La recaudación del impuesto de sociedades se desploma en Euskadi por primera vez desde la pandemia ¿Crisis o deducciones?

La última reunión del Consejo Vasco de Finanzas en el que se han marcado las previsiones de recaudación de las Haciendas forales para este año y el año que viene ha puesto sobre la mesa un dato significativo: la fuerte caída en la recaudación por Impuesto de Sociedades, ese que pagan las empresas cuando tienen beneficios. Los ingresos por este concepto se han reducido un 14,26% respecto a lo que se recaudó en 2024. Es decir, 248,66 millones de euros menos. Llama la atención este dato, no sólo por el elevado porcentaje del desplome, sino porque es la primera vez que cae la recaudación de este tributo desde la pandemia, un momento en el que muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas y, por lo tanto, no tuvieron beneficios, sólo pérdidas. Además, se aprobaron por parte de las Haciendas importantes deducciones para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en la economía empresarial. Una situación que, a priori, parece muy diferente a la actual.

Al cierre de 2025 las Haciendas forales tienen previsto recaudar por Impuesto de Sociedades un total de 1.491 millones de euros, frente a los 1.739 millones que se recaudaron el año anterior. Las previsiones para 2026 no mejoran mucho, aunque se esperan cifras positivas para 2026. Apenas un incremento de un 3% con 58 millones más de ingreso. La serie histórica obliga remontarse a las peores crisis económicas para encontrar cifras negativas en la recaudación de este impuesto. Por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, en el año 2020, el del confinamiento, la recaudación por este tributo cayó un 20%, por encima de la caída del 14% actual, pero hay que tener en cuenta que las empresas estaban primero cerradas en su mayoría y después inmersas en grandes dificultades para poder vender o exportar sus productos y sus empleados mayoritariamente en ERTE. El año anterior, en 2019, también se había registrado un valor negativo, con una caída de recaudación del 11,7% -inferior a la de este año 2025-. En los años desde 2014 hasta 2016 también disminuyó la recaudación por Impuesto de Sociedades: un 4,7% en 2014, un 10,4% en 2015 y un 3,5% en 2016. Ejercicios en los que todavía se dejaban ver las consecuencas de la crisis que arrancó en alrededor de 2008. Y desde 2021 hasta este año, el balance del cierre de año siempre ha sido positivo. Hasta ahora. ¿A que se debe esa caída?

La primera mirada lleva a justificar el descenso de la recaudación por la situación de crisis en la que están inmersa en estos momentos las empresas vascas, en su mayoría altamente exportadoras, y afectadas por la situación de incertidumbre internacional cuyas consecuencias está reduciendo los márgenes de las compañías. Hay que tener en cuenta que el Impuesto de Sociedades grava los beneficios empresariales, es decir, lo que ganan las empresas, el 24% de esas ganancias para las grandes empresas y el 20% para las pymes. La otra mirada está también unida a la situación de crisis, pero lleva a poner el foco en las deducciones con las que las Haciendas vascas, con potestad para legislar sobre este impuesto, minoran, en principio, el pago de este impuesto con el objetivo de favorecer la continuidad de las empresas y el mantenimiento de los empleos. Esto lleva a que hay empresas que aunque tengan beneficios pagan mucho menos del importe que les correspondería porque se descuentan inversiones determinadas que se pueden deducir, que van desde la creación de empleo a la compra de tecnologías limpias, inversiones en transporte sostenible, en I+D o en tecnología. La cuestión de hasta qué punto debe suavizarse este impuesto es ya un tradicional caballo de batalla de todas las reformas fiscales que se han llevado a cabo en Euskadi.

“Estamos en un momento que no es fácil para la economía a nivel global y se nota en las cuentas de resultado de las empresas”, decía el diputado general de Álava Ramiro González, cuando se le preguntaba por la caída del Impuesto de Sociedades en la comparecencia tras el Consejo Vasco de Finanzas. “Tenemos que apoyar de forma especial a la empresa en estos momentos porque creo que nos estamos jugando en el futuro de Euskadi”, afirmaba. “Es un momento crucial en el que todas las medidas que tenemos previstas en nuestra normativa fiscal, todas las deducciones para generar empleo de calidad todas las deducciones que tenemos para que nuestras empresas inviertan y sean más innovadoras todas las ayudas que tenemos para que aborden ese reto de transición energética son más necesarias hoy que nunca. Estamos en un contexto internacional complejo cuyas afecciones las estamos viendo en esa moderación de beneficios”, ratificaba la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Son muchos los sectores importantes para la economía vasca -desde la siderurgia, la automoción, o el vino- los que se están resintiendo de un panorama internacional absolutamente imprevisible desde que arrancó la guerra de Ucrania, y que ha agudizado la crisis también en muchos de los países receptores de las exportaciones vascas, como es el caso de Alemania y Francia. Y en breve, se empezarán a notar también los efectos de los aranceles impuestos por Donald Trump para la exportación a Estados Unidos, que ha puesto patas arriba el panorama comercial mundial. A principios de este mes los empresarios vizcaínos agrupados en Cebek certificaban en una encuesta que casi el 30% de ellos preveía cerrar este año con un dato de facturación peor al previsto inicialmente. Este es el porcentaje más elevado desde la pandemia, lo que da idea de cómo se extiende el pesimismo entre el sector empresarial.

Lo cierto es que hay varios ejemplos de cómo ese momento complicado para las empresas, con caída de ventas y, por lo tanto, de resultados y beneficios se ha trasladado a la plantilla en forma de despidos. Por ejemplo, Bridgestone, en Basauri, con un ERE que afectó a 232 trabajadores. Unas salidas que la empresa fabricante de neumáticos justificó por la “compleja situación del mercado, junto con estos cambios estructurales que hacen necesario un ajuste de la capacidad productiva para poder competir en un entorno cada vez más exigente”. Pocas semanas después Serveo, una subcontrata que trabajaba para Bridgestone despedía a 14 trabajadores. Recientemente Maderas de Llodio ha propuesto el despido de 39 trabajadores, y de este mismo año son los 171 despidos y el cierre de Guardian en Llodio, o los despidos en Stadler, ubicada en Oñati. O empresas que han entrado en concurso de acreedores acuciadas por el endeudamiento, como es el caso de Astilleros Balenciaga, que se ha autorizado la venta a un consorcio que conforman Abu Dhabi Port Group y Premiere Marine, o el Grupo Ternua, para el que también se ha autorizado ya la venta de dos de sus divisiones, la propia Ternua, y Loreak Mendian.

Pero lo cierto es que, pese a estos casos, el mercado de trabajo en Euskadi está resistiendo mejor que en otras crisis, se sigue creando empleo y se está en récord de afiliados a la Seguridad Social. Y es en estos datos de empleo a lo que se aferran las instituciones para defender una fiscalidad que favorezca a las empresas. El problema es cuando esta fiscalidad para impulsar la inversión empresarial “acaba dejando la carga fiscal en los trabajadores”, a través de impuestos directos como el IRPF e indirectos como el IVA, que son los que crecen en recaudación, a diferencia de Sociedades, como denuncian desde la oposición, partidos como EH Bildu, o sindicatos como ELA, que piden desechar la última revisión fiscal aprobada por PNV y PSE-EE con el apoyo de Elkarrekin, y abordar una “reforma en profundidad”. “Es ”imprescindible acometer una reforma fiscal de calado“, porque el incremento de recaudación se produce ”a costa“ de la aportación de los trabajadores a través del IRPF y el IVA, decía este pasado jueves la apoderada EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia Arantza Sarasola, que criticaba, además, que la revisión fiscal aprobada con Elkarrekin ”no ha querido tocar los intereses de quienes más beneficios tienen“. También desde EH Bildu en Gipuzkoa se criticaba que los datos muestran que ”10 de cada 100 euros recaudados por las Haciendas en 2024 fueron a través del impuesto de Sociedades y la previsión es que, este año, sean 7 de cada 100“. ”Es evidente que existe un problema estructural en el sistema fiscal de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, debido al desequilibrio existente entre las aportaciones de los trabajadores y las empresas con beneficios y/o de los ricos“.

En la misma se manifiesta el sindicato ELA, que en el informe de fiscalidad que publica cada ejercicio, lleva años criticando que la presión fiscal que tienen las empresas vascas es muy baja. ELA denuncia que con una caída de un 14% de la recaudación en Sociedades, “únicamente 7 euros de cada 100 van a provenir del impuesto de sociedades”. “El peso de la recaudación sigue recayendo en las rentas del trabajo y el consumo, ya que IRPF e IVA son los dos impuestos que más crecen, mientras las grandes empresas y patrimonios reducen su contribución real”, ha advertido. “La clase trabajadora sostiene el sistema fiscal, mientras las empresas se benefician de deducciones, exenciones y rebajas impositivas que erosionan la capacidad recaudatoria de las haciendas vascas”.

El sindicato además, asegura que el descenso de recaudación “no puede justificarse por una supuesta crisis empresarial”, porque “la economía vasca sigue creciendo, el empleo se mantiene estable y muchas compañías han registrado beneficios notables”. “La aportación empresarial al sostenimiento de los servicios públicos es cada vez menor, incluso en un escenario de expansión económica”, dicen.

Considera además que la reforma fiscal aprobada “agravará esta situación”, sobre todo cuando las propias instituciones han reconocido que la recaudación se reducirá en más de 300 millones de euros anuales como consecuencia de los cambios introducidos. “Esta pérdida se suma a una realidad ya preocupante: la presión fiscal en Euskadi sigue por debajo de la media europea y sería necesario recaudar más de 7.000 millones adicionales al año para equiparar la presión fiscal de Euskadi a la de los países del entorno”, ha asegurado. Por ello, ha exigido “la eliminación de exenciones y beneficios injustificados que favorecen a las grandes empresas, la implantación de un tipo mínimo efectivo real del 25% en el Impuesto de Sociedades, medidas contundentes contra el fraude y la elusión fiscal empresarial y un reparto justo de la carga fiscal, en el que quienes más tienen contribuyan más”.