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Clemente Checa y Francisco Pedraja, en el comité asesor de financiación autonómica

La presidenta de la Asamblea Blanca Martín, en el centro, y los portavoces políticos, anunciaron la comisión

Los catedráticos Francisco Pedraja y Clemente Checa, y el experto en financiación sanitaria Remigio Cordero, también concejal de Recuperar Badajoz, entre otros, integrarán el comité que elaborará un estudio para fijar la posición de Extremadura en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

Los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios han comparecido en rueda de prensa junto a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para dar a conocer el acuerdo unánime al que han llegado todos ellos en torno a la composición de esta comisión.

Como ha reconocido la propia Martín al inicio de su intervención, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos han ofrecido hoy una fotografía poco común en estos tiempos, por lo que ha agradecido la “seriedad, compromiso y diálogo” de todos ellos a la hora de abordar un asunto “trascendente” para la Comunidad.

Cada uno de ellos ha propuesto candidatos para integrar este grupo de expertos y, tras un “consenso total”, han acordado los nombres de sus seis miembros, entre ellos, el catedrático de Economía de la Universidad de Extremadura, Francisco Pedraja Chaparro, que será el encargado de su coordinación.

El ex consejero de Hacienda y Administración Pública en el Gobierno del PP y ex presidente del Consejo Consultivo de Extremadura, Clemente Checa, también catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UEx, figura entre los miembros de este equipo.

Remigio Cordero para sanidad

Además formará parte de él el experto en financiación sanitaria Remigio Cordero Torres, en la actualidad concejal en el Ayuntamiento pacense por Recuperar Badajoz, así como la socióloga Beatriz Muñoz González.

Elena Manzano Silva, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la UEx, y Pilar Durán Solano, jefa de servicio de Financiación Autonómica y Europea de la Junta de Extremadura completan el grupo de expertos.

Su cometido será elaborar un estudio que sirva de base a los grupos parlamentarios para abordar las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica y favorecer una postura unitaria de la Comunidad Autónoma ante este proceso.

Todos los grupos parlamentarios han coincidido en valorar el consenso alcanzado a la hora de configurar esta comisión pues, como han resaltado sus portavoces, es un buen primer paso.

Mejor unidos

En este sentido, el socialista Valentín García ha aventurado que será una negociación “difícil” para todas las comunidades autónomas, por lo que cuanto mayor sea la unidad de los grupos parlamentarios y el Gobierno regional, “mucho mejor será la defensa de los intereses generales de los extremeños”.

Ha advertido además de que muchas comunidades autónomas fijarán el peso de la negociación en la población, con lo que supone de peligro para Extremadura por ser una región con una baja densidad demográfica.

En ello mismo ha insistido la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, al reclamar que este factor sea teniendo en cuenta junto a la tasa de paro y el PIB regional, y ha abogado además por buscar alianza con regiones de características similares a Extremadura.

La presidenta del grupo parlamentario de Podemos, Irene de Miguel, ha manifestado que junto a estos indicadores se debe defender asimismo el “alto” porcentaje de personas en riesgo de exclusión social que residen en Extremadura.

Por Ciudadanos, su portavoz, María Victoria Domínguez, ha considerado un “lujo” que un grupo de expertos externos al Parlamento vaya a armonizar el documento de base que, en su opinión, debe servir también para impulsar un plan nacional que vele por que los principios de igualdad y solidaridad interregional sean una “realidad”.

Respecto al calendario fijado, Valentín García ha apuntado que una de las primeras tareas del próximo gobierno de la nación será la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, por lo que hay un plazo de “dos o tres meses” para que el comité elabore su estudio y los grupos parlamentarios acuerden la posición a defender.

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