Álava explica que no tenía registrados los campamentos de Bernedo en los que se ha denunciado violencia sexual

La diputada foral de Cultura y Deporte de Álava, la socialista Ana del Val, ha explicado este jueves que la Diputación “no tiene ni ha tenido nunca” registrados los campamentos de Bernedo organizados por Euskal Udalekuak contra los que se han interpuesto diecisiete denuncias por posible violencia sexual a pesar de llevar décadas celebrándose en territorio alavés. Se recibieron a mediados de septiembre de este año dos quejas de una misma madre, primero a través de un correo electrónico y después mediante llamada telefónica. Sin embargo, hasta que asociaciones feministas remitieron unos escritos en los que “se narraban unos presuntos hechos muy graves”, la Diputación no se puso en contacto con las familias afectadas, según la cronología de los hechos que ha trazado la diputada foral. A partir de ese momento, se concertó una reunión con ellas para recabar más información acerca de lo sucedido y “darles máximo apoyo y ayudarles a gestionar esta situación”. “Ha habido preocupación, implicación y actuación, y lo hemos hecho con la mayor celeridad posible, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”, ha defendido Del Val. Por el contrario, ha indicado que Gipuzkoa y Bizkaia sí conocían presuntas incidencias con anterioridad, incluso desde 2019.

La diputada foral ha comparecido este jueves en comisión ante las Juntas Generales a petición propia. Ana Salazar, procuradora del PP, le ha acusado de “mirar para otro lado” y ha pedido su dimisión. Del Val ha dicho que la comparecencia era “para rendir cuentas del trabajo realizado, reafirmar el compromiso de [la Diputación de Álava] con la transparencia, el apoyo a las familias y la mejora de los protocolos para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir”. En Euskadi, son las diputaciones las que tienen competencia sobre las colonias de verano salvo que se celebren en más de un territorio.

Del Val ha relatado cómo a mediados de septiembre el Instituto Foral de la Juventud alavés recibió un correo electrónico de la madre de una menor inscrita en el campamento de Bernedo. La madre, ha explicado, “relataba ciertas actuaciones que consideraba inadecuadas durante la estancia de su hija”. La institución foral, ha proseguido, le recomendó a la madre que la queja la elevase “directamente” a los responsables del campamento, a la asociación responsable de los Euskal Udalekuak. La madre volvió a ponerse en contacto con el Instituto Foral de la Juventud al día siguiente, esta vez a través de una llamada. “Se le indicó que, si consideraba que se trataba de hechos presuntamente delictivos, la única vía para esclarecerlos era interponer una denuncia ante la Ertzaintza. Este es el procedimiento establecido para este tipo de situaciones”, ha aseverado Del Val.

Fue el 25 de septiembre, según la cronología esbozada por la diputada foral, cuando recibieron dos escritos formales de asociaciones feministas en los que “se narraban unos presuntos hechos muy graves”. La Diputación, ha dicho, se puso en contacto con las familias afectadas esa misma tarde y concertó una reunión para dos días después. El objetivo, además de recabar información sobre lo sucedido, era “darles máximo apoyo y ayuda y ayudarles a gestionar esta situación”. “Entendíamos y entendemos que, más allá de las competencias administrativas, están las personas, sus familias y sus hijos, quienes han sido desde el principio nuestra prioridad”, ha sostenido. Esta semana, el Gobierno vasco y las tres diputaciones, la de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, han activado una mesa de “coordinación” para analizar los “errores” que hayan podido cometerse.

“Necesitábamos constatar los hechos concretos y les solicitamos [a las familias] que proporcionaran toda la documentación de que dispusieran”, ha dicho Del Val sobre la primera reunión con las familias. “Además, les transmitimos nuestro más firme rechazo [a los] hechos que se estaban relatando y nuestra solidaridad con las familias, dejándoles claro que estaríamos a su lado, acompañándoles en este proceso y verificando los hechos ocurridos, siempre dentro de nuestras competencias”, ha abundado la diputada foral. Se les insistió, ha explicado, en la necesidad de que formalizasen las denuncias ante la Ertzaintza, “para que los hechos pudieran ser investigados adecuadamente”. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha cifrado este miércoles en diecisiete las denuncias recogidas en comisarías de la Ertzaintza por supuestas prácticas de violencia sexual contra menores de edad en campamentos de Euskal Udalekuak. Aunque sí la mayoría, no todas guardan relación con el de Bernedo. Solamente uno de esos casos denunciados puede recibir, por el momento, la consideración de “agresión sexual” como tal, según el consejero.

A raíz de los hechos, la Diputación ha solicitado información adicional tanto al Ayuntamiento de Bernedo como a la asociación que organiza los campamentos. La asociación, ha lamentado, ni siquiera ha recogido el acuse de recibo ni el requerimiento. La ley de Juventud de 2022 establece, además, que aquellas actividades con pernoctación fuera del domicilio familiar en las que participen menores de 18 años “deberán ser comunicadas previamente a la Diputación Foral correspondiente al territorio en el que se vayan a realizar o al departamento del Gobierno vasco competene en materia de Juventud en caso de que se realicen en más de un territorio”. Previamente existía un decreto de 1985 en términos similares. Los organizadores de los campamentos de Bernedo, sin embargo, no informaron.

A comienzos de la semana pasada, la fiscal superior vasca, Carmen Adán, criticó con dureza que un juzgado de Vitoria hubiera tenido parada durante meses la investigación sobre los supuestos casos de violencia sexual.Además, según ha explicado Del Val, la Diputación de Bizkaia le ha hecho llegar información sobre la queja de una madre, mientras que la de Gipuzkoa le ha trasladado la existencia de una denuncia de un campamento en el que participaron menores tutelados. La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha hablado este mismo jueves de la queja recibida en 2019. Según recoge Europa Press, ha explicado que el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación recibió “una queja y una solicitud de información”, a la que se respondió “diciendo que el órgano competente en este caso es el Departamento [de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico]”. La Diputación, por tanto, no canalizó la queja hacia el Ejecutivo, sino que se limitó a indicarle a aquella persona que debía hacerlo. “[No sabemos] después qué ocurrió con esa queja o con esa petición de solicitud. No sabemos si esta persona la reenvió a ese departamento del Gobierno vasco y la trazabilidad se pierde”, ha admitido.

Del Val ha aseverado que la Diputación de Álava, después de los supuestos hechos acaecidos en Bernedo, “ha liderado la necesidad de que las tres diputaciones y el Gobierno vasco [empiecen] a trabajar para mejorar los mecanismos de coordinación y control interinstitucional en el ámbito de actividades privadas del tiempo libre”. “Salvo que exista una denuncia previa o una comunicación formal de incidencia, las administraciones no tenemos posibilidad de intervención directa en el desarrollo diario de las actividades privadas”, ha matizado.