La Fiscalía admite a trámite la denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el vertedero de Oyón
La Fiscalía de Álava ha admitido a trámite la denuncia presentada en diciembre por Podemos y la asociación ciudadana EKI por presuntos delitos cometidos en el proyecto del nuevo vertedero Oyín, en el que los denunciantes aprecian un intento “privatización encubierta”. Los detalles del caso fueron publicados en este periódico el pasado año. Se analizan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y coacciones y amenazas a un funcionario público.
La denuncia considera que en este proceso se habrían realizado “amenazas, contratos opacos y un evidente daño al entorno, al medio ambiente y al tejido social”, así como “el desvío de un millón de euros de fondos públicos a manos privadas”, según ha insistido Podemos, informa Europa Press. La secretaria de Organización del partido, Leticia Jiménez, ha confiado en que la admisión a trámite de esta denuncia “sea sólo el primer paso” porque es un asunto “de una gravedad extrema y que puede afectar al patrimonio público, a la salud del entorno y al propio funcionamiento democrático de las instituciones”.
“Estamos muy satisfechas porque la Fiscalía nos ha dicho, con esta decisión, que nuestra demanda cumple con los requisitos legales necesarios y que, efectivamente, hay base para ponerse a trabajar investigando lo que para nosotras es un evidente escándalo”, ha añadido. No obstante, este paso ni prejuzga los hechos ni siquiera comparta la apertura de una causa penal, ya que solamente si se aprecian indicios se elevará el asunto a una plaza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria.
Podemos, en todo caso, ha subrayado la necesidad de garantizar “la transparencia y el respeto institucional”, así como el mantenimiento de “un entorno saludable y seguro”. Según los indicios que los denunciantes han puesto en manos de la Fiscalía, en la operación sobre el vertedero de Valdeaguilar “se ha desviado en torno a un millón de euros públicos hacia intereses privados”, y se ha actuado “ilegítimamente” para favorecer a una empresa concreta “mediante decisiones arbitrarias y contratos irregulares”.