Educación sancionó con 140.000 euros a una ikastola concertada de Zarautz, Salbatore Mitxelena, por irregularidades en la admisión de estudiantes cuando ya estaba en vigor el plan de reparto de alumnado vulnerable en Euskadi, criticado por esta red de centros privados públicamente al entender que al ceder plazas para estudiantes de otras procedencias para no saturar más la red pública dejaban fuera a estudiantes aparentemente suyos. Según se conoció en enero, la sanción causó malestar en la comunidad de la ikastola guipuzcoana.
Este lunes, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado la “complicidad escandalosa” del Departamento de Educación con estas irregularidades en la matriculación y ha pedido explicaciones a la consejera, Begoña Pedrosa, informa Efe. Hernández ha explicado que según la documentación que han recabado la Inspección Educativa actuó en dos ocasiones correspondientes a dos cursos, el de 2023/2024, el primero con el sistema de cupos, y el 2024/2025, el curso actual.
En 2023, tras una primera negativa del centro de que hubiesen matriculado a más alumnos en las aulas de la etapa de Infantil de los que se permite por ratio, la Inspección comprobó que eso no era cierto y que efectivamente se superaba el tope de niños. Sumar ha señalado que en esa ocasión la actuación de la Inspección educativa terminó en la comprobación, sin conllevar ninguna sanción. La sanción de 140.000 euros llegó un año después, cuando los inspectores volvieron a pasar por el centro. Se repitió la primera negativa de la ikastola de que hubiese irregularidades, que posteriormente fueron corroboradas por los inspectores, que esta vez concluyeron el expediente con una sanción económica que, según el parlamentario de Sumar, se circunscribe a lo ocurrido en los dos cursos.
“El Gobierno vasco está diciendo a los centros concertados que se pueden saltar la norma y que eso no tiene consecuencias. Habla permanentemente de que se vuelva al pacto educativo e incumple la norma”, ha advertido. Ha considerado que la matriculación irregular es muy grave y que podría incluso conllevar la retirada del concierto. “Aquí hay un sistema de matriculación para el conjunto del alumnado y esto genera privilegios. Cuando se concierta los colegios deben cumplir las obligaciones, pero en este caso lo que nos preocupa es que se cumpla la norma, más allá del debate de si corresponde quitar el concierto o no”, ha dicho Hernández.
Una vez conocida la multa, la ikastola puso en marcha “acciones recaudatorias” para pagarla y pidió que se flexibilizase la Ley de Educación de 2023 en lo relativo a las matrículas. Explicó que la razón por la que se permitió la matriculación de esos alumnos fue que había más escolares para ese curso en el municipio y la referencia del curso anterior para baremar no se ajustaba a esa realidad.
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