Estos son los técnicos que dirigirán la nueva oficina que fiscalizará los contratos públicos

El Consejo de Ministros aprobó el viernes los nombramientos de los responsables de la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRSC), organismo al que la nueva ley de Contratos Públicos encomienda “promover la concurrencia y combatir las ilegalidades” en esta materia.

La oficina está presidida desde julio por María José Santiago, procedente de la Junta de Andalucía y uno de los primeros nombramientos de María Jesús Montero, ministra de Hacienda (departamento al que está adscrita). Ahora le ha tocado el turno a los cuatro jefes de división, que como establece la ley son funcionarios de carrera con nivel A1 y al menos, diez años de experiencia en materias relacionadas con la contratación pública.

A partir de ahí, y teniendo en cuenta una serie de méritos, el Gobierno tenía un amplio margen de discrecionalidad al haber optado por el procedimiento de libre designación y no por el concurso de méritos.

El procedimiento había despertado expectación en organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha advertido en el pasado sobre el multimillonario coste que tienen para España las deficiencias en la contratación pública. “Vamos a ver a quiénes nombran”, dijo en un debate sobre este tema el mes pasado el director de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa, que apostó por situar a “técnicos vigorosos” en esa agencia: “Es la clave”, dijo. Los elegidos son estos:

Francisco Cano Molina. Madrileño de 56 años, dirigirá la División de Regulación y Ordenación de la Contratación, responsable de impulsar la Estrategia Nacional de Contratación que debe presentar la oficina. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, desde 1988 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.

Desde este año era secretario general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), donde ya fue jefe de Contratación e Inversiones y subdirector general de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera entre 2003 y 2008. También fue consejero técnico en la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (2015 a 2018), coordinador general en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2008 a 2015) y gerente del Museo Arqueológico (2001-2002).

Pablo Martín Huerta. Vocal titular de la División de Asuntos Generales, responsable de la gestión económica de la oficina. Doctor en Derecho y Licenciado en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. En su LinkedIn explica que desde febrero de 2011 es vocal asesor en la Dirección General de Patrimonio del Estado y cita entre sus especialidades los contratos de concesión de obras públicas, como “co-redactor de la Ley del contrato de Concesión de obras públicas” de 2003, y en autopistas de peaje. También se presenta como “autor del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

En Hacienda destacan “por su particular relación con la contratación pública” su experiencia en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento “informando y tramitando propuestas normativas y expedientes relacionados con los contratos de obras y concesión de obras”, así como “su colaboración con la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado” en Patrimonio, “en la negociación de las últimas Directivas en materia de contratación, la aprobación de textos normativos y elaboración de propuestas de informes a consultas formuladas, además de su colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación en los expedientes de su competencia”.

Amada de Juan Quirós. Vocal titular de la División de Supervisión de la Contratación y Relaciones Institucionales, que elaborará los informes que la oficina remitirá anualmente a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. Nacida en Madrid en 1980, es licenciada en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursó también el Título Propio de Especialista en Derecho Comunitario y Europeo, y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2007. Especializada en contratación administrativa y gestión económica, ha impulsado diferentes proyectos de tramitación electrónica de expedientes de contratación.

Hasta ahora secretaria general del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha sido subdirectora general de Contratación y Servicios en el Ministerio de Justicia, donde fue vicepresidenta de la Junta de Contratación del Departamento y presidenta de la Mesa de Contratación; jefa de Área Económico, Personal y Asuntos Generales, y jefa de Área de Cooperación Internacional en el Instituto de la Juventud (INJUVE); vocal asesora y jefa de la unidad de apoyo de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde fue secretaria de la Junta de Contratación, secretaria de la Mesa Única de Contratación y secretaria de la Mesa Especial de Diálogo Competitivo. 

Francisco Javier García Ruiz. Vocal titular de la División de Evaluación de los Contratos de Concesión, que formará parte de la Oficina Nacional de Evaluación integrada en la OIRSC y cuya finalidad será analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios. Madrileño nacido en 1967, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Autónoma de Madrid.

Funcionario desde 2003, pertenece a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde 2012 era consejero técnico-jurídico de la Asesoría Jurídica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “con alta especialización en las diversas áreas del ámbito de la contratación administrativa, y en otras colaterales como son la tributaria y la de gestión de recursos humanos”, destaca Hacienda.

García Ruiz ha participado en la elaboración de informes relativos a las actuaciones de organismos de control como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas español; y ha sido asesor en organismos de Agricultura como la Agencia para el Aceite de Oliva y el Fondo Español de Garantía Agraria. En Hacienda destacan su responsabilidad en la planificación, desarrollo y control jurídico y material de encomiendas de gestión a la empresa pública Tragsa.

La OIRC, que todavía no tiene página web, está presidida desde junio por María José Santiago, funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde 1996 y hasta entonces presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta. Obtuvo la plaza que había convocado el anterior Gobierno en mayo, también por el procedimiento de libre designación, al presentar su candidatura tres días antes de que venciera el plazo, el pasado 5 de junio. Ese día se conoció la designación de Montero como ministra de Hacienda.