Carta de repulsa ante la decisión del Gobierno vasco de publicar el origen de las personas detenidas

Desde la Asociación Gitana Gao Lacho Drom, queremos expresar de manera clara, pública y frontal nuestra más profunda desaprobación ante la decisión de publicar el origen de las personas detenidas o investigadas en el marco de actuaciones policiales. Consideramos esta medida innecesaria, injustificada y peligrosamente cercana a prácticas que, a lo largo de la historia, han servido para legitimar el señalamiento, la estigmatización y la discriminación de colectivos enteros. El pueblo gitano lo sabe bien, porque lo ha sufrido en carne propia durante siglos.

La identificación del origen étnico como un dato de interés público no aporta información útil para la ciudadanía ni mejora la convivencia. Muy al contrario, introduce en el debate social una lectura étnica del delito que nada tiene que ver con la prevención, la seguridad o la transparencia democrática. La experiencia histórica demuestra que cada vez que se ha asociado procedencia y criminalidad, el resultado ha sido la consolidación de prejuicios, el miedo infundado hacia vecinos y conciudadanos, y la aparición de discursos que erosionan la cohesión social.

El pueblo gitano ha vivido persecuciones, expulsiones, normativas segregadoras y estereotipos institucionalizados por el simple hecho de existir como grupo diferenciado. Las políticas que visibilizan el origen en contextos de control penal reactivan esa memoria colectiva de agravio y sitúan nuevamente a nuestra comunidad en una posición de sospecha sistemática. Esta medida no solo es innecesaria: es una invitación directa a la desconfianza mutua y a la creación de climas hostiles que ninguna sociedad democrática debería tolerar.

Por otro lado, podríamos entender que determinados datos pueden ser útiles a nivel interno para cuerpos policiales o para organismos encargados de analizar realidades sociales y diseñar políticas basadas en evidencia. Sin embargo, esa utilidad técnica jamás justifica su exposición pública. La ciudadanía no necesita saber el origen de una persona para comprender un suceso ni para sentirse más segura. Lo que sí provoca esta comunicación es un aumento de la sensación de amenaza, la extensión de estereotipos y el riesgo de que ciertos grupos sean percibidos como problemáticos por definición.

La ciudadanía no necesita saber el origen de una persona para comprender un suceso ni para sentirse más segura

La seguridad y la convivencia se fortalecen con políticas responsables, que protejan los derechos fundamentales y eviten alimentar visiones simplistas o discriminatorias. Por ello, como asociación gitana con décadas de trayectoria en la defensa de los derechos y la dignidad de nuestra comunidad, manifestamos nuestra rotunda oposición a esta decisión. Consideramos imprescindible detener cualquier iniciativa que pueda derivar en prácticas institucionales injustas o generadoras de estigmas.

El origen, la etnia o la procedencia no son variables que deban exponerse ante la ciudadanía como si fuesen indicadores del comportamiento de un colectivo. Hacerlo supone un retroceso en la protección de los derechos humanos y una amenaza para miles de personas que, como el pueblo gitano, han sido históricamente señaladas, marginadas y perseguidas bajo discursos similares.

Instamos al Gobierno vasco a reconsiderar esta medida y a reforzar su compromiso con una sociedad plural, inclusiva y respetuosa, donde la información pública no se utilice para justificar temores ni para reforzar prejuicios, sino para garantizar la igualdad y la convivencia en condiciones de dignidad para todas las personas.