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Entra en vigor la Ley de Memoria Democrática, que reforzará la exhumación de las víctimas del franquismo

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

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La nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que ha entrado en vigor esta semana, contempla la consignación en los próximos presupuestos regionales de 2020 de las partidas suficientes para las actividades de localización, exhumación e identificación de las víctimas. 

Tras publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, incorpora la creación del Plan Extremeño de Memoria Histórica y Democrática, que tendrá vigencia cuatrienal y deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Se suma el impulso de acciones para conocer la violencia específica ejercida contra las mujeres durante la represión franquista y la dictadura, o la constitución, en el plazo de seis meses, del Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.  

Así lo recuerda la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (ARMHEX), que saluda la entrada en vigor de la norma y valora que la memoria democrática se incorpora al currículum educativo. 

“Un novedoso y avanzado texto legal”

“A partir de hoy se refuerzan las esperanzas para atender las legítimas demandas de los familiares de las víctimas que aún hoy, en pleno siglo XXI, buscan a sus seres queridos desaparecidos, por fosas clandestinas y cunetas de nuestra Comunidad”, indica la asociación en un comunicado. Subraya que Extremadura avanza hacia “una sociedad más democrática, más libre y más justa”. 

El colectivo memorialista define la ley extremeña como “un novedoso y avanzado texto legal”.

Se muestra convencido de que impulsará el diseño, la planificación y el desarrollo de las políticas públicas encaminadas “a recuperar la memoria histórica y democrática de nuestra región”, guiándose por los principios de “verdad, dignidad, justicia, reparación y garantías de no repetición” que aconsejan los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. 

“También a partir de hoy se abre una novedosa a vía para contribuir desde la educación” a este fin, dado que las autoridades educativas deberán incorporar contenidos relacionados con la memoria histórica en el currículo de la educación secundaria obligatoria y bachillerato, “lo que sin duda reforzarán los valores de respeto, tolerancia, libertad y en suma de los derechos humanos”. 

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