Tres años después de Tarajal

El pasado 6 de febrero se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que 15 personas murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Ceuta a nado por la playa del Tarajal. La Guardia Civil les disparó balas de goma y gases lacrimógenos como “medidas disuasorias”. A pesar de las imágenes probatorias, el Gobierno negó los hechos y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz no asumió responsabilidades. Tras la movilización de la sociedad civil, entidades que trabajan en la zona presentaron una querella, por la que fueron imputados 16 guardias civiles. Pero en octubre de 2015, la jueza de instrucción archivó el caso alegando que “los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español a nado y en avalancha”. Desde Camerún, familiares de las víctimas se organizaron para pedir justicia y reparación. Tras presentar un recurso, recientemente se conoció el auto de la Audiencia de Cádiz, que dictamina la reapertura de la investigación. Un paso contra la impunidad y una gran noticia para las familias.     

Aquel 6 de febrero no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Las ONG vienen denunciando desde hace años la represión y la desprotección jurídica que se vive en la frontera sur. Varios episodios de muertes de personas migrantes han quedado en total impunidad. Lejos de abordar la situación en la frontera desde una perspectiva humanitaria, el gobierno del Partido Popular optó por legalizar las llamadas “devoluciones en caliente” en el marco de la Ley Mordaza bajo el eufemismo de “rechazo en frontera”, a pesar de la firme oposición de organismos internacionales y de que esta disposición no se ajusta a lo que establece el derecho europeo (concretamente los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 4 de la Directiva relativa al Retorno).

Pero las devoluciones en caliente son sólo la punta del iceberg. Personas migrantes han llegado a ser “devueltas” desde Marruecos en autobuses al desierto, cerca de la frontera con Argelia, donde corren el riesgo de morir de deshidratación. Es parte de la llamada política de externalización de fronteras de la Unión Europea, por la cual se delega en países de tránsito la “contención” de migrantes y solicitantes de asilo, tal como se hizo con el pacto Turquía-UE. Tras la cumbre de Valetta en noviembre de 2015, donde se aprobó el “Fondo fiduciario de Emergencia” para África –a través del cual se destinan 1.800 millones de euros para securitización y control de fronteras– se firmaron acuerdos con países africanos como Etiopía, Níger y Mali.

Esta semana, también tomando como modelo el vergonzoso pacto con Turquía, se está discutiendo en Bruselas la conclusión de un nuevo acuerdo con Libia, país que ni siquiera ha ratificado la convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951. Dicho acuerdo se basa en la asistencia a las fuerzas de seguridad libias para que éstas devuelvan refugiados y emigrantes en embarcaciones que hayan salido de su costa. Cabe recordar que en Libia, las personas migrantes y refugiados  detenidos son sometidos a torturas, trabajos forzados y violencia de todo tipo, sin absolutamente ninguna garantía de protección de derechos. Además, dicho programa pretende sufragarse mediante los fondos de la cooperación al desarrollo europeos, que los tratados destinan claramente a otras finalidades.

La externalización de fronteras no es una solución para quienes necesitan protección internacional y para quienes huyen de la miseria. Con este tipo de acuerdos, el norte de África se vuelve un verdadero infierno para las personas que quieren migrar a Europa. Ante la represión y las deportaciones, las personas que buscan protección deben elegir entre jugarse la vida trepando una valla, morir en el desierto o echarse al mar, en patera, o quizás dando la vuelta a nado al espigón de la Playa del Tarajal en Ceuta, como ocurrió en 2014.

No queremos más muertes en la frontera ni en el Mediterráneo, y para eso, Europa debe defender hacer algo tan simple como cumplir el derecho internacional y sus propias normativas. También incluso algunas resoluciones del Parlamento Europeo que han exigido a los gobiernos en distintas ocasiones, por ejemplo, el establecimiento de una misión de salvamento marítimo en el Mediterráneo.  

Los países de la Unión Europea deben promover un modelo que garantice el derecho de asilo y vías de entrada legales, sin que la gente tenga la necesidad de jugarse la vida en el desierto o en el mar. Las familias del Tarajal deben recibir justicia y reparación por parte de España y de la Unión Europea, al igual que tantas otras familias que no han podido ni siquiera enterrar a sus seres queridos.

Todas estas cuestiones, para que lleguen a ser realidad, requieren sostener una movilización ciudadana importante, para presionar a los gobiernos nacionales que han llevado la situación a un nivel de desprecio del derecho internacional y de la vida humana como no hubiéramos imaginado jamás.