptar las cuentas de 2023 a las de 2024, pudieran bloquearse unos créditos sobrantes que después se utilizaran para dar liquidez a otras necesidades.
Aval de la Comisión Europea
La marejada política que la utilización de los fondos europeos para pagar pensiones ha provocado en España se diluyó rápidamente cuando el vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, avaló este miércoles la legalidad de la medida del Ejecutivo del Pedro Sánchez. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, comentó el comisario europeo.
En el informe del Tribunal de Cuentas de España que ha originado la polémica se recalca que “esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio”, lo que podría provocar ciertas dudas sobre la idoneidad legal de la medida.
Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión tumbó las dudas legales al asegurar que “este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”.
Un extremo que ha provocado que el PP baje la presión, tras varios días inflando la polémica. Este mismo jueves, tanto Gamarra como el jefe económico de los populares, Alberto Nadal, prefirieron poner el foco en las prórrogas presupuestarias y no en ese “desvío” de fondos.
“La cuestión que ponen de manifiesto el Tribunal de Cuentas, y esa es la esencial, es que renglones presupuestarios que estaban pensados para políticas completamente distintas se han utilizado para financiar el incremento del gasto en pensiones de clases pasivas”, dijo Nadal, que habló de “dictadura presupuestaria” por parte de Pedro Sánchez.
Aunque el asunto sobre la licitud de la medida ya está zanjado, Fitto insistió en apuntar que “la Comisión es consciente del asunto y está revisando el informe del tribunal español sobre esta investigación relativa al uso de los fondos Next Generation EU”. La precaución del vicepresidente de la institución europea tiene que ver con la polémica orquestada por Alemania y Países Bajos sobre la utilización de instrumentos de deuda europea.
Un debate contra la deuda conjunta
Al igual que el PP en España utiliza esta falsa polémica para desgastar al Gobierno de Sánchez, en Europa los defensores de la austeridad se agarran a cualquier desavenencia en la contabilidad pública de los países del Sur europeo para impulsar su ofensiva contra nuevas emisiones de deuda conjunta en la UE. El momento es clave. Ya ha empezado la batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, con una clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea.
Mientras que un grupo de países –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia o Suecia– aspiran a recuperar la austeridad como fórmula presupuestaria, otros estados miembros –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia– quieren aumentar el gasto y hacer uso de la deuda. Por eso no es extraño que en esta guerra dialéctica haya entrado en juego el eurodiputado del PP europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, el alemán Andreas Schwab, que ha pedido la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España en un intento de alargar políticamente la polémica.
Alemania y Países Bajos lideran la ofensiva contra nuevas emisiones de deuda conjunta y han encontrado en los párrafos del Tribunal de Cuestas el asidero para relanzar sus ataques. Dirk Gotink, europarlamentario neerlandés también del PP europeo, declaró a Politico que la medida del Gobierno español “subraya que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es, en la práctica, apoyo presupuestario. Lo que antes hacíamos con países en desarrollo ahora lo estamos haciendo con países de la UE”.
Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el fondo de la UE para la recuperación tras la pandemia en el que se marcaban algunas “lagunas en la trazabilidad y la transparencia del gasto” ha alimentado el debate, aunque ya había un posicionamiento inicial por parte de los auditores en contra de la fórmula elegida para estos fondos europeos porque se trata de una financiación no vinculada a los costes. Incluso los auditores mencionan que “sus críticas llegan en un momento en que los legisladores de la UE negocian el próximo presupuesto de siete años de la Unión”, añadiendo un singular componente político.
Paradójicamente, entre las críticas a la trazabilidad que recoge el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, España está en la misma posición que Países Bajos entre los países cuyos “sistemas recopilan todos los datos de forma regular, excepto los costes reales”, mientras que Alemania “no recopila los datos en un sistema central y solo se pueden obtener solicitándolos a las entidades que implementan las medidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”.
El carácter político de esta polémica de apuntes contables tiene su claro reflejo en Alemania, donde la derecha del CDU y la ultraderecha de AfD se dedican a pelear por ver quién defiende mejor las contribuciones alemanas al presupuesto europeo frente al supuesto despilfarro de los países de la Europa del Sur, en una contienda de tintes populistas que oculta la debilidad económica de la que fue la locomotora europea.