La administración concursal de Tubos Reunidos exime de culpa a la dirección y califica el concurso de “fortuito”
La administración concursal de Tubos Reunidos ha emitido un informe en el que califica de “fortuito” el concurso de acreedores en el que está inmerso la empresa al considerar que “no concurre ninguno de los supuestos de hecho que permitirían su calificación como culpable”, según ha comunicado en la web de la compañía. Si la decisión es ratificada por la jueza de Vitoria que lleva el concurso, María Teresa Trinidad Santos, se determinará que la insolvencia de la empresa ha sido causada por circunstancias del mercado y no por una gestión “fraudulenta, intencionada o gravemente negligente”.
El administrador concursal, PKF Attest, establece en sus conclusiones que tras evaluar la documentación los antecedentes y los hechos relevantes no ve indicios de culpabilidad y propone a la jueza que lo declare “fortuito”. Es ahora el juzgado el que tiene la última palabra y se da por bueno el informe de la administración concursal los administradores no deberían responder con sus bienes personales por las deudas que la empresa no pueda pagar, y tampoco se impondrían prohibiciones para administrar otras empresas ni perderían los derechos de cobro que se pudieran tener.
Para llegar a esta conclusión, el administrador concursal ha revisado la contabilidad y las decisiones tomadas en los dos años anteriores a la declaración del concurso, en la que no ha encontrado alzamiento de bienes o simulación de una situación patrimonial falsa; irregularidades graves en la contabilidad o doble contabilidad; inexactitudes graves en los documentos presentados al juzgado; o un retraso de forma manifiesta e intencionada en la solicitud del propio concurso para agravar la crisis.
En este sentido, en el derecho concursal español, la calificación de “fortuito” exime de responsabilidad legal y económica a los gestores, asumiendo que el cierre o la quiebra ha sido un riesgo empresarial derivado de la situación económica y no una “trampa o un descuido empresarial grave”. En paralelo, tres exdirectivos están siendo investigados en la vía penal precisamente por hechos relacionados con su gestión, la posible corrupción en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI.
Se da la casualidad de que este jueves se ha conocido que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que depende del Ministerio de Economía presentó alegaciones reclamando la declaración culpable del concurso por una mala gestión de la dirección de la empresa, según ha publicado 'El Correo'. En la misma dirección, el sindicato ELA ha instado a la culpabilidad del concurso por considerar que la deuda de la empresa, de más de 300 millones de euros de los que 150 corresponde a la deuda con la SEPI, “tiene su origen en la nefasta y negligente gestión de la dirección de Tubos Reunidos”. En este sentido, el sindicato ha considerado que “tanto los administradores como los accionistas de Tubos Reunidos deben asumir las consecuencias de sus actuaciones”.
Este jueves, uno de los cinco interesados en hacerse con Tubos Reunidos, el fondo Cap Capital, ha mantenido encuentros con los comités de empresa Amurrio y Trapagaran. Unos encuentros en los que les han planteado reducir un 20% la masa salarial, aunque sin concretar el empleo afectado, congelar salarios durante cinco años de paz social y abordar flexibilidad, movilidad, polivalencia y absentismo. “Esto sería modificar las condiciones laborales, que en la misma reunión aseguran que van a respetar”, han señalado fuentes de ESK. Por su parte el sindicato ELA ha considerado que los ajustes que plantean “son inaceptables y carecen de justificación”. En cualquier caso, recuerdan que “para que cualquiera de las ofertas pueda tener un desarrollo real, es necesario desbloquear el posicionamiento de la SEPI y de la Abogacía del Estado”.