La UE cierra las nuevas reglas para el corsé fiscal que se reactiva este año

Una nueva negociación maratoniana, que terminó a las dos de la madrugada de este sábado, ha permitido a la UE cerrar uno de los expedientes clave para el final de la legislatura: las nuevas reglas fiscales que regirán la disciplina económica de los 27 a partir de ahora. El corsé fiscal quedó anulado con la pandemia, cuando la prioridad de los gobiernos fue el gasto expansivo para salir de la crisis. La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se mantuvo después cuando estalló la guerra en Ucrania para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales en el continente, como la inflación y la crisis energética.

Los 27 decidieron poner fin a la barra libre en 2024, pero también había un cierto consenso en que las normas vigentes no valían. Los objetivos siguen siendo los mismos: tener unos máximos de deuda del 60% y del 3% déficit respecto al PIB. Lo que cambia es la forma en la que se llega a ellos. Las anteriores reglas fiscales eran, en la práctica, inasumibles e inalcanzables.

El nuevo sistema se basará en planes de ajuste basados en el gasto anual que cada país diseñará y pactará con la Comisión Europea de cuatro años de duración, pero que podrán ampliarse a siete si se justifica que hay reformas e inversiones importantes respecto a prioridades de la UE como la transición ecológica o la digital. Las medidas adoptadas en esas materias y defensa serán tenidas en cuenta a la hora de estudiar la apertura de expedientes de déficit excesivo a los incumplidores. Los planes podrán revisarse “si existen circunstancias objetivas que impidan su aplicación” y también si hay un cambio de gobierno.

A lo largo de la negociación se han introducido una serie de salvaguardas que constriñen sustancialmente el margen, como exigían países como Alemania y los frugales. Bruselas cedió en la propuesta inicial al plantear una reducción del déficit del 0,5% al año para todos los estados miembros que estén por encima del umbral y después los gobiernos introdujeron un mínimo de reducción de deuda del 0,5% cuando estén por encima del 60% y del 1% si supera el 90%. La estimación del Gobierno es que España está en un 108,1%. En la recta final de la negociación, los 27 incluyeron, además, que los países con menos del 3% de déficit deben encaminarse a bajarlo hasta el 1,5% para tener un colchón para futuras crisis. Ese fue uno de los últimos elementos que exigió Alemania.

“Un país con exceso de deuda no estaría obligado a reducirla por debajo del 60% al final del periodo de años que abarca el plan. Al final del periodo acordado, el país deberá tener una deuda que se considere en una trayectoria descendente plausible”, señala la Eurocámara en un comunicado sobre el acuerdo que también explica que el Consejo puede permitir a un estado miembro desviarse de la senda de gasto “cuando circunstancias excepcionales fuera de su control provoquen un impacto importante en sus finanzas públicas”. “Se especificaría un plazo para tal desviación, pero este periodo puede prorrogarse si persisten las circunstancias excepcionales. La prórroga sería de un año como máximo y podría concederse más de una vez”, recoge el comunicado.

“Acojo con especial satisfacción el hecho de que el acuerdo final mejore el texto acordado en el Consejo en diciembre pasado, incluso protegiendo aún más la inversión pública y reforzando la dimensión social del marco”, afirma en un comunicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, de la familia socialdemócrata, que reconoce que los textos aprobados son “más complejos” que los propuestos inicialmente por Bruselas, pero celebra que preservan los “elementos centrales”: “Más planificación a mediano plazo; una mayor implicación por parte de los Estados miembros dentro de un marco común; un ajuste fiscal más gradual para reflejar los compromisos de inversiones y reformas”. 

A pesar de que la disciplina fiscal volverá a regir la economía de la UE, las reglas son más asequibles que las que aplicaban, por ejemplo, durante la crisis financiera. El anterior marco establecía que se tuviera que reducir una veinteava parte de la deuda al año, que supondría la asfixia financiera para los países más endeudados, como España. Además, el sistema sancionador era tan rígido que jamás se aplicó (con sanciones del 0,2% del PIB). Ahora será del 0,05% cada seis meses.

La negociación en el seno de los 27 fue durísima y el Consejo llegó a las conversaciones con el Parlamento y la Comisión Europea con escaso margen de maniobra. Esta semana las citas se han intensificado y este viernes se han prolongado durante todo el día y en la recta final se ha abordado la flexibilidad para el gasto social, que era una de las exigencias de la Eurocámara. “La Comisión medirá tanto la aplicación de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales como los riesgos para la convergencia social. Los Estados miembros tendrán que garantizar que su plan nacional también contribuye a los objetivos sociales. Además, los elementos cíclicos del gasto en prestaciones por desempleo no se tendrán en cuenta a la hora de calcular el gasto de un gobierno”, señala la Eurocámara.

Lo que destacan fuentes de las negociaciones es que el ambiente ha sido “constructivo” porque todas las partes eran conscientes de que tenían que cerrar el acuerdo esta semana para llegar a tiempo a la ratificación por parte del Consejo y de la Eurocámara antes de que la legislatura se dé por finiquitada en abril. La norma entrará en vigor tras publicarse en el diario oficial de la UE y los primeros planes de ajuste tendrán que presentarse en septiembre de 2025.