El PP vasco contra el escudo social y contra Euskadi: historia de una traición
Euskadi no merece la incertidumbre en la que quieren hundirla, una y otra vez, el Partido Popular vasco y sus amigos de la extrema derecha de Abascal y Junts. No merecen ese castigo las 62.000 familias vascas que en 2025 han dependido del bono social térmico para no pasar frío. No merecen ese sufrimiento las más de 53.000 que ya necesitaron esa ayuda social en 2024 para que sus niños y niñas, nuestra infancia, pudieran calentarse en lo más duro del invierno. No merecen ese daño los vascos y vascas que no llegan a fin de mes, o que difícilmente lo hacen, ni quienes viven con la angustia y desasosiego de una notificación judicial de desahucio por no llegar a tener el dinero suficiente para pagar el alquiler, por su extrema vulnerabilidad económica.
Esas familias, esos hogares – mujeres, niñas y niños, y mayores con pensiones mínimas – no merecen unas derechas que han votado a favor de que les corten la luz cuando no puedan pagar a factura. No merecen un Partido Popular Vasco indolente; que no ha dudado en votar en contra del bono eléctrico que eliminaba ese miedo que te invade cuando sabes Que tener menos dinero lleva consigo la oscuridad y el frío.
Euskadi merece saber quienes defienden sus derechos, y los de su ciudadanía, y quienes los atacan y los destruyen. La memoria en esto, como en todo, es importante.
Por eso conviene recordar, brevemente, de qué hablamos y qué fue lo que se votó el pasado jueves en el Congreso. El Real Decreto Ley al que nos referimos establecía la convalidación de las medidas del escudo social la protección articulando en cinco grandes materias su protección: vivienda, energía, empleo, medidas tributarias y financiación territorial a comunidades autónomas y entidades locales.
Las medidas Del Real Decreto Ley no eran, por tanto, ni palabrería ni retórica. Eran medidas políticas, recursos económicos e instrumentos jurídicos concretos para sostener y proteger a quienes son parte de nuestro país, y se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad económica y social.
En materia de vivienda, el texto buscaba ampliar la oferta de alquiler asequible y, sobre todo, garantizar que nadie se quede en la calle por no poder pagar la renta; evitando en todo caso que, a mujeres y niños, familias, y mayores con pensiones mínimas los echen a la calle de manera inmediata. Para evitar esa salvajada, es por lo que se prorrogaba la suspensión de desahucios para esos hogares vulnerables, sin alternativa habitacional, estableciéndose compensaciones a los propietarios.
El PP y sus amigos de extrema derecha que el jueves pasado votaron en contra de esta medida no pueden escudarse en excusas ni argumentos falsos. En nuestro país, Euskadi, hay personas, hogares y familias; con ingresos limitados, que necesitan tiempo de recuperación y apoyo institucional, recursos económicos para avanzar y medidas políticas de igualdad de oportunidades con justicia social. Y eso es lo contrario de lo que les ofrece el Partido Popular vasco, cuya oferta se limita a decirles que se busquen la vida en la calle, con frío y sin luz.
En el ámbito energético, el Real Decreto Ley establecía la prórroga del bono social y la prohibición de cortes de suministros básicos a consumidores vulnerables. Estas medidas no son caprichos ideológicos, sino que se constituyen en una obligación de justicia social para la igualdad de oportunidades. Son políticas públicas de cohesión social y garantía de derechos. Por eso votar en contra, como han hecho los del PP vasco y sus amigos de VOX, supone aceptar que los y las vascas que no pueden pagar gas o la luz, por carecer de recursos, son merecedores de enfermar de frío o de vivir en la oscuridad y las tinieblas, haciendo que la pobreza energética sea una condena añadida para ellos.
En empleo y ámbito tributario, la destrucción del voto en contra de la derecha no es menor. El Real Decreto mantenía apoyos a trabajadores y autónomos en situaciones críticas, así como exenciones fiscales vinculadas a ayudas extraordinarias, como las derivadas de la DANA. Aquí también el votar en contra, como han hecho las derechas, no es una decisión neutra o exenta de consecuencias graves. Decir “no” a los y las autónomas, que han perdido ingresos por causas sobrevenidas y necesitan un Estado que actúe como red y no como juez implacable, es condenarlos al empobrecimiento y la precariedad. Eso deben saberlo también los y las autónomas vascas: que el PP es peligroso para su calidad de vida y sus derechos, porque han votado en contra de los mismos
En resumen, la pregunta es sencilla: ¿le importa la gente al PP Vasco? ¿Le importa a Javier de Andrés su pueblo? ¿Les importa a ambos la gente de los pueblos y ciudades de Euskadi? Es más ¿Les importa Euskadi? Creo que la respuesta se vio en el botón rojo que pulsaron el jueves en el Congreso para evidenciar que no les importa nada. No les importa en absoluto, ni la Euskadi social y solidaridad, ni la gente que necesita esa Euskadi.
El PP vasco vuelve a situarse en el lado equivocado de la historia social de Euskadi, contra los derechos, el progreso, y la justicia social en Euskadi. Mientras nuestra sociedad ha avanzado sobre la base de la igualdad de oportunidades, la cohesión y un fuerte compromiso con lo público, los populares vascos optan por debilitar los instrumentos que protegen a las personas con menos oportunidades y más dificultades.
Y a verdad es que la ciudadanía vasca no merece este trato. No merecemos la incertidumbre y el miedo al que nos condena el voto en contra de la derecha que destruye el escudo social.
Los y las políticas vascas, en Euskadi y fuera de ella, y en todas las instituciones, nos debemos al trabajo para asegurar la Euskadi social y democrática que garantiza una sociedad con igualdad de oportunidades.
Porque la política es, en última instancia, una elección moral y una obligación de justicia con las personas que menos tienen o que más desigualdad sufren. No lo olvidemos nunca.