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Podemos denuncia por tres delitos a Joseba Fernández Calleja, expresidente de la Rioja Alavesa del PNV

Un camión de Paprec

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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A PNV de la Rioja Alavesa le ha llegado la segunda denuncia en la Fiscalía en menos de una semana. Si este viernes EH Bildu denunció por la presunta comisión de dos delitos al alcalde de Laguardia, Raúl García Ezquerro, este martes Podemos ha acusado de “prevaricación, malversación y tráfico de influencias” al expresidente de la cuadrilla (el Gobierno comarcal) Joseba Fernández Calleja, a su vez alcalde de Cripán y también nacionalista. Lo vincula con irregularidades en el vertedero de Oyón, un proyecto reactivado ahora y vinculado a la empresa EcoReinares, del grupo francés Paprec.

Según el escrito de denuncia, del que ha dado cuenta la secretaria de Organización de Podemos en Euskadi, Leticia Jiménez, y al que ha tenido acceso este periódico, Fernández Calleja habrá dictado resoluciones “manifiestamente injustas” en expedientes sobre el vertedero y “dirigidas a modificar ilícitamente la situación jurídica” del proyecto (prevaricación), habría causado un “grave perjuicio” a las arcas de la cuadrilla de la Rioja Alavesa de “como mínimo” 1 millón y que a su vez procedían de dinero de la Diputación o del Gobierno vasco (malversación de caudales públicos) y habría ejercido “influencia” en “funcionarios o autoridades” para ofrecer un “beneficio económico o ventaja indebida” a EcoReinares (tráfico de influencias). Se recuerda que las instalaciones originariamente eran de la cuadrilla, públicas, y que ahora pasarían a manos de Paprec.

La denuncia incorpora, asimismo, una mención a las presuntas “coacciones” o “amenazas” por parte de un responsable de EcoReinares al secretario-interventor municipal de Oyón, que emitió un informe desfavorable del proyecto. Este periódico, en primavera, contó que ese dictamen dejaba claro que “no se cumplen las condiciones” para tramitar el proyecto por las “deficiencias detectadas” en la memoria presentada. Según se exponía, no se concretaba exactamente el tamaño de la instalación -hay cifras contradictorias tanto de extensión como de capacidad-, no se contemplaba el impacto del tránsito de camiones que generará en el pueblo el vertedero -que se añade al de los tractores durante la vendimia- y se habíancalculado mal los impuestos. Al término de un pleno, el empresario, Javier Martínez de Tejada, tomó la palabra y cargó con dureza contra el secretario-interventor y precisamente le acusó a él de amenazas. Según Podemos, fueron “presiones, coacciones o amenazas orientadas a condicionar el ejercicio de sus funciones públicas”.

“Tras más de un año de seguimiento de este caso, damos este paso en defensa de la ciudadanía, porque estamos convencidas de estar ante una operación opaca y grave, en la que presuntamente se han desviado casi un millón de euros de dinero público para ponerlo en manos de una empresa privada mediante decisiones arbitrarias”, ha explicado Podemos. A juicio de esta formación, el plan está “lleno de irregularidades que afectan a la salud del entorno, a la calidad democrática de las instituciones y a la propiedad pública”. La denuncia incluye también una serie de medidas cautelares, como la paralización del expediente o la intervención de documentación para evitar que se destruyan pruebas, si bien el efecto se ha perdido al hacerse pública con una nota de prensa la existencia de esta petición.

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