La tasa europea contra el 'dumping' climático añade un nuevo foco de tensión de la UE con China y Rusia

La Unión Europea y la OTAN apuntan a Rusia y China. Hay una multitud de conflictos abiertos, algunos de los cuales abordaron recientemente en Ginebra Joe Biden y Vladímir Putin. Además, la UE no termina de encontrar el equilibrio con Reino Unido, al tiempo que Turquía es un socio imprevisible. Sin embargo, a partir de ahora, se añade uno nuevo motivo para la desestabilización: el gravamen (CBAM) anunciado este miércoles por Bruselas dentro del paquete de medidas contra el cambio climático (Fit for 55) a la importación de cemento, fertilizantes, hierro, acero, aluminio y electricidad producidos en países con estándares ambientales más bajos afecta principalmente de Pekín, Moscú, Ankara y Londres, los cuatro países con los que tiene abiertos más conflictos la UE.

“No lo hemos hecho a propósito, pero los países más afectados son aquellos con los que tenemos relaciones más difíciles”, apunta una fuente comunitaria: “Por la parte intermedia, se verán afectados Argelia, por el petróleo, y Mozambique, por el aluminio, por ejemplo. Pero Estados Unidos, poco, porque exporta pocas cosas con CO2”.

En Bruselas son conscientes de que las exigencias climáticas redobladas a la aviación y los barcos pueden crear “problemas con países con los que tenemos relaciones aéreas. ¿Pero qué hace Europa con todo esto? Recuperar el liderazgo de Kioto, que hemos ido perdiendo poco a poco. A pesar de no ser un gran emisor, Europa pone en marcha mecanismos de level playing field que permitan políticas internas más enérgicas para equilibrar con el resto del mundo”. 

Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “la lucha contra el cambio climático es un esfuerzo global. Tenemos que reducir las emisiones de CO2 no solo en Europa, sino en todas partes. Es decir, que el carbono tiene que tener un precio en todas partes. La industria es nuestro socio. Ellos invertirán mucho en descarbonizar, y creo que no es justo que los exportadores de terceros países perjudiquen estos esfuerzos llegando al mercado único europeo con productos baratos, pero con elevada emisión de carbono. Es la razón por la que estas compañías que nos exportan estos productos pagarán un precio por el carbono que traigan a Europa. Esto crea un terreno de juego justo para las empresas en Europa y en todas partes que intentan modernizar y descarbonizar sus negocios. Desde nuestro punto de vista, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera es una invitación a los países terceros a que fijen también un precio al carbono. Si sus productores vienen a nuestro mercado con productos limpios, no tendrán que pagar nada. Nuestro objetivo es que, con el tiempo, todo el mundo tiene que ir hacia una reducción de las emisiones de CO2. Porque el planeta lo necesita”.

En Bruselas recuerdan que en la cumbre del clima de Copenhague los países en desarrollo prometieron 100.000 millones para que los países en desarrollo atajaran las emisiones, “pero sólo Europa ha puesto 28.000 millones, pero el resto no está cumpliendo, en particular EEUU. No se nos puede criticar de no contribuir a la financiación. Este tema será definitivo en Glasgow”.

Borrell: “Hay que estar vigilantes con los efectos sociales”  

“La lucha contra el cambio climático va a tener costes”, reconoce el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell: “No es un lunch free, y aparecerán un día u otro. Por eso, hay que estar vigilantes con los efectos sociales y repartir los costes equitativamente. Se tienen que compensar los costes de los afectados, especialmente de las personas con las rentas más bajas, y evitar casos como los de los chalecos amarillos, que se movilizaron en Francia contra las subidas del gasóleo”.

“Nos van a obligar a estar vigilantes”, prosigue Borrell, “las consecuencias sociales por el comercio de derechos de emisión (ETS), el mecanismo que pone un precio a cada tonelada de carbono emitida, en viviendas y automóviles. Entre el transporte y el consumo doméstico suman un 25% de las emisiones y hay que cuidar los mecanismos compensatorios”.

En efecto, existe la sombra de los chalecos amarillos: el riesgo es que todas las nuevas regulaciones puedan dañar a los hogares más vulnerables. Para combatir eso, la Comisión quiere crear este fondo social financiado con los ingresos del nuevo mercado de carbono. Su objetivo es proporcionar financiación a los gobiernos nacionales para ayudar a los ciudadanos con mayor riesgo de pobreza energética o de movilidad.

El Fondo Social para el Clima se financiaría con cargo al presupuesto de la UE, utilizando una cantidad equivalente al 25% de los ingresos previstos del comercio de emisiones de combustibles para la construcción y el transporte por carretera.

Bruselas calcula que proporcionará 72.200 millones de euros de financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032 –unos 7.300 millones serían para España–, sobre la base de una modificación específica del marco financiero plurianual, el presupuesto de la UE. “Con una propuesta para aprovechar la financiación complementaria de los Estados miembros, el Fondo movilizaría 144.400 millones de euros para una transición socialmente justa”, prevé el Ejecutivo comunitario.

En Bruselas son conscientes de que “los ETS son delicados, no han funcionado siempre bien por su volatilidad”, y también del problema que puede tener para las familias la obsolescencia decretada para los automóviles con motor de combustión. “Es parte del capital de una familia”, dice una fuente comunitaria: “Esto no es una transición, estamos en una destrucción creativa, como diría Schumpeter, capital que va a ser destruido porque no nos podemos permitir que siga funcionando. Estamos destruyendo capital para reemplazarlo por otro. La destrucción creativa tiene costes, pero ay de quien no lo haga. China no lo hizo en XIX y perdió el tren”. 

Las fuentes explican que las principales discusiones en el colegio de comisario se han centrado, precisamente, en el transporte y la vivienda, “conscientes de la experiencia francesa”.

“La historia aún no está acabada, hay que peinarla”, recuerda una fuente comunitaria en alusión de que aún “quedan meses de negociación con los gobiernos y el Parlamento Europeo”.