La Justicia está engrasando ya la maquinaria para analizar los recursos de los servicios jurídicos del Gobierno vasco a las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la autorización concedida por la ahora consejera del PNV, Amaia Barredo, al proyecto Valogreene Paper de Bergara cuando era viceconsejera de Arantxa Tapia, en 2022. Según explican fuentes judiciales, en al menos tres de los casos el Superior ya ha realizado los trámites preparatorios para enviar el asunto en casación al Supremo, que tendrá la última palabra.
El asunto Valogreene Paper tiene su origen en un proyecto de valorización de residuos planteado en la localidad guipuzcoana de Bergara y lanzado por la compañía Greene Waste to Energy. Inicialmente, contó con los parabienes urbanísticos del Ayuntamiento, de EH Bildu, pero después cambió de opinión al entender que el proyecto había variado sustancialmente. Eso sí, el Gobierno autonómico siguió con el expediente y avaló el plan. La firma la estampó, en última instancia, la ahora consejera Barredo.
Por motivos ambientales muy variados aunque coincidentes en lo básico, la búsqueda de la paralización del proyecto, se presentaron hasta cuatro recursos en lo contencioso-administrativo contra la luz verde ambiental. Y todos ellos han sido resueltos de forma favorable a los demandantes o, lo que es lo mismo, han anulado la resolución de Barredo. Los recurrentes son el propio Ayuntamiento, la secretaria municipal, Ekologistak Martxan y un particular.
El recorrido judicial del caso no ha quedado ahí. Hubo una causa penal por los mismos motivos tras una denuncia de la Fiscalía que acabó en el Superior, en la sala de lo civil y de lo penal, por la nueva condición de aforada adquirida por Barredo en 2024 al entrar al gabinete de Imanol Pradales. Este proceso se inició en un juzgado de Vitoria y cuando Barredo saltó de viceconsejera a diputada foral. Ella no informó de la causa contra ella ni al diputado general, Ramiro González, ni a su partido en Álava, entonces dirigido por José Antonio Suso. Pero esta pieza quedó archivada. Igualmente, la empresa promotora demandó a Bergara por lo contencioso-administrativo y le ganó, es decir, en primera instancia consiguió que la Justicia le afeara el cambio de opinión. Ahora volverá a pronunciarse el Superior.
En el caso de los cuatro contenciosos, el Gobierno vasco desea que el Supremo revoque la sentencia anulatoria. La normativa procesal exige que haya una fase “preparatoria” previa al recurso como tal, y eso es precisamente lo que se está resolviendo ahora. Una sala del Superior ha entendido que, formalmente, el Ejecutivo autonómico ha cumplido los requisitos para que se pronuncie el alto tribunal, al menos en las tres resoluciones notificadas de las que tiene constancia este periódico. Las partes, en todo caso, volverán a defender sus argumentos contrarios a Valogreene Paper.
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