Extremadura pone freno a las viviendas turísticas ilegales e impone las primeras sanciones
La Junta de Extremadura ha comenzado a tomar las primeras medidas contra las viviendas de uso turístico ilegales. Es decir, aquellas que no están dadas de alta.
El nuevo plan de inspección de la Dirección General de Turismo ha localizado algo más de 400 viviendas alquiladas de manera ilegal. A 14 de ellas se les ha abierto ya un expediente sancionador, y en dos de los casos el proceso ha culminado con una multa de 6.001 euros.
Hay otro medio centenar que ha mostrado su interés en iniciar la actividad turística legalmente, para lo cual deben inscribir el establecimiento en el Registro de Empresas y Actividades, informa la Junta. De las viviendas localizadas en diversas páginas webs, 102 se encuentran en fase de actuaciones previas, tras localizar a sus propietarios e informarles de los pasos.
Respaldo del sector turístico
El sector turístico extremeño aplaude esta medida y advierte que las viviendas turísticas ilegales no tienen por qué cumplir los estándares exigidos al resto de ofertas profesionales. Por lo tanto pueden dañar la imagen presente, pero también futura, de la marca de Extremadura como destino turístico.
La Confederación Empresarial del Turismo extremeño reclama mayor control y más sanciones para las viviendas particulares que se ofertan en páginas de Internet.
“No es economía colaborativa”
Antonio Martínez, de la confederación empresarial, rechaza que estos particulares practiquen la ‘economía colaborativa’. Señala que existe ánimo de lucro, y que el dinero recibido como anfitriones no se reparte con nadie. Tacha a las viviendas sin declarar por tanto como una práctica ‘desleal e ilegal’.
A modo de ejemplo comenta que es lo mismo que tener en casa una persona para las tareas del hogar sin estar dada de alta; o un albañil que trabaja en un tejado sin seguro. “No pagan nada porque no dan de alta al personal, no pagan impuestos y no declaran por las viviendas”.
Contra la economía 'sumergida'
El director general de Turismo, Francisco Martín, destaca que la Junta está “absolutamente en contra de la economía sumergida”, por lo que desde el inicio de la legislatura se ha centrado en la lucha contra estos establecimientos, “sean de la hostelería o de alojamiento propiamente dicho”. Aunque el problema en Extremadura dista mucho del alcance que se registra otras ciudades turísticas según comenta, informa Efe.
El segundo eje de actuación de la Junta ha sido crear una alianza de cooperación con los ayuntamientos extremeños ya que ellos junto a la Policía Local, pueden facilitar información dada la dificultad en la mayoría de los casos para conocer la identidad del propietario de la vivienda. Asimismo, se ha buscado el compromiso efectivo del Gobierno de España, al que se han trasladado la necesidad de disponer de un marco armonizado nacional que regule el uso de las viviendas turísticas.
