Periodismo, servicio público y viceversa

Su cualidad de servicio público es uno de los factores esenciales del periodismo, uno de los que hacen que merezca la pena y que deba ser defendido. Eso, más allá de que proliferen los ejemplos de mala praxis en la profesión –y con el caso de Maricarmen hemos sido testigos de buenas dosis de ella–.

Estos días te hemos hecho llegar, modestamente y hasta donde alcanzamos, dos muestras muy distintas de lo que digo.

Alguien puede considerar la primera más anecdótica, pero si te paras a pensar no lo es tanto. El pasado viernes coincidieron dos hechos: se instaló en la plaza de España de Zaragoza la acampada del Sindicato de Inquilinas y, al mismo tiempo, entró en vigor la ordenanza cívica aprobada por el Gobierno del PP en Zaragoza. Una normativa que, entre muchas otras cuestiones, sanciona el pernoctar en la vía pública. Entonces nos preguntamos una cosa: ¿cómo podía afectar a quienes protestaban con tienda de campaña?

Entonces buscamos en el Boletín de la Provincia –fuente oficial– el documento aprobado y descubrimos algo: pese a que la alcaldesa anunció que las multas precisamente por dormir en calles y parques –una medida del PP contra el sinhogarismo– no serían tan severas como se planteó en un principio, el texto que se publicó recogía el castigo máximo, con hasta 3.000 euros. ¿Qué había pasado? Hicimos consultas: ni en el equipo de gobierno ni en la propia oposición parecían estar al tanto. El lío estaba montado.

Un rato más tarde, fuentes municipales confirmaron el error y aseguraron que ya había salido una corrección para publicar en el BOPZ. Hasta entonces, sin embargo, lo que prevalecía era lo aprobado en el pleno. Pero ¿qué se había aprobado? Hasta el momento, no está claro con certeza –aquí tratamos de explicarlo, no sé si con éxito– porque hay puntos claves que permanecen en la sombra. Sí se sabe que el error se produjo tras una comisión de Presidencia en julio. Y también ha confirmado la Diputación de Zaragoza que la corrección se publicará el viernes, con lo que –salvo recurso, que no es descartable– la sanción volverá a ser leve desde entonces.

La cuestión es: ¿qué hubiera pasado si nadie se da cuenta? Es un pequeño motivo de orgullo pensar que desde aquí ayudamos a acelerar su esclarecimiento.

El otro caso de estos días que quería trasladarte es seguramente más serio e implica prácticas que, al margen de sus posibles implicaciones legales, desprenden muy mal olor. Se trata de las cuatro macrogranjas que promueve una firma agroalimentaria en Codo, en Campo de Belchite. Tres de ellas se ubican en parcelas de la familia del alcalde, el diputado nacional del PP Raúl Cuevas. Gran parte se sitúan en suelo catalogado y de alto valor ecológico. Y en un pueblo donde los vecinos no tienen agua potable desde hace tres años por la contaminación del acuífero. Si es que el caso lo tiene todo.

Habrás visto que hemos insistido mucho con este asunto en los últimos días, pero creo que debíamos hacerlo. En el PP han guardado silencio, y cuando les hemos forzado a manifestarse han argüido que no hay noticia: todo surge, aseguran, por la cercanía de las elecciones. En mayor o menor grado, toda la oposición ha criticado los hechos: incluso Vox.

Gran parte de los vecinos, como es normal, se muestran muy críticos con el alcalde, que encima no sufre las restricciones en el consumo de agua dado no vive ahí. 

Verás que ni he mencionado hasta ahora el motivo por el que se destapó el escándalo: Cuevas participó en la tramitación de los proyectos de macrogranjas y en la aprobación plenaria de septiembre. Advertido por un informe de la secretaria, dio marcha atrás y el pleno volverá a votar sin él –seguirá teniendo mayoría–. Pero es que, más allá de la cacicada, este hecho me parece anecdótico en comparación con el resto de la polémica.

Cuarte de Huerva: récord de escándalos

Lo que te cuento a continuación encajaría también en lo que te he relatado al principio de este post, pero lo que está sucediendo en Cuarte de Huerva merece un capítulo aparte.

No te hablo solo de la última noticia que publicamos sobre el Gobierno que encabeza la popular Elena Lacalle, aunque es quizás la potencialmente más grave ya que afecta a un particular. Se trata del trabajador municipal que ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento por un presunto acoso laboral atribuido la alcaldesa. Relata en su escrito episodios de presiones para tratar de influir en instrucciones con el objetivo de conseguir resultados alineados con los intereses del equipo de gobierno, pero también gritos y trato vejatorio. Sin presuponer nada, la situación merece muchas más explicaciones por parte de un cargo público que los monosílabos con los que la regidora contestó a este periódico cuando se le cuestionó al respecto.

Pero es que con el Gobierno del PP en Cuarte, el municipio con la renta per cápita más alta de Aragón, llueve sobre mojado. Atrás quedaron los tiempos del auténtico 'boom' con el fallecido Jesús Pérez (PAR), cuando –fuera de las inevitables tiranteces– el municipio apenas registró sobresaltos. 

Ahora hay líos con las cuentas, con el elevado salario de la propia alcaldesa, con los opíparos banquetes organizados, con los viajes gratis para la tercera edad –ecos de María Victoria Pinilla–, con dinero público para misas al aire libre y, ahora, también con suciedad en la escuela infantil. Un récord difícil de superar en algo más de tres años.