El privilegio de cruzar una frontera
Agosto es, en Europa, el mes del movimiento. Aeropuertos abarrotados, autopistas congestionadas, estaciones de ferrocarril llenas, ferris que cruzan el Mediterráneo, familias que recorren miles de kilómetros para llegar a una playa, una ciudad o una casa de vacaciones. Centenares de miles de personas atravesamos estos días fronteras internacionales con una naturalidad extraordinaria. Enseñamos un pasaporte, una tarjeta de embarque o, muchas veces, ni siquiera eso; dentro del espacio Schengen podemos viajar de un país a otro sin advertir que acabamos de cruzar una frontera.
No se trata de un fenómeno marginal. Según ONU Turismo, en 2024 se registraron en el mundo 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales, recuperándose prácticamente los niveles anteriores a la pandemia. Y la tendencia ha seguido creciendo: solo entre enero y marzo de 2025 más de 300 millones de personas viajaron internacionalmente por turismo. Vivimos, efectivamente, en la época de la movilidad. Pero ¿de la movilidad de quién?
Mientras millones de personas cruzamos fronteras para disfrutar de nuestras vacaciones, en Ceuta decenas de miles han intentado atravesar otra frontera. Muchas lo han hecho a nado, bordeando espigones, lanzándose al mar o aprovechando cualquier resquicio que pudiera permitirles alcanzar territorio español. Muchas han muerto en el intento. Una vez más, la frontera entre África y Europa se ha convertido, literalmente, en un lugar de muerte.
Hay muchas maneras de analizar lo sucedido. Podemos hablar de la política migratoria europea, de la responsabilidad de Marruecos, de la instrumentalización política de las migraciones, del control de fronteras, del derecho de asilo, de las mafias, de las responsabilidades de España o de la Unión Europea. Todas estas cuestiones son importantes. Pero hay otra que quizá resulte más incómoda porque no permite situar el problema exclusivamente en gobiernos, policías o instituciones, sino que nos obliga a mirarnos también a nosotras mismas: mientras unas personas arriesgan la vida para cruzar una frontera, otras cruzamos fronteras para irnos de vacaciones. No es mi intención aventar una culpabilización simplista de quien viaja, pero eso no significa declarar inocente al turismo. Porque viajar no es un acto situado fuera de las relaciones sociales y de las desigualdades que estructuran el mundo, mucho menos cuando viajamos desde sociedades ricas hacia sociedades empobrecidas.
Viajar a través de la desigualdad
La desigualdad de movilidad no puede separarse de una desigualdad económica global extraordinaria. Según el World Inequality Report 2026, el 10% más rico de la población mundial recibe el 53% de toda la renta, mientras que la mitad más pobre de la humanidad debe repartirse apenas el 8%. La concentración de la riqueza es todavía mayor: el 10% más rico posee alrededor de tres cuartas partes del patrimonio mundial, mientras que el 50% más pobre apenas dispone del 2%. Son cifras tan enormes que corren el riesgo de convertirse en abstracciones. Quizá resulte más fácil comprender lo que significan si acercamos la mirada a la frontera que estos días nos ocupa. En 2024, el PIB por habitante de España fue de unos 35.300 dólares; el de Marruecos, situado apenas a unos kilómetros al otro lado del Estrecho, rondó los 4.150, más de ocho veces menor. Y si continuamos hacia el sur, las diferencias se hacen todavía mayores: en Mozambique, por ejemplo, el PIB por habitante no llegó a 660 dólares.
Naturalmente, estos promedios nacionales ocultan enormes desigualdades internas. Hay personas muy ricas en Marruecos y personas pobres en España. El mundo no puede dividirse limpiamente entre países ricos habitados exclusivamente por personas ricas y países pobres habitados exclusivamente por personas pobres, pero esto no elimina la desigualdad entre territorios, simplemente obliga a combinarla con las desigualdades existentes dentro de cada sociedad. Y es sobre ese mundo profundamente desigual sobre el que se despliegan nuestras movilidades.
En este contexto, el turismo tiene una característica singular: pone físicamente en contacto posiciones extraordinariamente desiguales dentro del sistema mundial. Quien sale de España, Francia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido para pasar una semana en Marruecos lleva consigo algo más que su equipaje, lleva una determinada capacidad económica, un pasaporte, tiempo disponible y, sobre todo, la posibilidad de desplazarse y regresar. Su mera presencia hace visible una forma de vida. Quien trabaja en un hotel de Marrakech, sirve una mesa en Agadir, conduce un taxi en Tánger o vende un producto a una persona procedente de Europa en cualquier mercado no necesita consultar las estadísticas internacionales de desigualdad para saber que existen lugares desde los que millones de personas pueden permitirse viajar miles de kilómetros simplemente para descansar unos días, por placer, como solemos decir.
De este modo, el turismo funciona como una suerte de efecto llamada. No en el sentido simplista con el que esta expresión suele utilizarse en el debate migratorio, como si bastara una determinada política de acogida para desencadenar automáticamente movimientos de población, sino en un sentido mucho más profundo: el turismo hace visible la desigualdad y, al hacerla visible, alimenta inevitablemente la comparación entre vidas posibles.
Marruecos constituye un ejemplo extraordinario. En 2024 recibió 17,4 millones de visitantes y en 2025 casi 20 millones, la mayoría procedentes de Europa. Personas francesas, españolas, británicas, alemanas, italianas, belgas o neerlandesas atraviesan cada año hacia el sur una frontera que las políticas europeas intentan hacer cada vez más difícil de atravesar hacia el norte.
La contradicción resulta imposible de ignorar: Marruecos desarrolla políticas para conseguir que cada vez más personas procedentes de Europa crucemos su frontera; Europa desarrolla políticas para conseguir que determinadas personas que se encuentran en Marruecos no crucen la nuestra. En una dirección llamamos al movimiento turismo y lo estimulamos; en la otra lo llamamos presión migratoria y tratamos de contenerlo.
Ambas movilidades responden a situaciones distintas, pero precisamente por eso su coexistencia resulta tan reveladora. Quien llega a Marruecos con un pasaporte europeo demuestra, mediante el hecho aparentemente banal de estar allí, que pertenece a un mundo en el que atravesar fronteras puede ser una elección recreativa. Quien observa esa movilidad desde una posición económica mucho más precaria puede preguntarse legítimamente por qué esa libertad funciona únicamente en una dirección.
La responsabilidad de quien viaja
Llegados a este punto resulta inevitable preguntarse por la dimensión moral del turismo. No para concluir que viajar por placer sea en sí mismo una práctica inmoral. Viajar puede significar descanso, conocimiento, encuentro, curiosidad por otras culturas y ampliación de nuestros horizontes; hay algo profundamente humano en el deseo de conocer otros lugares. Pero reconocer el valor potencial del viaje no significa considerarlo moralmente neutro. Como cualquier práctica voluntaria que consume recursos, produce impactos y se desarrolla dentro de relaciones profundamente desiguales, también el turismo debe someterse a una pregunta elemental: ¿qué responsabilidades se derivan de nuestra decisión de viajar?
La cuestión es especialmente relevante porque el viaje turístico es, por definición, una movilidad fundamentalmente electiva. No valoramos de la misma manera el desplazamiento de quien huye de una guerra, busca trabajo, necesita reunirse con su familia o pretende mejorar unas condiciones de vida insoportables que el de quien toma un avión para pasar unos días de vacaciones. Precisamente porque este último desplazamiento es más prescindible, disponemos de un margen mayor para preguntarnos por sus consecuencias: por las emisiones que generamos, por los recursos que consumimos, por nuestra contribución al encarecimiento de la vivienda o a la turistificación de determinados territorios, por las condiciones laborales precarias que sostenemos con nuestro consumo y, en general, por la huella que dejamos en los lugares que visitamos.
Pero en un mundo caracterizado por enormes desigualdades existe una dimensión moral todavía más profunda: viajar por placer constituye una capacidad extraordinariamente mal repartida. Para hacerlo no basta con tener dinero, hace falta disponer de tiempo, seguridad y, sobre todo, de un pasaporte que permita atravesar fronteras. Quien viaja desde Europa hacia Marruecos o hacia otros países africanos lleva consigo, aunque raramente sea consciente de ello, todos esos privilegios, que vivimos como si fueran derechos naturalmente disponibles para cualquier persona. Por eso, la pregunta no es si somos buenas o malas personas cuando nos subimos a un avión rumbo a Marrakech, Dakar o Zanzíbar. La pregunta es qué obligaciones se derivan de saber que nuestra capacidad de hacerlo depende de una posición extraordinariamente favorecida dentro del sistema mundial. La culpa nos invita a juzgar a cada persona; la responsabilidad nos obliga a pensar nuestra relación con las estructuras de las que formamos parte.
Y la responsabilidad debería aumentar con nuestra capacidad de elección. Cuantas más alternativas tenemos, más razonable resulta preguntarnos por las consecuencias de nuestras decisiones. Podemos viajar menos, permanecer más tiempo en los lugares en vez de acumular escapadas, utilizar medios de transporte menos contaminantes cuando sea posible, evitar destinos sometidos a una presión turística insoportable, consumir de manera que una mayor parte de nuestros gastos permanezca en las comunidades que visitamos. Son decisiones importantes, aunque ninguna de ellas resuelva por sí sola las contradicciones estructurales del turismo.
Porque hay una contradicción que ninguna forma de turismo responsable puede eliminar. Quienes poseemos determinados pasaportes hemos naturalizado nuestra libertad para atravesar fronteras, considerando perfectamente razonable poder viajar a otros países por el simple deseo de conocerlos, descansar o disfrutar de ellos. Y, sin embargo, cuando personas nacidas en esos mismos países pretenden recorrer el camino contrario para trabajar, estudiar o buscar una vida mejor, su movilidad deja de aparecer ante nosotras como un ejercicio de libertad y comienza a ser descrita como un problema de inseguridad.
Esta asimetría debería interpelarnos. Resulta obsceno que el sistema internacional facilite extraordinariamente el movimiento de quien quiere recorrer miles de kilómetros por placer y dificulte hasta extremos mortales el de quien pretende recorrerlos para transformar sus condiciones de vida. Esta es, creo, la prueba moral más exigente que el turismo plantea a nuestras sociedades: la reciprocidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestas a reconocer a las demás personas una libertad de movimiento comparable a la que consideramos natural para nosotras mismas? Este principio no resuelve por sí solo la complejidad de las políticas migratorias ni implica que toda frontera deba desaparecer, pero sí cuestiona una contradicción demasiado fácilmente aceptada: considerar nuestra movilidad una manifestación de libertad y la movilidad ajena una amenaza que debe ser gestionada, contenida o impedida.
Por eso el problema moral del turismo no consiste simplemente en preguntarnos si está bien o mal viajar. Formulada así, la cuestión resulta demasiado pobre. La pregunta verdaderamente esencial es qué significa viajar por placer desde una posición privilegiada en un mundo que niega a millones de personas la posibilidad de desplazarse para mejorar sus condiciones de vida. La pregunta que deberíamos hacernos ante las imágenes de Ceuta no es por qué tantas personas quieren venir a Europa, sino esta otra: ¿cómo no van a querer venir al lugar desde el que nosotras podemos permitirnos ir hasta allí de vacaciones?
El pasaporte como privilegio
Nos hemos acostumbrado a pensar la movilidad como una libertad. Poder desplazarse, conocer otros lugares, estudiar en otro país, trabajar fuera, visitar a familiares o simplemente viajar por placer forma parte de la ampliación contemporánea de nuestras posibilidades vitales. Para millones de personas europeas la pregunta es dónde queremos ir. Consultamos vuelos, hoteles, apartamentos, previsiones meteorológicas; calculamos precios y distancias. Nuestro principal límite suele ser el dinero disponible. Para millones de personas en el mundo, sin embargo, la pregunta es completamente distinta: ¿podré entrar?
Aquí aparece una de las desigualdades fundamentales de nuestro tiempo. Hemos construido un mundo extraordinariamente móvil, pero no un mundo en el que todas las personas puedan moverse. Circulan mercancías, capitales, inversiones, información y flujos turísticos a una escala desconocida en la historia. También circulan las personas, por supuesto, pero no todas bajo las mismas condiciones. Y esta desigualdad puede medirse.
El Henley Passport Index clasifica 199 pasaportes en función del número de destinos a los que permiten acceder sin necesidad de obtener previamente un visado. En julio de 2026, el pasaporte español se encuentra entre los más poderosos del mundo, ya que permite acceder a 186 destinos. En el extremo opuesto se encuentra Afganistán: su pasaporte permite hacerlo únicamente a 22. Ciento sesenta y cuatro destinos de diferencia. No estamos hablando de renta, patrimonio o salario, sino de algo anterior: de las posibilidades que proporciona haber nacido en un país y no en otro.
Un pasaporte europeo es, por eso, mucho más que un documento administrativo, es una extraordinaria reserva de movilidad. Unido a una tarjeta de crédito, constituye algo parecido a un salvoconducto global: acredita ante el mundo que quien llega no representa, en principio, un problema: llega como turista, como persona viajera, como consumidora. Otros pasaportes significan exactamente lo contrario: no abren fronteras, despiertan sospechas. Exigen visados, garantías económicas, cartas de invitación, contratos de trabajo, reservas hoteleras, entrevistas consulares. Y para muchas personas ni siquiera existe una vía razonable para obtenerlos.
Por eso resulta insuficiente decir que vivimos en un mundo globalizado. La globalización no ha abolido las fronteras. Las ha distribuido desigualmente. Para algunas personas, la frontera se ha vuelto casi invisible. Para otras se ha hecho cada vez más alta, más vigilada y más peligrosa.
Para unas, paisaje; para otras, frontera
Esta desigualdad resulta especialmente visible en verano. El Mediterráneo se convierte entonces en escenario de dos movilidades simultáneas. Aviones, cruceros y ferris transportan a millones de personas hacia los lugares donde desean pasar unos días de descanso. A pocos kilómetros, otras personas intentan atravesar ese mismo espacio escondidas en vehículos, hacinadas en embarcaciones precarias o directamente a nado. El mismo mar es para unas personas paisaje y para otras frontera.
Pocas imágenes expresan de manera tan brutal la desigualdad global. No porque quienes viajan por turismo sean necesariamente personas ricas. Muchas familias ahorran durante meses para poder disfrutar de unos días de vacaciones. También dentro de nuestras sociedades el acceso al turismo está profundamente estratificado. Hay quienes pueden recorrer el mundo y quienes apenas pueden permitirse salir de su ciudad. La desigualdad atraviesa igualmente nuestras sociedades. Pero incluso reconociendo esas diferencias, existe un privilegio mucho más básico que compartimos una gran parte de quienes vivimos en Europa: podemos imaginar el desplazamiento como una elección. Y esa posibilidad cambia radicalmente nuestra relación con el mundo. Podemos marcharnos y regresar. Podemos viajar miles de kilómetros sabiendo que, al terminar las vacaciones, podremos volver a casa. Nuestra movilidad es reversible. Precisamente por eso puede ser placentera. Quien viaja por turismo se desplaza sabiendo que conserva un lugar al que regresar.
La experiencia migratoria de quienes estos días han intentado alcanzar Ceuta pertenece a otro universo. Para muchas de esas personas, desplazarse no significa interrumpir temporalmente una vida segura, sino intentar construir otra vida posible. No llevan en el bolsillo la certeza del regreso, sino la incertidumbre del futuro.
Hay algo profundamente revelador en que una persona esté dispuesta a lanzarse al mar para recorrer una distancia que otra atraviesa cómodamente en un ferry. Tendemos a interpretar estos comportamientos preguntándonos qué les impulsa a asumir semejante riesgo. Tal vez deberíamos invertir la pregunta: ¿qué desigualdad tiene que existir para que arriesgar la vida parezca una decisión razonable?
Porque ninguna política migratoria debería permitirnos olvidar este hecho elemental. Las personas comparan vidas posibles. Ven cómo vivimos al otro lado, conocen nuestros salarios, nuestras ciudades, nuestros sistemas educativos, nuestros hospitales, nuestras posibilidades de consumo. Internet y las redes sociales han reducido radicalmente la distancia imaginaria entre sociedades cuyas oportunidades materiales siguen estando separadas por enormes desigualdades. La frontera pretende entonces hacer algo extraordinariamente difícil: mantener próximas sociedades profundamente desiguales y, al mismo tiempo, impedir que las personas reaccionen ante esa desigualdad desplazándose. Es como construir un muro en mitad de un desnivel. Podemos elevarlo, reforzarlo, vigilarlo con cámaras, patrullarlo, externalizar su control a terceros países. Pero mientras permanezca el desnivel, seguirá existiendo la presión por atravesarlo.
Por eso el turismo puede ser contemplado como uno de los grandes indicadores de la desigualdad global. No porque sea su causa principal, sino porque la hace extraordinariamente visible. Los 1.400 millones de llegadas turísticas internacionales registradas en 2024 hablan de un planeta caracterizado por una movilidad gigantesca. Pero quien puede viajar por turismo encarna una de las libertades más desigualmente repartidas del planeta: la libertad de estar temporalmente en otro lugar. Deberíamos hablar menos del «derecho a viajar» y más del privilegio de viajar.
La expresión puede incomodarnos porque estamos acostumbradas a considerar nuestras posibilidades de movimiento como algo normal. Pero precisamente en eso consiste un privilegio: en poder vivir como natural una posibilidad que para otras personas resulta extraordinaria. Nuestro pasaporte no nos parece un privilegio porque casi nunca tenemos que pensar en él. Permanece guardado en un cajón hasta que decidimos viajar. Solo entonces comprobamos que sigue vigente, lo metemos en la maleta y continuamos organizando nuestras vacaciones. Para otras personas, en cambio, el pasaporte, o la imposibilidad de conseguir un visado asociado a él, puede determinar una parte decisiva de su biografía.
Nacer a un lado u otro de una frontera sigue siendo uno de los mayores repartos de oportunidades que existen en el mundo. No elegimos el país en el que nacemos, pero ese azar condiciona nuestra esperanza de vida, nuestra educación, nuestros ingresos, nuestra seguridad y también nuestra capacidad de desplazarnos. En ese sentido, la ciudadanía funciona como una herencia. Y las fronteras administran esa herencia.
Nada de esto proporciona respuestas sencillas a la cuestión migratoria. Los Estados tienen responsabilidades, las sociedades necesitan organizar la convivencia y ninguna política pública puede ignorar los límites, los conflictos o las dificultades reales que acompañan a los movimientos migratorios. Reconocer la desigualdad del derecho a moverse no obliga a defender que las fronteras desaparezcan mañana. Pero sí debería impedirnos hablar de ellas como si fueran simples líneas neutrales que separan territorios. Una frontera es también una institución que distribuye posibilidades vitales.
El mundo no es plano
Este agosto, mientras millones de personas europeas atravesamos fronteras preguntándonos dónde comeremos, qué visitaremos o cómo estará el tiempo, otras personas se han lanzado al agua frente a Ceuta preguntándose si conseguirían llegar vivas a la otra orilla. Unos movimientos aparecen en las estadísticas como turismo. Otros aparecen como presión migratoria. Quienes viajan por turismo son recibidos con campañas publicitarias que les invitan a venir. Frente a quienes intentan migrar se levantan vallas, cámaras, policías y sistemas de vigilancia para impedirles hacerlo. A unas personas les preguntamos cuánto tiempo piensan quedarse. A otras, por qué han venido.
Hace ya dos décadas Thomas L. Friedman popularizó la imagen de un «mundo plano» para describir una globalización que parecía estar derribando barreras, acortando distancias y multiplicando las posibilidades de interacción entre lugares cada vez más conectados. Pero basta observar cómo nos movemos realmente por ese mundo para descubrir hasta qué punto la metáfora resulta engañosa. El mundo no es plano, al menos, no lo es para todas las personas.
Como ya hemos dicho, para quienes disponemos de determinados recursos económicos y de determinados pasaportes, buena parte del planeta se ha vuelto efectivamente más plana. Las distancias se han reducido, las comunicaciones se han abaratado y numerosas fronteras prácticamente han desaparecido. Podemos desayunar en Bilbao y cenar en Marrakech, pasar un fin de semana en Roma o cruzar media Europa sin mostrar siquiera un documento de identidad. La combinación de dinero, infraestructuras de transporte y ciudadanía convierte el espacio en algo relativamente fácil de atravesar. Pero esa experiencia particular de la globalización corre el riesgo de ser confundida con una condición universal. Para millones de personas el mundo continúa estando lleno de obstáculos. Una misma distancia geográfica puede constituir para unas personas unas pocas horas de avión y para otras una sucesión de visados imposibles, controles policiales, desiertos, vallas, embarcaciones precarias y riesgo de muerte.
La globalización no ha aplanado el mundo, sino que ha distribuido de manera profundamente desigual sus pendientes. Ha facilitado extraordinariamente determinadas movilidades -las del capital, las mercancías, el turismo o quienes poseen los pasaportes adecuados- mientras mantiene o incluso levanta obstáculos frente a otras. El Estrecho de Gibraltar constituye una representación casi perfecta de esa geografía desigual. Sus catorce kilómetros no miden lo mismo en las dos direcciones. Para una persona española que viaja a Marruecos por turismo son una distancia trivial, unas vacaciones cercanas, accesibles, incluso exóticas. Para muchas personas que intentan recorrer el camino inverso pueden convertirse en una de las fronteras más difíciles del mundo.
Por eso el turismo resulta un indicador tan revelador de la desigualdad global. Nos permite comprobar que la verdadera distancia entre dos lugares no se mide únicamente en kilómetros. Se mide también en renta, ciudadanía, pasaporte, visados, medios de transporte y capacidad para decidir cuándo marcharse y cuándo regresar. Desde esta perspectiva, la imagen adecuada para nuestro tiempo no es la de un mundo plano, sino la de un mundo inclinado: un espacio por el que algunas personas pueden desplazarse con extraordinaria facilidad mientras otras tienen que avanzar contra pendientes cada vez más pronunciadas.
Y ninguna imagen permite comprenderlo mejor que la de este verano: personas procedentes de Europa viajando hacia el sur por turismo mientras, simultáneamente, otras personas se juegan la vida intentando llegar hacia el norte. Se mueven por el mismo mundo, pero no se mueven por el mismo mapa.
Conviene recordar esta contradicción cuando volvamos a escuchar que vivimos en un mundo caracterizado por la libertad de movimiento. Nunca hubo tantas personas viajando por el planeta, pero no deberíamos confundir un mundo lleno de turistas con un mundo en el que exista un derecho igual a viajar. Porque una de las fronteras más profundas de nuestro tiempo no separa simplemente países, separa a quienes pueden cruzarlas de quienes pueden morir intentándolo.